José Albeto Alderete, director de la Itaipú Binacional, confirmó en conferencia de prensa que recibieron 78 denuncias puntuales contra estudiantes que recibieron la beca pero que tienen la forma de costear sus estudios universitarios. De dicha cantidad, 55 fueron constatadas y por lo tanto se tomarán medidas.

“Tengo que anunciar con el dolor en el alma que académicamente no hay problema, pero serán excluidos 55 jóvenes por la cuestión socioacadémica, porque no llenan los requisitos”, dijo.

Atendiendo que fueron más de 1.500 adjudicados (plaza inicial), no se ampliará la lista de beneficiados con la exclusión de este grupo.

Alegó que muchos consiguieron altos puntajes en la parte académica y que con eso lograron conseguir el beneficio. “La unidad de becas no cometió ningún error, solo aplicamos el espíritu de la beca. En el pasado no pasaba la parte académica la cantidad establecida, entonces se disminuía el puntaje”, intentó justificar.

Alderete aseguró que por este motivo revisarán el reglamento para garantizar que esté dirigido a gente de menos recurso económico.

26 PUNTOS PARA LOS PUDIENTES Y SOLO 20 PARA LOS POBRES

A su vez, Magnolia Mendoza, directora jurídica de la institución binacional, dijo que existen 10 factores en la evaluación socioeconómica y que cada uno recibe un punto como mínimo, por lo que cada postulante recibe 10 puntos sí o sí como base.

Evitó mencionar que hay casos como el de Rosa Maribel Samudio o de Janina Benítez que consiguieron 25 y 26 puntos respectivamente pese a que viajan al Caribe y Bariloche. En cambio algunos concursantes tienen casa con paredes de tabla y sin piso, pero solo tuvieron 20 puntos en el test socioeconómico y así fueron rechazados del proceso.

La funcionaria resaltó que al sumar los 10 puntos con el promedio académico, muchos postulantes superaron los 40 requeridos para recibir la beca.

“Hay lugares donde los trabajadores ven viviendas muy precarias, pero al encontrar una casa de material o de teja, la califican de una casa de mayor categoría. Entonces hay evaluaciones subjetivas y tenemos que corregir eso para que haya parámetros claros. Tenemos que entrenar más a los colaboradores”, dijo.

En todo momento aseguró que no se cometió irregularidad alguna, pese a que ahora son excluidas las 55 personas. Alegó que muchas de las afectadas omitieron decir cuánto era el ingreso de los padres y señaló que todas están conscientes de que el reglamento permite la exclusión al darse estas inconsistencias.

HIJOS DE POLÍTICOS Y EMPRESARIOS

Entre los llamativos casos denunciados aparece el de la hija del presidente de la seccional colorada Nº 1 local, el concejal suplente Raúl Vera. Se trata de Diana Vera (18).

También fueron beneficiados el joven Alan Diel, hijo del ingiero brasileño Luis Diel, director de Efisa Empresas Forestales SA, y la joven Milagros Martínez Almada. El primero se pasa publicando fotografías en sus redes sociales de los viajes a Estados Unidos, de sus vuelos y buceos, mientras que la segunda suele vacacionar por lugares paradisiacos como Punta Cana.

Hasta el momento no se dio a conocer la lista de los 55 excluidos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.