En el Instituto de Previsión Social (IPS) estarían tratando de concretar un nuevo “golpe” para cerrar el año y favorecer con un millonario contrato a empresas amigas con la adquisición de 4 millones de toallitas higiénicas a un precio que ronda los 30.000 millones de guaraníes, unos 4,5 millones de dólares, dejando de lado una oferta mucho más ventajosa que es casi 50% más barata que las demás.

Se trata de la Licitación Pública Nacional, convocada bajo la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 110-21 para la adquisición de insumos médicos para higienización y limpieza con solución de clorhexidina para pacientes internados de la previsional. En esta licitación se presentaron tres empresas con el mismo producto que cumplían todas las especificaciones técnicas, con la única diferencia del origen del producto.

El pasado 3 de diciembre se llevó a cabo la subasta electrónica resultando ganadora de los lances la empresa PROSALUD FARMA S.A. que ofertó por un monto total de G. 15.400.000.000 sus productos de procedencia India; en segundo lugar quedó la firma DALLAS S.A. con una oferta de G. 28.800.000.000 cuyos productos son de origen nacional y en tercer lugar se ubicó el consorcio HEALTHCARE TECHNOLOGY con un monto de G. 30.000.000.000.

La oferta ganadora de la Subasta a la Baja Electrónica es la única que se adapta al precio de referencia que tenía este llamado, que era de un mínimo de ₲ 13.660.000.000 y un máximo de ₲ 27.320.000.000.

La particularidad de esta licitación es que utiliza la modalidad de contrato abierto y se estableció que, en caso de que existan dos o más ofertas, la adjudicación se distribuirá de la siguiente forma: 60% para la oferta mejor calificada y 40% para la segunda mejor oferta calificada; la que deberá aceptar adecuar su precio al de la oferta evaluada como la más baja.

Según informaciones de fuentes consultadas en el IPS, se estaría buscando descalificar a la empresa con la mejor oferta de modo a que sean adjudicadas las dos restantes que presentan un monto similar, lo que permitiría además un mayor margen para repartir “entre los muchachos”.

Sugestiva adenda

Demás está decir que se trata de un producto que se obtiene en el mercado a precios relativamente accesibles, por lo que llama poderosamente la atención la gran diferencia entre los precios ofertados. Según se pudo observar en el portal de Contrataciones Públicas, no hubo mayores reparos en la convocatoria, aunque sugestivamente, casi sobre la hora se aplicó una adenda al Pliego de Bases y Condiciones y se realizaron modificaciones en la Sección Requisitos de calificación y criterios de evaluación, además del requisito documental para evaluar la capacidad técnica del oferente. Precisamente a este procedimiento estarían queriendo recurrir para argumentar la descalificación de la firma Prosalud Farma SA.

Especificaciones técnicas

Según las especificaciones técnicas la clorhexidina, que es el producto recomendado por las principales oficinas fiscalizadoras de productos médicos hospitalarios del mundo (FDA, CE y similares), dada su baja toxicidad, el índice de efectos colaterales locales es casi nulo y la escasa repercusión sobre el ambiente en su proceso de eliminación, es una sustancia antiséptica de acción bactericida y fungicida (que puede matar bacterias virus y otros microorganismos), creando una barrera con efecto residual, está indicado para usar en pacientes con procesos pre quirúrgicos y posquirúrgicos, pacientes hospitalizados en áreas de terapia intensiva y personas que tengan afectada su movilidad. La clorhexidina ha probado ser un antiséptico eficaz, encontrándolo superior sobre otros antisépticos, en la prevención y control de infecciones asociadas a la salud.

El pedido corresponde a un llamado de compra que se realiza en forma periódica, para un consumo estimado de 24 meses. Las especificaciones técnicas del producto solicitado corresponden a las que figuran el Vademécum Medico vigente del IPS, aprobado por la máxima autoridad de la previsional.

La versión del IPS

Consultado sobre este tema, el ingeniero Juan José Sánchez, director de Logística de Suministro de la Salud del IPS, afirmó que el llamado se halla en proceso de evaluación. “En esta etapa solo el comité de evaluación tiene acceso al estado de la misma. El comité está conformado por un equipo multidisciplinario de diferentes dependencias. Una vez que el comité evaluador culmine su informe, este es presentado al Consejo de Administración que es la máxima autoridad. Posteriormente podremos tener información sobre el resultado del proceso”, dijo Sánchez.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.