Ibáñez hizo oficial su renuncia este lunes, tras días de presión de la ciudadanía que exigía que se aparte de su cargo en la Cámara de Diputados.

“Gracias a mis amigos y compañeros que me dieron su confianza y amistad, les agradezco profundamente, sin embargo es hora de dar un paso al costado y no seguir alargando una agonía que genera inestabilidad, que daña la institucionalidad de la Cámara de Diputados y del País”, escribió Ibáñez en su página oficial de facebook.

Dijo que presentó su renuncia al cardo de diputado “con el mayor gesto de humildad”.

“Pido disculpas a la ciudadanía que se sintió ofendida por mi caso, pero mi salida no impedirá que siga trabajando al servicio de la gente más necesitada”, manifestó.

Resaltó que este paso lo da serenamente con el espíritu de pacificar los ánimos y recuperar la armonía social y la estabilidad institucional. Afirmó que esto es necesario para que nuestro país siga avanzando en la agenda pública, centrada en los grandes problemas nacionales.

Subrayó que en su agenda personal y política, “siempre está al servicio de la gente” y que desde su hogar o desde la lucha en las calles, estará siempre a lado de las personas que confiaron en él.

La ‘guerra’ de quiénes se oponen a cambios en la estructura de baños de lugares públicos, verificó un episodio en torno al foro de la Organización de Estados Americanos, que se desarrolla en nuestro país.

El que inició la escaramuza en las redes sociales sobre el asunto fue el exsenador Arnoldo Wiens, quien agarró la bandera de los que se oponen al intento de cambiar las pautas, en nombre de la inclusión.

El político se hizo eco de la habilitación del sanitario unisex para los que no consideran necesario realizar diferencias entre unos y otras.

“¿Neutros? Ni Fu ni Fa. ¿Ha upéi? Aquí en Paraguay, normalmente tenemos baños para Damas y Caballeros / Femenino y Masculino”, disparó Wiens en sus cuentas sociales, con lo que desató el apoyo de unos y la reprobación de otros.

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El tema del baño neutro es una de las tantas “batallas” que apuntan a instalar organizaciones que sostienen la cuestión de género como foco prioritario de sus políticas.

Además de ese aspecto, la militancia de esa ideología tiene en su agenda, el lenguaje inclusivo, por el que pretende imponer términos y palabras neutras, como una forma de unificarlas sin hacer mención al género.

El presidente saliente de la Comisión de Cuentas y Control, el senador Dionisio Amarilla, explicó que la audiencia pública servirá para analizar y corregir cuestiones que pudieran generar percepciones no deseadas.

Se invitará a miembros de las organizaciones no gubernamentales (ONG), representantes de la abogacía y de la contraloría.

“Escuchamos al proyectista que es el senador Gustavo Leite, nos comentó que lo que se busca es transparentar la aplicación y uso de fondos, aspiración que no lo vemos con una visión de contralor que busca callar voces críticas como dicen algunos, por eso queremos interactuar entre la clase política y quienes objetan el proyecto de Ley durante una audiencia pública”, indicó Amarilla.

En otro momento, el senador Amarilla comentó que se buscará que las ONG también remitan sus rendiciones de cuenta al Congreso. “Esta corriente para saber cómo se usan los fondos que transfiere el Estado viene de hace 25 años aproximadamente. Hoy se quiere ampliar eso a las ONG que reciben también fondo del exterior y se quiere trasladar algunas cuestiones al ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, nosotros vamos a sugerir que no solo el MEF reciba las remisiones de cuenta, sino también sean acercadas al congreso”, puntualizó el legislador.

¿Quién es la mujer? La misma que en pandemia creó una firma de maletín, Vanemi S.A, para ser subproveedora de alimentos para Tía Chela (la proveedora) por valores multimillonarios, a familias de escasos recursos. Las operaciones irregulares hechas por Prieto, Vanessa y otras 11 personas, determinaron la intervención de la Fiscalía, que imputó a 13 personas (incluyendo al jefe comunal). La carátula de imputación es “por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal”.

VANESSA

Meses después de desvelarse la millonaria tragada de pandemia, en el municipio de CDE, se supo que la firma Vanemi S.A (propiedad de Vanessa Florentín) había adquirido una lujosa vivienda en el Paraná Country Club, por valor de US$ 370.000. Esta compra de alto perfil financiero fue explicada por la mujer y Prieto, como fruto de la performance empresarial que le cupo a la ‘empresa’ Vanemi S.A. Sin embargo, esta firma, ahora cuenta con cero movimiento de operaciones. Y esto, al punto que su propietaria, Vanessa pidió a Prieto para que la contrate como funcionaria municipal.

Una rueda de prensa organizada por Prieto para hablar sobre su gestión, le “explotó en la cara”, cuando un periodista le preguntó por la contratación de la ‘empresaria’ Florentín.

La pregunta iba anexada a la observación de que, por lo visto a la mujer no le fue bien el negocio, para que ahora vuelva a ser una dependiente de la comuna.

“Lo que la empresa privada haga en el sector privado, yo no puedo controlar eso”, respondió Miguel Prieto, a la embarazosa consulta.

Luego, a manera de justificación sobre la actual situación de la dueña de Vanemi S.A, el intendente explicó el motivo de la contratación:“Después vino (Vanessa Florentín) y me dijo: Miguel, quiero trabajar… y está bien, vamos a darle una oportunidad”, acotó.

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LOS PROCESADOS

La Fiscalía – tras análisis de elementos sobre la tragada- imputó días atrás al intendente de Ciudad del Este y a otras 12 personas, a saber:

Buenaventura Morínigo, propietario de taller construcciones y proveedor adjudicado, Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S. A, Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemí, Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación, Maggy Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad de Ciudad del Este, Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad, y administrador del contrato Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna, Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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