Uso de remedios biosimilares confronta a grupos de médicos

La nota de los diputados pidiendo informes al IPS y al MSP.

El uso de los medica­mentos biosimilares para pacientes con cáncer se convirtió en un gran problema para el Insti­tuto de Previsión Social (IPS). Desde el área de Oncología de esta institución, la posición es la misma de hace meses: no recomendarán a sus pacien­tes utilizar el bevacizumab, un producto considerado vital para el tratamiento del cáncer, principalmente del pulmón o de colon.

investigacion@gruponacion.com.py

Mientras tanto, dos institu­ciones de salud importantes del país trabajan con los biosi­milares sin problemas, una de ellas es el Instituto Nacional de Cáncer (Incan), el princi­pal nosocomio especializado en la atención a personas con cáncer. En esta institución, los médicos trabajan con los biosimilares desde finales del año pasado, en lo que se refiere al bevacizumab.

La otra entidad cuyos médi­cos recetan el bevacizumab en su presentación biosimilar es el Hospital de Clínicas, en donde pacientes también rea­lizan las intercambiabilida­des sin mayores problemas.

La posición de los médicos de Oncología del IPS generó rápidamente un efecto en los pacientes, quienes –obvia­mente, por una cuestión de confianza– se sumaron a esa corriente y consiguie­ron medidas judiciales para obligar al IPS a proveerlos del bevacizumab en su estado genérico u original.

Casa Boller es la única empresa en Paraguay pro­veedora del bevacizumab en su estado genérico u original, que es justamente el medica­mento que piden los pacien­tes del IPS para seguir con sus tratamientos. Alegan, en ese sentido, que ya arrancaron con el régimen con este medi­camento y forzar un cambio puede afectar el tratamiento.

El drama empezó en diciem­bre del 2018. Ese mes, el IPS ratificó la compra de ampollas de bevacizu­mab en su estado biosimi­lar a la empresa Laborato­rios Éticos por valor de G. 46.599.997.600 (unos 7,5 millones de dólares, al cam­bio actual). En esta adju­dicación había pulsado la firma Casa Boller, repre­sentante de la Multinacional Roche, que había ofertado G. 59.007.000.000 (US$ 9,4 millones), por lo que el IPS optó por la mejor oferta, que a criterio de los evaluadores fue la propuesta de Éticos.

PEDIDO DE INFORME

Ayer, los diputados Rocío Abed (ANR) y Édgar Acosta (PLRA) presentaron ante el pleno de la cámara un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Ins­tituto de Previsión Social (IPS) sobre todo lo referente a la adquisición de los produc­tos biosimilares, los proce­dimientos, habilitaciones y otros datos.

Leé también


 

Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores 

Foto: archivo.

Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

Leé también


 

Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo

Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

Leé también


 

Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional

Miles de armas incautadas en el Operativo Dakovo fueron entregadas a la Policía Nacional. Foto: SENAD.

Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.

Leé también