Durante una reunión privada por el festejo de su cumpleaños, Miguel Prieto habló de dos futuras candidaturas. La primera, para las próximas municipales, donde Daniel Pereira Mujica será candidato a la Intendencia de Ciudad del Este.

La segunda, la de Prieto para las generales del 2028. “¿Por qué Dani intendente es importante para nosotros? Porque yo ya les adelanto que en 2028 voy a ser candidato a presidente de la República”, anunció.

Miguel Prieto tiene dos procesos abiertos por diferentes hechos punibles presuntamente cometidos durante su administración municipal en la comuna esteña.

La carpeta con novedades más recientes es la que lo investiga por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, imputación presentada por la Fiscalía y admitida el 10 de abril pasado.

En ese marco, el juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenó el embargo preventivo de los bienes de Prieto y de los otros imputados, además de la inhibición general de vender y gravar sus bienes.

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Según la pesquisa, Prieto habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a partir del perjuicio patrimonial a la institución, con la promoción de licitaciones públicas cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines o funcionales a él, para así lograr beneficios económicos indebidos.

Miguel Prieto se burla de la justicia y los contribuyentes Foto: Gentileza

En otra investigación previa, el Ministerio Público lo imputó por lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, hecho que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad d Ciudad del Este durante la pandemia de Covid-19.

En octubre del 2020, la Contraloría General de la República concluyó que la administración de Mario Ferreiro financió gastos con la emisión de bonos, en contra de lo que dice la ley orgánica municipal.

Durante la gestión del comunicador y DJ Mario Ferreiro al frente de la Municipalidad de Asunción, una situación calcada se dio con el uso de los bonos, según lo advirtió en su momento la Contraloría General de la República, a través de un reporte de indicios de hechos punibles remitido a la Fiscalía General del estado.

El informe señala que, durante el ejercicio fiscal 2019, el monto del perjuicio patrimonial estimado fue G. 176.000 millones de guaraníes, suma que podía ser ampliada con la investigación de la Fiscalía.

Según el formulario, a través de la resolución 774/16, la Junta Municipal de Asunción resolvió financiar gastos con la emisión de bonos municipales (PEG3) por un total de G. 4.000 millones en contraposición a lo que establece la ley 3966/10 Orgánica Municipal.

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La Junta resolvió que los fondos provenientes de la emisión de bonos municipales, además de que sean destinados al financiamiento del programa de inversión institucional, puedan también ser colocados como garantía prebendaria para préstamos a corto plazo, en contraposición a lo que dispone la ley orgánica municipal.

La Municipalidad de Asunción no elaboró planes de inversión que justifiquen el endeudamiento público mediante la emisión de bonos.

Un nuevo caso con los mismos elementos jurídicos se plantea hoy con el intendente Óscar Rodríguez, quien asegura que la ley orgánica municipal no está por encima de otras leyes y que, no existe en el reporte la mención de ningún hecho de relevancia penal, además de señalar que Mario Ferreiro obró de la misma manera.

La diferencia radica en los dedos acusadores. En aquel entonces, para la oposición, la acusación a Ferreiro no era más que una persecución política. Sin embargo, el caso quedó en la nada, señal de que no recibió tal persecución.

En cambio ahora, con las mismas discusiones de base, en cuanto al uso de los bonos y los fines, ya no se trata de una persecución, sino de un hecho grave.

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En conversación con los medios de prensa, el legislador oficialista “Bachi” Núñez indicó que, con sus asesores, desmenuzará el informe de la Contraloría General de la República referente al uso de los bonos emitidos para las obras en la ciudad de Asunción. “Tengo que involucrarme, leer el informe de la Contraloría y en su momento vamos a ver (qué postura asumir)”, dijo.

El político de la bancada colorada indicó que existe la presunción de la inocencia y que la Fiscalía será la que va a interpretar si debe acusar o no al jefe comunal por alguna irregularidad cometida en su gestión al frente de la Municipalidad de Asunción.

