La reunión del Consejo de Itaipú Binacional realiza ayer jueves, no llegó a un acuerdo sobre el componente de gastos de explotación para el próximo año y abordó la posibilidad de arrancar el 2022 con una tarifa provisoria.

Si en un plazo superior a un mes o a los primeras semanas del 2022, se mantiene la tarifa provisoria de Itaipú Binacional y no se llega a un acuerdo entre ambos socios, los resultados podrían ser muy perjudiciales para nuestro país

“Posiblemente va a ser más grave para nosotros, porque eso indica que genera una pérdida de institucionalidad en la entidad que viene funcionando hace años de una manera bastante bien definida”, expresó el especialista en temas energéticos, Victorio Oxilia, en entrevista con Gen.

Consideró que la posición paraguaya de mantener la tarifa en 22.60 Kw/mes es totalmente válida, pero que la deuda necesariamente bajará, aunque la tarifa podría mantenerse a través del componente denominado “gastos de explotación”, que es el punto de conflicto.

“Tenemos que mantenernos firmes, cualquier negociación significa que tenemos que recibir algo a cambio, evidentemente Bolsonaro no quiere dar una respuesta”, opinó Oxilia.

Por su parte, el asesor del Consejo de Itaipú, Sasha Evreinoff, indicó que un descenso de la tarifa tampoco es una catástrofe y adelantó que ya avizora la reacción de la oposición de catalogar como un fracaso una eventual disminución.

La intención de Paraguay de mantener la tarifa es poder utilizar los recursos en el fortalecimiento del sistema eléctrico de la ANDE y disponer del total de energía que le corresponde, ya que del 100 % de lo que genera la binacional, el 80 % consume Brasil y el 20 % Paraguay.

El actual economista en jefe del BCP, Miguel Mora, fue nominado por Santiago Peña para miembro titular del directorio de la institución.

Mora construyó una vasta trayectoria en el BCP, donde ocupó los siguientes cargos:

- Jefe de la División Mercado Interno en dicho departamento (1996-2007)

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- Director del Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno de Estudios Económicos (2007-2014).

- Economista jefe de Estudios Económicos en el BCP desde el 2014 hasta la actualidad.

- También integró comités trascendentales dentro del BCP, entre ellas: Comité de Política Monetaria (CPM), el Comité de Estabilidad Financiera (CESIF), el Comité de Mercados, el Comité de Inversiones y el Comité de Inversiones del Fondo de Garantía de Depósitos.

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El vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Derlis Maidana, dijo que el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, cumple con los requisitos legales exigidos.

La decisión adoptada por el Senado se comunicará al Poder Ejecutivo y Mora podría asumir el cargo desde el próximo 15 agosto.

En la resolución firmada por el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, los senadores se solidarizan con los ciudadanos bolivianos y piden el respeto a las instituciones.

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Más temprano, el presidente de la República, Santiago Peña, también condenó las movilizaciones irregulares del ejército de Bolivia denunciadas por su par Luis Arce.

La Plaza Murillo, centro de la capital boliviana donde está la sede presidencial, fue tomada durante la tarde de este miércoles por tropas militares lideradas por Juan José Zúñiga quien amenazó con tomar la sede del gobierno.

Luego de varias horas de tensión, se retiró de la plaza y el presidente de Bolivia, Luis Arce, juramentó una nueva cúpula militar.

Zúñiga fue comandante del Ejército de Bolivia hasta hace algunos días, pero fue destituido tras polémicas declaraciones contra el expresidente Evo Morales.

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La modificación que se pretende en el artículo 173 establece que la conducta de sustracción de energía eléctrica, tipificada ya con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa, será castigada con pena carcelaria de entre dos y diez años, más el comiso de los elementos o dispositivos utilizados para el efecto.

Estipula que lo comisado será entregado como propiedad a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y que también será castigada la tentativa y quedará autorizada la persecución de oficio por parte del Ministerio Público.

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La iniciativa propone que en los hechos punibles de sustracción de energía eléctrica de manera ilegal, quede elevada la pena privativa de libertad, hasta 10 años, en los casos graves, como los de fines comerciales, industriales o alguna otra actividad lucrativa donde se abuse de una posición.

Vale indicar que otro de los planteamientos apunta al artículo 2°, que quedaría como sigue: Incautación y administración de los bienes utilizados o producidos en la realización del hecho punible previsto en el artículo 173 de la Ley Nº 1.160/1997 - Código Penal.

“El Ministerio Público Fiscal incautará los elementos utilizados y los objetos destinados a la realización o preparación del hecho punible previsto en el artículo 173 de la Ley Nº 1.160/1997 - Código Penal”, refiere, seguidamente.

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La Senabico deberá, por petición de la ANDE, asignarle a este último el uso, depósito o administración provisional de los bienes incautados.

Una vez seguidos los trámites legales por parte de dicha secretaría, el producto de la venta anticipada de los bienes incautados, luego de declarado el comiso, será también destinado a la Ande.

Tras el correspondiente debate, la plenaria se allanó a las modificaciones sugeridas y el proyecto de ley tuvo visto bueno. El documento vuelve al Senado.