El parlamentario Dionisio Amarilla manifestó que, en el transcurso de los próximos días saltarán a la luz pública los “chanchullos” de la legisladora respecto a licitaciones sobre alimentación escolar, inserta en lo que será el programa Hambre Cero.

“La marginal merendará desesperada porque sabe que dentro de muy poco saldrán a luz sus chanchullos . Claro que nunca vamos a estar en similares proyectos si vos sos la cachorra avejentada de la mafia y te hacés pasar por liberal y honesta y con tus comidas latinas no podrás hacer pasar gato por liebre y todo Paraguay se enterará de eso. Es cuestión de tiempo nomás y ya notaste que, paciencia es lo que más tenemos para enterrarte viva de una vez por todas”, escribió Dionisio en su cuenta de X.

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“Hay una senadora agresiva en redes y en la sesión. En estos días se van a enterar de barbaridades. Pedí el archivo de la declaración jurada de esa senadora y ver a quién ella declara que le debe plata”, repitió luego en una entrevista con la 1020 AM.

Dionisio manifestó que Celeste exhibe dos caras en su día a día, una en redes sociales y medios de prensa, en donde dispara contra la corrupción y otra, en la que en la intimidad se inmiscuye en irregularidades y negociados.

La senadora Amarilla es sindicada como una de las grandes beneficiadas de los cuestionados programas de merienda escolar de la era Abdo. La señalan como agraciada porque la empresa ligada a ella accedía a suculentas licitaciones para provisión de alimentos para escolares.

La parlamentaria azul calificó de “vendido al Partido Colorado” a su correligionario, de quien dijo que jamás aceptaría compartir proyecto político alguno.

El pasado sábado 29 de junio, el microcentro de Asunción fue escenario de dos marchas de la comunidad gay en Paraguay. Una organizada por “Somos Gay” del activista Simón Cazal y otra del nuevo movimiento formado bajo la denominación de Repar+ (Red Paraguaya de Artistas LGBTIQ+).

La marcha de “La parada del orgullo” de Somos Gay inició en la Plaza de la Libertad y culminó frente a la sede de la organización. Por su parte, el nuevo movimiento se congregó en la Escalinata Antequera para trasladarse hasta la Plaza de la Democracia.

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Según los encargados del nuevo movimiento, la decisión de marchar en el marco del Día Internacional del Orgullo fue para “recuperar” la fecha que, según ellos, estaba “tomada” por Simón Cazal, al que acusan de “persecución y cacerías” dentro de la comunidad.

En medio de la disputa interna, la senadora colorada Lizarella Valiente fue involucrada con una de las organizaciones por supuestamente financiar la marcha (la de los artistas).

Al respecto, la parlamentaria salió al paso en sus redes sociales diciendo que en ella siempre se va a encontrar una ayuda y solución. “Mi causa siempre fue clara y considero justa. “Con los Niños NO”, un niño debe ser respetado”, indicó.

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Agregó que los adultos, ya con criterio propio, pueden hacer lo que mejor les parezca, “siempre y cuando no sobrepasemos el derecho de los demás. Cuando puedo voy a todo tipo de show y si me invitan actúo, canto o bailo también”, aseveró.

Cabe mencionar que la senadora Valiente es férrea defensora de los grupos pro vida y profamilia, incluso organizando manifestaciones del sector.

El magistrado explicó que se inició un proceso en contra del diputado Cleto Giménez y la Cámara es la que deberá analizar y estudiar toda la documentación ya remitida por el Juzgado.

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Los diputados deberán poner a consideración y debatir sobre la solicitud presentada por el juez para que Giménez pueda ser investigado.

“Existe un acta de imputación, una sospecha en contra de estas personas. Con referencia al diputado, no se puede admitir todavía la imputación porque el mismo goza de fueros”, expresó el juez Humberto Otazú a la radio 1330 AM.

La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción presentó la imputación en contra del diputado y de sus dos hijas Danna y Johanna Giménez, por cobro indebido de honorarios en el marco de la investigación abierta en el legislativo.

Al respecto, Otazú mencionó que se admitió la imputación contra las hijas del parlamentario y se fijó para el 15 de julio a una audiencia preliminar.

“A los efectos de que ambas puedan presentarse a la audiencia de imposición de medidas, sería el estudio de esta medida cautelar”, agregó.

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En octubre del 2020, la Contraloría General de la República concluyó que la administración de Mario Ferreiro financió gastos con la emisión de bonos, en contra de lo que dice la ley orgánica municipal.

Durante la gestión del comunicador y DJ Mario Ferreiro al frente de la Municipalidad de Asunción, una situación calcada se dio con el uso de los bonos, según lo advirtió en su momento la Contraloría General de la República, a través de un reporte de indicios de hechos punibles remitido a la Fiscalía General del estado.

El informe señala que, durante el ejercicio fiscal 2019, el monto del perjuicio patrimonial estimado fue G. 176.000 millones de guaraníes, suma que podía ser ampliada con la investigación de la Fiscalía.

Según el formulario, a través de la resolución 774/16, la Junta Municipal de Asunción resolvió financiar gastos con la emisión de bonos municipales (PEG3) por un total de G. 4.000 millones en contraposición a lo que establece la ley 3966/10 Orgánica Municipal.

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La Junta resolvió que los fondos provenientes de la emisión de bonos municipales, además de que sean destinados al financiamiento del programa de inversión institucional, puedan también ser colocados como garantía prebendaria para préstamos a corto plazo, en contraposición a lo que dispone la ley orgánica municipal.

La Municipalidad de Asunción no elaboró planes de inversión que justifiquen el endeudamiento público mediante la emisión de bonos.

Un nuevo caso con los mismos elementos jurídicos se plantea hoy con el intendente Óscar Rodríguez, quien asegura que la ley orgánica municipal no está por encima de otras leyes y que, no existe en el reporte la mención de ningún hecho de relevancia penal, además de señalar que Mario Ferreiro obró de la misma manera.

La diferencia radica en los dedos acusadores. En aquel entonces, para la oposición, la acusación a Ferreiro no era más que una persecución política. Sin embargo, el caso quedó en la nada, señal de que no recibió tal persecución.

En cambio ahora, con las mismas discusiones de base, en cuanto al uso de los bonos y los fines, ya no se trata de una persecución, sino de un hecho grave.

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