Este lunes se realizaba el tercer intento de iniciar el juicio oral por una grosera sobrefacturación en la compra de un edificio para el MEC en el año 2009.

Sin embargo, los investigados lograron zafar nuevamente, gracias a la chicana de unos de los implicados, Marcos Ferreira, quien apeló la resolución que declara competente al Tribunal de Sentencia.

Las supuestas irregularidades que implican una sobrefacturación de 14.000 millones de guaraníes, se habrían producido bajo la administración del entonces ministro de Educación Luis Riart.

Los manejos desprolijos supuestamente ocurrieron con la adquisición de un edificio sobrevalorado y que además nunca fue transferido a favor del MEC, a pesar de que existía una urgencia por comprarlo.

El primer intento por iniciar el juicio fue en octubre pasado; el segundo en marzo y el tercero hoy, el cual también quedó en la nada.

Además del exministro Luis Riart y el funcionario Marcos Ferreira Basualdo, también investigan a Luis Fretes y José López Pistilli, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones y exdirector de administración de Finanzas, respectivamente.

La propuesta del evangelio para nuestra vida no puede ser como un pequeño remiendo en las malas costumbres y actitudes egoístas que nos caracterizan. El Señor desea que toda nuestra vida sea renovada. Es inútil que en una vida desenfrenada yo piense que me basta santiguarme cuando paso delante de una iglesia. La propuesta de Cristo es nacer de nuevo. Hay que buscar, con todas las formas posibles, abandonar al hombre viejo para que en Jesús seamos renovados completamente. El cristianismo no puede ser solo un adornito en nuestra podredumbre, sino que debe hacernos nuevas criaturas. Paz y bien.

A través el decreto presidencial N° 2.043, el mandatario derogó la Decreto N° 1306/2003, que establecía el cobro de dichas tasas, demostrando la postura del Gobierno de propiciar políticas públicas que fortalezcan la competitividad de nuestro país, eliminando los costos, impedimentos y obstáculos innecesarios para el desarrollo del comercio y la actividad logística, promoviendo de esta manera el desarrollo de nuestra economía y, a la postre, el bien común de todos los habitantes de la República.

Cabe mencionar que con esta decisión, el Gobierno mejorará los costos logísticos y comerciales sin implicar perjuicio alguno para la ANNP.

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“Esta tasa variaba de acuerdo con el tamaño del camión y la mercadería, entre 80 a 100 dólares por camión. Entonces al ingresar al Paraguay, 500 a 600 camiones por día, pagando cada uno USD 100 por día, estamos hablando de un monto que anualmente puede llegar a los USD 18 millones, cargados sobre las arcas de las empresas importadoras y exportadoras del Paraguay”, explicó el titular del MIC, Javier Giménez.

Agregó que con esta decisión se reduce la burocracia, para que los camiones no permanezcan mucho tiempo en las fronteras, lo que ocasiona más gasto para las empresas, permitiendo así que el comercio fluya.

Asimismo, Giménez anunció que esta es apenas una de las tantas medidas similares que el Gobierno del Paraguay estará anunciando a lo largo del año, cuidando el bolsillo del contribuyente y dotando a las industrias más incentivos para que puedan seguir invirtiendo en el país, generando mano de obra.

En marzo pasado, un Tribunal de Apelación revocó la resolución que admitió la imputación del legislador y, en ese momento, devolvió el documento al Ministerio Público a la espera de mejores argumentos.

La imputación fue nuevamente ratificada, y estuvo a cargo de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, encargada de las Unidades Penales ordinarias.

Según el Ministerio Público, luego de analizar las constancias obrantes en la carpeta fiscal, se constató la procedencia de la figura procesal solicitada por la agente fiscal, así como la existencia de elementos que hacen sospechar la existencia de hechos punibles.

Posteriormente, también los habría utilizado para acreditar su calidad de abogado ante ambas cámaras del Congreso Nacional, así como para acceder al cargo de representante y también ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según la imputación.