Así también comparó y exteriorizó que hace años viene denunciando las irregularidades en la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. “Miguel Prieto tiene 50 informes de la Contraloría, 40 denuncias, y creo que esta es la primera de Nenecho”, acotó.

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La Contraloría emitió este miércoles el dictamen sobre el uso en la Municipalidad de Asunción de los G. 500.000 millones obtenidos mediante bonos emitidos para la financiación de obras. De acuerdo con el documento dado a conocer, existieron varias irregularidades, como el destino del dinero a una “cuenta única”, de donde se hicieron los desembolsos.

El informe, que fue presentado ante el Ministerio Público recomendando su investigación, detalla que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así financiar un déficit de la caja, por lo que no correspondía que sea aplicada en el municipio capitalino.

Consultado al respecto, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez dijo a radio 730 AM que aún no recibió el informe de la Contraloría, pero ratificó que se actuó conforme al marco legal establecido, por lo que se interiorizará sobre los puntos esgrimidos en el documento para poder ejercer su defensa.

“Nosotros nos regimos a rajatabla dentro del marco legal. La Municipalidad tiene autonomía, se rige por las ordenanzas y tenemos reglamentada la cuenta única, nosotros copiamos incluso el modelo del Ministerio de Economía, y nos regimos con leyes comparadas de otros países de la región, inclusive fue respaldada por el Fondo Monetario Internacional como herramienta válida para el Gobierno central, en este caso la Municipalidad. Nosotros nos ceñimos dentro del marco legal”, mencionó.

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En conversación con los medios de prensa, el senador oficialista Derlis Maidana se refirió al informe de la Contraloría General de la República referente al uso de los bonos emitidos para las obras. En ese sentido expuso que el Ministerio Público deberá analizar el caso y proceder como corresponda.

“Lo que corresponde es que trabajen normalmente las instituciones, que el dictamen de la Contraloría sea examinado por el Ministerio Público y que siga su trámite normal”, esgrimió el político colorado.

El legislador indicó que se debatirá el caso de Oscar Nenecho Rodríguez en la bancada oficialista, pero remarcó que las responsabilidades son individuales. Esto al consultársele sobre si seguirán apoyando al intendente capitalino.

Asimismo, cuestionó que existe selectividad de parte de los medios de prensa al cuestionar solo al jefe comunal de la capital, pero no así a otras autoridades. “Vemos que hay un trato diferente con Miguel Prieto que con el intendente de Asunción. También se debería actuar el aparato mediático y de la justicia de la misma manera. Pedimos objetividad de los medios y de la justicia. En todos los casos se debe actuar de la misma manera”, comentó.

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La Contraloría emitió este miércoles el dictamen sobre el uso en la Municipalidad de Asunción de los G. 500.000 millones obtenidos mediante bonos emitidos para la financiación de obras. De acuerdo con el documento dado a conocer, existieron varias irregularidades, como el destino del dinero a una “cuenta única”, de donde se hicieron los desembolsos.

El informe, que fue presentado ante el Ministerio Público recomendando su investigación, detalla que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así financiar un déficit de la caja, por lo que no correspondía que sea aplicada en el municipio capitalino.

Consultado al respecto, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez dijo a radio 730 AM que aún no recibió el informe de la Contraloría, pero ratificó que se actuó conforme al marco legal establecido, por lo que se interiorizará sobre los puntos esgrimidos en el documento para poder ejercer su defensa.

“Nosotros nos regimos a rajatabla dentro del marco legal. La Municipalidad tiene autonomía, se rige por las ordenanzas y tenemos reglamentada la cuenta única, nosotros copiamos incluso el modelo del Ministerio de Economía, y nos regimos con leyes comparadas de otros países de la región, inclusive fue respaldada por el Fondo Monetario Internacional como herramienta válida para el Gobierno central, en este caso la Municipalidad. Nosotros nos ceñimos dentro del marco legal”, mencionó.

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