En las elecciones generales del 2018, Horacio Cartes se candidató a senador de la nación. Para el efecto, el 11 de abril de ese año, la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a su candidatura, al declararla constitucional.

Con este aval, Cartes participó de esos comicios, cuyos resultados lo ubicaron como el senador más votado. El expresidente fue senador electo y proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, requisitos indispensables para el juramento.

Aquel 1 de julio del 2018, el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo, decidió desoír al TSJE y a la Corte, y optó por no convocar a Cartes. En su lugar, corrió unilateralmente la lista y llamó a Rodolfo Friedmann, pese a no haber sido electo ni proclamado.

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El exobispo, máximo referente de la oposición en ese tiempo, hizo una interpretación de la Carta Magna y se tomó las atribuciones de la máxima instancia judicial, la única habilitada para la interpretación de la Constitución.

Del mismo modo obró con Nicanor, a quien también ninguneó y en su lugar convocó a Mirta Gusinky, quien ocupó ilegítimamente una banca para la cual no fue electa. Este había sido el segundo rebote de Nicanor.

Antes, el extitular del Congreso, Tito Saguier (otro referente opositor), tampoco llamó a Nicanor Duarte Frutos, también expresidente, pero finalmente habilitado para su candidatura y posteriormente electo y proclamado por el TSJE. En vez de él llamó a Jorge Antonio Céspedes, quien juró en su lugar.

Posteriormente, Nicanor recurrió a una acción de inconstitucionalidad para acceder a la banca que ganó a través de los votos. El resultado fue a su favor, sin embargo, la Corte fue olímpicamente ninguneada.

“Se incurrió en un procedimiento no ajustado a la Constitución que hoy nos rige, habida cuenta que se obvió convocar a un senador electo y proclamado para ser sustituido por un ciudadano que no fue ni electo ni proclamado”, expresaba parte del argumento de la resolución del 31 de agosto del 2010.

Hoy, en el 2024, algo similar salta a la palestra. La senadora Kattya González fue destituida el 14 de febrero pasado por el pleno, a través del procedimiento de la pérdida de investidura, donde se discute cuál era el reglamento vigente, el original que exigía una mayoría simple, o el modificado en diciembre, que elevaba la cantidad de votos requeridos.

La legisladora recurrió también a la Corte a través de una medida cautelar que le fue rechazada y también a través de una acción de inconstitucionalidad que sigue en curso.

La Corte hizo correr el pedido a la Fiscalía, que se pronunció con un dictamen a favor de la exsenadora, al concluir que la destitución fue inconstitucional, por no ajustarse al reglamento de la mayoría requerida para la expulsión. Todavía queda pendiente el pronunciamiento de la máxima instancia judicial.

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Con el mero dictamen de la Fiscalía, y todavía sin la decisión de la Corte, la oposición ya se adelanta a decir que el oficialismo incurrirá en un desacato judicial, de no permitir la reincorporación de Kattya González. Es decir, lo que en los casos de Nicanor y Horario Cartes fue contrario a lo dispuesto por la Corte no lo vieron como desacato, pero lo que podría suceder con Kattya González, sí lo observan como un grave atropello constitucionales y una forma de desoír a la máxima instancia judicial.

No obstante, una lectura constitucionalista del dictamen emitido por la Fiscalía sobre la destitución de Kattya González, como parte de la acción de inconstitucionalidad presentada, señala que la Corte Suprema no puede invadir una esfera propia de la Cámara y dictarle cómo aplicar su reglamento.

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La ‘guerra’ de quiñes se oponen a cambios en la estructura de baños de lugares públicos, verificó un episodio en torno al foro de la Organización de Estados Americanos, que se desarrolla en nuestro país.

Y el que inició la escaramuza en las redes sociales sobre el asunto, fue el exsenador Arnoldo Wiens, quien agarró la bandera de los que se oponen al intento de cambiar las pautas, en nombre de la inclusión.

El político se hizo eco de la habilitación del sanitario unisex para los que no consideran necesario realizar diferencias entre unos y otras.

