El local donde funcionaba el negocio ilegal era una granja, que tenía conexiones clandestinas al servicio de provisión de electricidad, y en la que se hallaron elementos de computación necesarios para la producción de monedas virtuales.

Según registros de la Ande, el robo en concepto de energía en el que incurrían los delincuentes, totalizan 10.000 millones de guaraníes. La criptominería en cuestión funcionaba las 24 horas del día, e incluso estaba blindada con potentes generadores, que se utilizaban en caso de cortes de luz o de apagones derivados del sobreuso del sistema eléctrico.

Las mineras clandestinas pululan en el Alto Paraná, en donde el negocio ilegal despertó a otro rubro delincuencial: el robo a locales ilegales que explotan la producción de criptomonedas.

En efecto, a la par de los robos de energía en que incurren las mismas, en perjuicio de la Ande, las mineras ilegales se vieron expuestas últimamente al robo de equipos costosos utilizados para hacer el dinero virtual.

Las denuncias de robos de computadoras y otros implementos de la criptominería, se ha convertido últimamente en uno más en la lista de objetivos de ladrones y asaltantes.

La criptominería consiste en la extracción de criptomonedas usando la potencia de cálculo de un ordenador. Es una actividad que requiere de enorme cantidad de energía, y en consecuencia representa un costo importante para quienes la realizan. En la actualidad solo tres empresas formales, están registrados ante la Ande, que estableció un precio diferenciado (más caro) para los que trabajan en el negocio.

La propuesta del evangelio para nuestra vida no puede ser como un pequeño remiendo en las malas costumbres y actitudes egoístas que nos caracterizan. El Señor desea que toda nuestra vida sea renovada. Es inútil que en una vida desenfrenada yo piense que me basta santiguarme cuando paso delante de una iglesia. La propuesta de Cristo es nacer de nuevo. Hay que buscar, con todas las formas posibles, abandonar al hombre viejo para que en Jesús seamos renovados completamente. El cristianismo no puede ser solo un adornito en nuestra podredumbre, sino que debe hacernos nuevas criaturas. Paz y bien.

A través el decreto presidencial N° 2.043, el mandatario derogó la Decreto N° 1306/2003, que establecía el cobro de dichas tasas, demostrando la postura del Gobierno de propiciar políticas públicas que fortalezcan la competitividad de nuestro país, eliminando los costos, impedimentos y obstáculos innecesarios para el desarrollo del comercio y la actividad logística, promoviendo de esta manera el desarrollo de nuestra economía y, a la postre, el bien común de todos los habitantes de la República.

Cabe mencionar que con esta decisión, el Gobierno mejorará los costos logísticos y comerciales sin implicar perjuicio alguno para la ANNP.

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“Esta tasa variaba de acuerdo con el tamaño del camión y la mercadería, entre 80 a 100 dólares por camión. Entonces al ingresar al Paraguay, 500 a 600 camiones por día, pagando cada uno USD 100 por día, estamos hablando de un monto que anualmente puede llegar a los USD 18 millones, cargados sobre las arcas de las empresas importadoras y exportadoras del Paraguay”, explicó el titular del MIC, Javier Giménez.

Agregó que con esta decisión se reduce la burocracia, para que los camiones no permanezcan mucho tiempo en las fronteras, lo que ocasiona más gasto para las empresas, permitiendo así que el comercio fluya.

Asimismo, Giménez anunció que esta es apenas una de las tantas medidas similares que el Gobierno del Paraguay estará anunciando a lo largo del año, cuidando el bolsillo del contribuyente y dotando a las industrias más incentivos para que puedan seguir invirtiendo en el país, generando mano de obra.

En marzo pasado, un Tribunal de Apelación revocó la resolución que admitió la imputación del legislador y, en ese momento, devolvió el documento al Ministerio Público a la espera de mejores argumentos.

La imputación fue nuevamente ratificada, y estuvo a cargo de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, encargada de las Unidades Penales ordinarias.

Según el Ministerio Público, luego de analizar las constancias obrantes en la carpeta fiscal, se constató la procedencia de la figura procesal solicitada por la agente fiscal, así como la existencia de elementos que hacen sospechar la existencia de hechos punibles.

Posteriormente, también los habría utilizado para acreditar su calidad de abogado ante ambas cámaras del Congreso Nacional, así como para acceder al cargo de representante y también ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según la imputación.