Por Óscar Lovera Vera, periodista

Sin embargo, no estarían en espera tanto tiempo. La policía fue precavida notificando a los funcionarios migratorios, aunque sus dudas estaban en un escape por frontera seca y en forma ilegal. No tenían garantías debido a la extensión de la frontera, al poco control y a la vulnerable moral de los controladores.

Ese dilema les hacía vacilar, si cruzaban el río no tendrían oportunidad de detenerlos a corto plazo, y las opciones no sobraban. Al contrario, faltaban ideas. Pero ahí estuvo, por efecto de la casualidad, tal vez. No corrieron más de 24 horas del doble crimen para que la voz de Rodrigo volviera a acaparar la atención, esta vez, de los que intentaban colocarle unas esposas.

Fueron varios mensajes de voz, todos hechos por él y lo envió a su grupo de amigos a través de Whatsapp. Las noticias sobre lo que hizo habían colmado los espacios informativos, necesitaba que su entorno oyera lo que tenía por decir sobre los disparos, del porqué lo hizo.

Su voz transmitía tranquilidad, algo perturbadora en el prejuicio de dos hombres muertos a tiros, a pesar de esa magnitud –Rodrigo– demostraba una templanza sin atisbo de remordimiento. Rodrigo confesó su reacción violenta excusándola como un acto de defensa a su madre. La misma a la que vio varias veces ser víctima de su padrastro. Con golpes, insultos y la tediosa carga de verla sufrir a diario.

En los tres mensajes de voz dio detalles de los perturbadores días en que su madre era maltratada, hasta el momento en que decidió abandonar a ese hombre. Lo describió como lo peor porque aquel momento fue el punto más alto de violencia, Osvaldo no la dejaría ir, nunca se lo permitió y en aquel momento no sería una excepción. Rodrigo mencionó que solo actuó para protegerla y permitirla salir de la casa, de una vez. Solo que eso no fue fácil, como lo imaginaron el minuto en que tomó la decisión de abandonarlo definitivamente.

NO LO TOMARÍAN EN SERIO
No lo creyó, para el fiscal asignado a la investigación –Alfredo Acosta– esas grabaciones eran falsas, no las tomó en serio y prefirió conducir su pesquisa en la localización del prófugo más que en el análisis de los audios, interrogar a los amigos o monitorear sus teléfonos. Nada de eso ocurrió.

De nuevo la fortuna estuvo de lado de la policía, aún sin tener de qué sostener su pesquisa, dos días después del crimen el padre de Rodrigo se entregó, el viernes 8 de marzo colocó sus dos manos frente al oficial de guardia en una estación de policías en la capital de Alto Paraná. Era temprano, y quería ganar tiempo para que Rodrigo tome la decisión de lo último que conversaron.

Su imputación por encubrir a su hijo, adelantó su voluntad de contar su versión de la situación, buscando atenuar lo que afrontaría Rodrigo más adelante, y solo, sin su protección. Al contar los detalles del momento en que lo llamó su primogénito, Óscar Fernando Florentín cerró su relato prometiendo convencer al joven de entregarse, de afrontar los cargos antes que el juez dicte su rebeldía, robusteciendo los problemas que aún no comenzaban a resolver.

EL PACTO

Óscar Florentín dejó en mano de los abogados el pacto. Ellos debían consultar por última vez la decisión de Rodrigo, aún estaba oculto, en la clandestinidad, buscando resolver las dudas que carcomían su instinto de supervivencia, no quería ir preso y estaba más que seguro que su coartada no lo ayudaría.

A las 4.00, martes 12 de marzo del 2019. Localidad de Ytakyry, Alto Paraná. Luego de dejar su automóvil en la gasolinera, Rodrigo se ocultó en el centro de esta ciudad, estaba seguro que nadie lo reconocería y así fue. Estuvo en la clandestinidad durante seis días, sin que nadie lo moleste. Esa madrugada acabaría todo. El acuerdo fue que la Policía aguardaría en un punto distante, hasta que Óscar convenza a su hijo de poner fin a la historia de sangre.

Se aseguró que el muchacho comprendiera el alcance de continuar oculto, con el tiempo no habría posición que luchar ante los jueces. Ahora, por lo menos, podrían demostrar que su madre fue sometida a maltratos e intentar demostrar que solo actuó para frenar un episodio frecuente.
MAMÁ, UNA REHÉN

Así lo entendió, Rodrigo bajó del automóvil de su padre cerca de las ocho de la mañana, luego de cuatro horas de charla. Colocó sus manos frente a él, demostrando que estaba entregado, ya no debían buscar. Le colocaron un chaleco balístico, una gorra para evitar el asecho de los periódicos y lo flanquearon dos policías, uno de cada lado del asiento. La patrulla se dirigió a la oficina fiscal en la ciudad de Hernandarias para lo que ya estaba pactado como la estrategia de sus abogados. Rodrigo se abstendría de conversar con el agente del Ministerio Público, no declararía más que unas pocas palabras a la televisión, los que esperaban agazapados en la recepción del edificio.

Tuve que cometer el crimen, mi mamá fue tomada de rehén ese día… Quería que antes de narrar al fiscal de su caso, la gente lo escuche y funcione la presión mediática para sacarlo del embrollo.

Algunos días después se presentó nuevamente a la oficina del investigador. Esta vez sí hablaría y en su versión detalló un aspecto nuevo: Osvaldo, habría encerrado en el baño a la madre de ese chico. Estaba armado con una pistola, cuando Rodrigo vio el arma decidió gatillar la suya –antes que su padrastro– para él ese hombre estaba decidido a hacerlo.

Un día antes de la entrega de Rodrigo, Dominga –su madre– relató lo mismo. Cada detalle, lo habría hecho después de obtener el alta médica. Para demostrar –con mayor decisión– su colaboración con la investigación, presentó dos armas de fuego, una pistola calibre 380 y otra, una Bersa, argentina, de 9 milímetros. La primera la utilizó para matar a Nelson, el hermano de su padrastro, la segunda para defender a su madre.

La pericia policial describía unas diecinueve vainas servidas en la escena del crimen, todas percutidas por el arma utilizada para matar. Esa pericia complicaba la situación del muchacho, desde su óptica de la defensa propia, la alevosía podría pesar en contra.

Rodrigo hizo un último comentario al fiscal, pidió que tengan en cuenta los antecedentes policiales del primero en caer, Nelson. El hombre fue llevado a prisión en dos oportunidades, por estupro en el año 2013 y luego resistencia en el año 2018.
Ahí acabó, ya no quedaban más cartuchos por percutir como estrategia, al firmar su comparecencia fue llevado ante un juez de garantías. Por el tipo de crimen le impuso una prisión preventiva, para evitar otra fuga. Rodrigo fue llevado a la cárcel de Ciudad del Este.

LAS MISMAS REJAS

El viernes 13 de setiembre de ese mismo año, una fiscal diferente –Natalia Montanía– presentó la conclusión de la investigación. La acusación estableció que Rodrigo mató a los dos hombres excluyendo la acción de defensa a su madre. La investigadora pidió que su causa llegue a juicio oral para determinar la condena, pero ello aún no ocurrió, al menos hasta el día de hoy.

El once de abril de este año, los abogados de Rodrigo pidieron que el juez revise las medidas que pesan sobre el chico, sin embargo, no lograron que revoque la prisión y aún continúa en una celda de la prisión al este de la capital.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.