“¿Neutros? Ni Fu ni Fa. ¿Ha upéi? Aquí en Paraguay, normalmente tenemos baños para Damas y Caballeros / Femenino y Masculino”, disparó Wiens en sus cuentas sociales, con lo que desató el apoyo de unos y la reprobación de otros.

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El tema del baño neutro es una de las tantas “batallas” que apuntan a instalar organizaciones que sostienen la cuestión de género como foco prioritario de sus políticas.

Además de ese aspecto, la militancia de esa ideología tiene en su agenda, el lenguaje inclusivo, por el que pretende imponer términos y palabras neutras, como una forma de unificarlas sin hacer mención al género.

El presidente saliente de la Comisión de Cuentas y Control, el senador Dionisio Amarilla, explicó que la audiencia pública servirá para analizar y corregir cuestiones que pudieran generar percepciones no deseadas.

Se invitará a miembros de las organizaciones no gubernamentales (ONG), representantes de la abogacía y de la contraloría.

“Escuchamos al proyectista que es el senador Gustavo Leite, nos comentó que lo que se busca es transparentar la aplicación y uso de fondos, aspiración que no lo vemos con una visión de contralor que busca callar voces críticas como dicen algunos, por eso queremos interactuar entre la clase política y quienes objetan el proyecto de Ley durante una audiencia pública”, indicó Amarilla.

En otro momento, el senador Amarilla comentó que se buscará que las ONG también remitan sus rendiciones de cuenta al Congreso. “Esta corriente para saber cómo se usan los fondos que transfiere el Estado viene de hace 25 años aproximadamente. Hoy se quiere ampliar eso a las ONG que reciben también fondo del exterior y se quiere trasladar algunas cuestiones al ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, nosotros vamos a sugerir que no solo el MEF reciba las remisiones de cuenta, sino también sean acercadas al congreso”, puntualizó el legislador.

¿Quién es la mujer? La misma que en pandemia creó una firma de maletín, Vanemi S.A, para ser subproveedora de alimentos para Tía Chela (la proveedora) por valores multimillonarios, a familias de escasos recursos. Las operaciones irregulares hechas por Prieto, Vanessa y otras 11 personas, determinaron la intervención de la Fiscalía, que imputó a 13 personas (incluyendo al jefe comunal). La carátula de imputación es “por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal”.

VANESSA

Meses después de desvelarse la millonaria tragada de pandemia, en el municipio de CDE, se supo que la firma Vanemi S.A (propiedad de Vanessa Florentín) había adquirido una lujosa vivienda en el Paraná Country Club, por valor de US$ 370.000. Esta compra de alto perfil financiero fue explicada por la mujer y Prieto, como fruto de la performance empresarial que le cupo a la ‘empresa’ Vanemi S.A. Sin embargo, esta firma, ahora cuenta con cero movimiento de operaciones. Y esto, al punto que su propietaria, Vanessa pidió a Prieto para que la contrate como funcionaria municipal.

Una rueda de prensa organizada por Prieto para hablar sobre su gestión, le “explotó en la cara”, cuando un periodista le preguntó por la contratación de la ‘empresaria’ Florentín.

La pregunta iba anexada a la observación de que, por lo visto a la mujer no le fue bien el negocio, para que ahora vuelva a ser una dependiente de la comuna.

“Lo que la empresa privada haga en el sector privado, yo no puedo controlar eso”, respondió Miguel Prieto, a la embarazosa consulta.

Luego, a manera de justificación sobre la actual situación de la dueña de Vanemi S.A, el intendente explicó el motivo de la contratación:“Después vino (Vanessa Florentín) y me dijo: Miguel, quiero trabajar… y está bien, vamos a darle una oportunidad”, acotó.

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LOS PROCESADOS

La Fiscalía – tras análisis de elementos sobre la tragada- imputó días atrás al intendente de Ciudad del Este y a otras 12 personas, a saber:

Buenaventura Morínigo, propietario de taller construcciones y proveedor adjudicado, Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S. A, Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemí, Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación, Maggy Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad de Ciudad del Este, Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad, y administrador del contrato Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna, Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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