A pesar de los avances en la reglamentación de la Ley de Atención Integral a Pacientes con Cáncer aprobada por el Parlamento en diciembre de 2018, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA) sigue a la espera de respuestas, principalmente sobre la deuda por compra de medicamentos que sostiene el estado y la nómina de funcionarios que integrarían el comité técnico interdisciplinario, que tendrá a su cargo la elaboración de un listado nacional de drogas antineoplásicas y otras necesarias para los tratamientos y cuidados paliativos.

Juana Moreno, integrante de la organización, informó que la ley ya se encuentra reglamentada y el próximo 23 de enero se estaría dando a conocer con la resolución interna del Ministerio de Salud para poner en marcha la implementación de la normativa legal.

El principal cuestionamiento que realizan es la falta de representación de oncólogos del Instituto Nacional del Cáncer en la comisión que realizará el listado de los medicamentos básicos que serán incluidos para tratar a los pacientes.

“El ministro nombró a representantes de varias direcciones de salud pero no así a representantes del INCAN, lo que pedimos saber es por qué no está un oncólogo del INCAN en esta comisión asesora ya que como su nombre lo dice, serán ellos los que deberán asesorar en las nuevas estrategias que de estarán realizando con los nuevos medicamentos”, manifestó.

Moreno indicó que existe una dirección de calidad que se encuentra realizando el listado de medicamentos pero que desconocen quienes la integran. Expresó que todas las informaciones se manejan con mucho sigilo y que a pesar de que en la misma ley se establece que los integrantes de la comisión asesora deben ser oncólogos, los designados actualmente no lo son.

“Sobre esta nómina de funcionarios solo tenemos información de que integra la universidad de la plata sin darnos a entender que rol cumplen ahí y quienes serían los representantes por Paraguay”, dijo.

Desde la Asociación también presentaron varios recursos de amparo exigiendo la inclusión de ciertos medicamentos al listado básico elaborado por el Ministerio de Salud. Los medicamentos conseguidos por vía de amparo son Trastuzumab con emtansina, Anfatinib, Fulvestram, Pertuzumab.

Actualmente la Comisión Nacional Asesora se halla presidida por el ministro de salud Julio Mazzoleni, Nelson Mitsui director del INCAN, representantes de las direcciones de insumo estratégico, vigilancia de la salud, enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, la unidad reguladora de energía, la Universidad Nacional de Asunción, La Facultad de Química, representantes de Instituto de Previsión Social.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.