La viceministra Alejandra Peralta hizo el anuncio a través de sus redes sociales. En contacto con la radio 650 AM, ahondó sobre su iniciativa, la cual pretende premiar a 50 jóvenes que no participaron del amotinamiento ni destruyeron sus aulas, ni quemaron sus colchones. Estos internos protegieron a sus profesoras y a la cocinera de la institución educativa.

“Estaba previsto que hoy hagamos un reconocimiento a estos chicos pero se pospuso para septiembre con presencia del presidente Mario Abdo. Entregaremos un diploma por su comportamiento en situaciones de crisis. También tenemos preparado un obsequio especial para ellos. Estamos convencidos que lo bueno se debe dar a conocer y por supuesto, se debe estimular”, indicó.

Peralta resaltó que este reconocimiento podrá ser añadido a los expedientes judiciales de los menores, como indicador de buena conducta.

NO APOYA PREMIACIÓN

La especialista en Derechos Humanos y prevención de torturas, la abogada Diana Vargas, manifestó en cambio que le ocasionaba escozor que se desconozca el modelo de atención a adolescentes en conflicto con la ley y los fines educativos del sistema.

“Ellos no necesitan más premio-castigo. Menos aún más segmentación y estigmatización entre buenos y malos. Eso no educa. Con esto podrían exponerlos a recibir un ‘obsequio especial’ de parte de los felicitados. Es un refuerzo para la división entre los malos y los buenos, así que a cuidar a los ‘jagua’i’. ¿Quieren generar rivalidad entre pares o entienden nada de la adolescencia?”, cuestionó a través de su cuenta en Twitter.

SU VESTIMENTA EN REQUISA

Días atrás, Alejandra Peralta participó de la requisa en el Penal de Encarnación. La misma publicó en su cuenta de Twitter una fotografía donde se la ve acompañando a los agentes policiales que realizaron el operativo. Llamó la atención que la autoridad civil utilizara un uniforme táctico para dicho procedimiento.

En entrevista en el programa de su padre Carlos Peralta (780 AM), la viceministra Alejandra Peralta esgrimió que acompañó al pelotón para garantizar los derechos humanos de los internos. Aclaró que su vestimenta respondía a una cuestión de estrategia, porque debía pasar desapercibida durante la incursión. “Yo recorrí todas las penitenciarías (en otras oportunidades), nunca me faltaron el respeto. Me dicen tía, no me miran como una mujer. Eso es gracias a la vestimenta y al trato que tengo con ellos”, remarcó.

Tras la requisa, Peralta recorrió las celdas de los reclusos para conversar con ellos, conocer sus preocupaciones y necesidades y tomarse fotografías.

CRITICAN SU ARENGA Y VESTIMENTA

Por otra parte, la abogada Diana Vargas, excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, insistió en conversación con la R800 AM que existe una “militarización” de los agentes penitenciarios. “Me preocupa el perfil del Ministerio de Justicia, que muestra a funcionarios armados como que irán a Afganistán”, indicó.

“Hay una militarización del servicio penitenciario desde el uniforme hasta la formación e incluye a autoridades vestidas como si fueran Rambo, con el ‘parapara’i’. Así le trata luego el personal al privado de libertad, como que este es un prisionero de guerra”, cuestionó con relación al video en el que se ve a Peralta arengando a los guardiacárceles del Penal de Coronel Oviedo y considerándolos como “grupo de reacción”.

Vargas señaló que existen grupos especializados en la Policía para reaccionar ante casos de amotinamiento. En cambio, hace falta más guardiacárceles mediadores de conflictos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.