El presidente Latorre hizo un llamado a un gran pacto político, independiente a los partidos y movimientos internos, a fin de acordar una agenda mínima sobre aspectos, que él considera, es fundamental para el desarrollo del país.

En ese sentido mencionó que es necesario incluir en esa agenda la lucha contra el hambre y la corrupción; el fortalecimiento del sistema educativo; salud universal; seguridad y; trabajo digno para todos los compatriotas.

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“Estamos haciendo un llamado a un gran pacto con todos los partidos y movimientos con representación parlamentaria. Este es un planteamiento de la Cámara de Diputados, el cual va a buscar ser consensuado con el Poder Ejecutivo, sobre una agenda prioritaria en la que todos tenemos que estar de acuerdo”, dijo.

Señaló también que está pendiente una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, de la que participarán, igualmente, los líderes de las diferentes bancadas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

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Agregó que en la Cámara de Diputados siempre se optó por el consenso cuando se pudo y que solo se utilizó la mayoría en casos extremos.

“Se debate y llegamos al consenso; cuando no podemos llegar al consenso, por supuesto, la mayoría vota, pero se busca escuchar, primero las voces de la minoría; y en segundo lugar, se busca incorporar los pensamientos de esa minoría para ver cómo se puede complementar el pensamiento de la mayoría”, significó.

El magistrado explicó que se inició un proceso en contra del diputado Cleto Giménez y la Cámara es la que deberá analizar y estudiar toda la documentación ya remitida por el Juzgado.

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Los diputados deberán poner a consideración y debatir sobre la solicitud presentada por el juez para que Giménez pueda ser investigado.

“Existe un acta de imputación, una sospecha en contra de estas personas. Con referencia al diputado, no se puede admitir todavía la imputación porque el mismo goza de fueros”, expresó el juez Humberto Otazú a la radio 1330 AM.

La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción presentó la imputación en contra del diputado y de sus dos hijas Danna y Johanna Giménez, por cobro indebido de honorarios en el marco de la investigación abierta en el legislativo.

Al respecto, Otazú mencionó que se admitió la imputación contra las hijas del parlamentario y se fijó para el 15 de julio a una audiencia preliminar.

“A los efectos de que ambas puedan presentarse a la audiencia de imposición de medidas, sería el estudio de esta medida cautelar”, agregó.

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En octubre del 2020, la Contraloría General de la República concluyó que la administración de Mario Ferreiro financió gastos con la emisión de bonos, en contra de lo que dice la ley orgánica municipal.

Durante la gestión del comunicador y DJ Mario Ferreiro al frente de la Municipalidad de Asunción, una situación calcada se dio con el uso de los bonos, según lo advirtió en su momento la Contraloría General de la República, a través de un reporte de indicios de hechos punibles remitido a la Fiscalía General del estado.

El informe señala que, durante el ejercicio fiscal 2019, el monto del perjuicio patrimonial estimado fue G. 176.000 millones de guaraníes, suma que podía ser ampliada con la investigación de la Fiscalía.

Según el formulario, a través de la resolución 774/16, la Junta Municipal de Asunción resolvió financiar gastos con la emisión de bonos municipales (PEG3) por un total de G. 4.000 millones en contraposición a lo que establece la ley 3966/10 Orgánica Municipal.

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La Junta resolvió que los fondos provenientes de la emisión de bonos municipales, además de que sean destinados al financiamiento del programa de inversión institucional, puedan también ser colocados como garantía prebendaria para préstamos a corto plazo, en contraposición a lo que dispone la ley orgánica municipal.

La Municipalidad de Asunción no elaboró planes de inversión que justifiquen el endeudamiento público mediante la emisión de bonos.

Un nuevo caso con los mismos elementos jurídicos se plantea hoy con el intendente Óscar Rodríguez, quien asegura que la ley orgánica municipal no está por encima de otras leyes y que, no existe en el reporte la mención de ningún hecho de relevancia penal, además de señalar que Mario Ferreiro obró de la misma manera.

La diferencia radica en los dedos acusadores. En aquel entonces, para la oposición, la acusación a Ferreiro no era más que una persecución política. Sin embargo, el caso quedó en la nada, señal de que no recibió tal persecución.

En cambio ahora, con las mismas discusiones de base, en cuanto al uso de los bonos y los fines, ya no se trata de una persecución, sino de un hecho grave.

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En conversación con los medios de prensa, el legislador oficialista “Bachi” Núñez indicó que, con sus asesores, desmenuzará el informe de la Contraloría General de la República referente al uso de los bonos emitidos para las obras en la ciudad de Asunción. “Tengo que involucrarme, leer el informe de la Contraloría y en su momento vamos a ver (qué postura asumir)”, dijo.

El político de la bancada colorada indicó que existe la presunción de la inocencia y que la Fiscalía será la que va a interpretar si debe acusar o no al jefe comunal por alguna irregularidad cometida en su gestión al frente de la Municipalidad de Asunción.

Así también comparó y exteriorizó que hace años viene denunciando las irregularidades en la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. “Miguel Prieto tiene 50 informes de la Contraloría, 40 denuncias, y creo que esta es la primera de Nenecho”, acotó.

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La Contraloría emitió este miércoles el dictamen sobre el uso en la Municipalidad de Asunción de los G. 500.000 millones obtenidos mediante bonos emitidos para la financiación de obras. De acuerdo con el documento dado a conocer, existieron varias irregularidades, como el destino del dinero a una “cuenta única”, de donde se hicieron los desembolsos.

El informe, que fue presentado ante el Ministerio Público recomendando su investigación, detalla que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así financiar un déficit de la caja, por lo que no correspondía que sea aplicada en el municipio capitalino.

Consultado al respecto, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez dijo a radio 730 AM que aún no recibió el informe de la Contraloría, pero ratificó que se actuó conforme al marco legal establecido, por lo que se interiorizará sobre los puntos esgrimidos en el documento para poder ejercer su defensa.

“Nosotros nos regimos a rajatabla dentro del marco legal. La Municipalidad tiene autonomía, se rige por las ordenanzas y tenemos reglamentada la cuenta única, nosotros copiamos incluso el modelo del Ministerio de Economía, y nos regimos con leyes comparadas de otros países de la región, inclusive fue respaldada por el Fondo Monetario Internacional como herramienta válida para el Gobierno central, en este caso la Municipalidad. Nosotros nos ceñimos dentro del marco legal”, mencionó.

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