En conversación con los medios de comunicación, luego de la distribución de maquinarias para el mantenimiento vial para las 17 gobernaciones, Peña contestó varias preguntas, entre ellas, la relacionada a los rumores de cambios.

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“Lea Giménez sigue en su lugar, una mujer demasiado importante dentro de la estructura del Gobierno, amiga, compañera con la que vengo trabajando y una enorme responsabilidad”, contestó Peña.

El presidente dijo que la usina de rumores no contribuye en nada y que desconoce de dónde salen esas informaciones, pero que tampoco le preocupa averiguarlo, ya que tiene muchas cosas de qué ocuparse.

Respecto a la posibilidad de cambios en instituciones, el jefe de Estado pidió no dramatizar estas decisiones y reiteró que todos están bajo constante evaluación, por lo tanto, los cambios serán una constante.

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En conversación con los medios de prensa, el legislador oficialista “Bachi” Núñez indicó que, con sus asesores, desmenuzará el informe de la Contraloría General de la República referente al uso de los bonos emitidos para las obras en la ciudad de Asunción. “Tengo que involucrarme, leer el informe de la Contraloría y en su momento vamos a ver (qué postura asumir)”, dijo.

El político de la bancada colorada indicó que existe la presunción de la inocencia y que la Fiscalía será la que va a interpretar si debe acusar o no al jefe comunal por alguna irregularidad cometida en su gestión al frente de la Municipalidad de Asunción.

Así también comparó y exteriorizó que hace años viene denunciando las irregularidades en la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. “Miguel Prieto tiene 50 informes de la Contraloría, 40 denuncias, y creo que esta es la primera de Nenecho”, acotó.

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La Contraloría emitió este miércoles el dictamen sobre el uso en la Municipalidad de Asunción de los G. 500.000 millones obtenidos mediante bonos emitidos para la financiación de obras. De acuerdo con el documento dado a conocer, existieron varias irregularidades, como el destino del dinero a una “cuenta única”, de donde se hicieron los desembolsos.

El informe, que fue presentado ante el Ministerio Público recomendando su investigación, detalla que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así financiar un déficit de la caja, por lo que no correspondía que sea aplicada en el municipio capitalino.

Consultado al respecto, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez dijo a radio 730 AM que aún no recibió el informe de la Contraloría, pero ratificó que se actuó conforme al marco legal establecido, por lo que se interiorizará sobre los puntos esgrimidos en el documento para poder ejercer su defensa.

“Nosotros nos regimos a rajatabla dentro del marco legal. La Municipalidad tiene autonomía, se rige por las ordenanzas y tenemos reglamentada la cuenta única, nosotros copiamos incluso el modelo del Ministerio de Economía, y nos regimos con leyes comparadas de otros países de la región, inclusive fue respaldada por el Fondo Monetario Internacional como herramienta válida para el Gobierno central, en este caso la Municipalidad. Nosotros nos ceñimos dentro del marco legal”, mencionó.

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En conversación con los medios de prensa, el senador oficialista Derlis Maidana se refirió al informe de la Contraloría General de la República referente al uso de los bonos emitidos para las obras. En ese sentido expuso que el Ministerio Público deberá analizar el caso y proceder como corresponda.

“Lo que corresponde es que trabajen normalmente las instituciones, que el dictamen de la Contraloría sea examinado por el Ministerio Público y que siga su trámite normal”, esgrimió el político colorado.

El legislador indicó que se debatirá el caso de Oscar Nenecho Rodríguez en la bancada oficialista, pero remarcó que las responsabilidades son individuales. Esto al consultársele sobre si seguirán apoyando al intendente capitalino.

Asimismo, cuestionó que existe selectividad de parte de los medios de prensa al cuestionar solo al jefe comunal de la capital, pero no así a otras autoridades. “Vemos que hay un trato diferente con Miguel Prieto que con el intendente de Asunción. También se debería actuar el aparato mediático y de la justicia de la misma manera. Pedimos objetividad de los medios y de la justicia. En todos los casos se debe actuar de la misma manera”, comentó.

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La Contraloría emitió este miércoles el dictamen sobre el uso en la Municipalidad de Asunción de los G. 500.000 millones obtenidos mediante bonos emitidos para la financiación de obras. De acuerdo con el documento dado a conocer, existieron varias irregularidades, como el destino del dinero a una “cuenta única”, de donde se hicieron los desembolsos.

El informe, que fue presentado ante el Ministerio Público recomendando su investigación, detalla que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así financiar un déficit de la caja, por lo que no correspondía que sea aplicada en el municipio capitalino.

Consultado al respecto, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez dijo a radio 730 AM que aún no recibió el informe de la Contraloría, pero ratificó que se actuó conforme al marco legal establecido, por lo que se interiorizará sobre los puntos esgrimidos en el documento para poder ejercer su defensa.

“Nosotros nos regimos a rajatabla dentro del marco legal. La Municipalidad tiene autonomía, se rige por las ordenanzas y tenemos reglamentada la cuenta única, nosotros copiamos incluso el modelo del Ministerio de Economía, y nos regimos con leyes comparadas de otros países de la región, inclusive fue respaldada por el Fondo Monetario Internacional como herramienta válida para el Gobierno central, en este caso la Municipalidad. Nosotros nos ceñimos dentro del marco legal”, mencionó.

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• LA CAJA NEGRA

En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.

Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.

EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS

La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.

De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.

El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.

“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO

En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.

El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.

Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.

ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD

El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.

Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.

También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.