El comisario Jorge Vidallet, jefe de Investigaciones de Alto Paraná, mencionó que el cuerpo se encontró ayer en horas de la tarde. El cadáver pertenece a un hombre que hasta el momento no pudo ser identificado, presenta signos de haber sido torturado cerca de la unidad militar Batallón de Frontera.

“El cuerpo fue hallado envuelto en una manta, con cinta de embalaje, sin cabeza y con un corte profundo a la altura del abdomen, además de una nota encima. Se presume que la víctima sería Carlos Sosa Lima, de nacionalidad brasileña”, expresó a radio Ñanduti.

En el lugar se encontró una nota de amenaza contra los ‘Justicieros de la Frontera’, por parte de un nuevo grupo criminal de nombre “Crime”, que se atribuyó el hecho, manifestando que ya no permitirán actos de cobardía por parte de dicho grupo.

El jefe policial detalló que el sábado pasado los Justicieros de Frontera ejecutaron a un ciudadano brasileño, de nombre Rogerio Laurete Buosi, de 26 años, en el interior de una casa que alquilaba en el barrio Defensores del Chaco Zona Industrial de Pedro Juan Caballero.

Detalló que Bousi recibió 7 disparos en la cabeza, 3 en el brazo y uno en la mano izquierda, todos con orificio de salida. A lado del cuerpo, se encontró una nota firmada por los “Justicieros de Frontera”.

Vidallet señaló que el grupo “Crime” apareció por primera vez este lunes, lanzando una advertencia contra los “Justicieros de Frontera”, quienes operan de la misma manera, decapitando y mutilando a sus víctimas, como también disparando a quemarropa, para luego adjudicarse el hecho con una nota.

En ese sentido, indicó que este hallazgo tendría relación con el asesinato del sábado último como forma de venganza, además del paraguayo de nombre Julio Cesar Ocampos Monges, quien también se encuentra desaparecido. El mismo habría sido secuestrado el domingo último con el brasileño hallado decapitado.

Continuamente se registran casos de personas que son víctimas de acoso y hostigamiento por parte de empresas de cobranza, a fin de exigirles el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

A través de la Resolución 1733/22, la SEDECO se encuentra facultada a tomar intervención en esta clase de situaciones y recepcionar las denuncias, ya que estas se consideran como “prácticas abusivas”.

QUÉ SE CONSIDERAN “PRÁCTICAS ABUSIVAS”

Dentro de las “prácticas abusivas” se incluye cualquier tipo de comunicación (llamadas o mensajes) efectuada fuera del horario laboral (de 08:00 a 18:00 hs de lunes a viernes y de 08:00 a 12:00 hs los sábados), así también los reclamos de deudas realizados a terceras personas, sean estos familiares, allegados o personal de la empresa donde trabaja el deudor.

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Gustavo Benítez, director de Asuntos Jurídicos de la SEDECO, en contacto con HOY confirmó que varias empresas ya fueron sancionadas por este tipo de conductas que atentan contra los consumidores y usuarios, ya que pueden catalogarse como un hostigamiento.

Si bien las empresas están facultadas a hacer sus reclamos por deudas pendientes de pago, resaltó la importancia de respetar la privacidad de las personas y no caer en conductas que rozan la extorsión.

PROCESO AL HACER UNA DENUNCIA

En caso de ser víctima de un episodio de este tipo, la persona primeramente debe formalizar su reclamo ante la SEDECO y posteriormente la institución traslada dicho reclamo a la empresa denunciada para que esta dé su versión. Luego de ello, se convoca a las partes para una conciliación y, en caso de no llegar a un acuerdo, la denuncia pasa a la Dirección Jurídica para seguir su curso.

Benítez enfatizó que las firmas denunciadas tienen posibilidad de apelar una eventual sanción o presentar algún recurso para defenderse, antes de que la sanción sea aplicada por SEDECO.

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Los datos de las empresas denunciadas por hostigamiento no son divulgados sino hasta tanto la sanción quede firme y ejecutoriada, explicó. En estos casos, las multas pueden ir de 20 hasta 10.000 jornales mínimos.

CANALES HABILITADOS PARA DENUNCIAS

Las personas que deseen realizar denuncias por llamadas extorsivas pueden contactar al (0800) 118-899 o al WhatsApp 0961 940 710. Así también, se encuentran habilitadas las cuentas en redes sociales  @sedecopy y la página web www.sedeco.gov.py, en la sección “Reclamos”.

La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social obtuvo el levantamiento de un embargo por valor de 1.568.718.408 millones de guaraníes, en fecha de este miércoles 26 de junio.

El caso es en el marco del juicio caratulado “Basilio Agüero y otros contra IPS sobre ejecución de sentención año 2012 N° 459″.

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El juicio corresponde a una ejecución de sentencia a través del cual el juzgado había dispuesto el embargo de la previsional de sumas de dinero por providencia de fecha 29 de febrero del 2.012. Posteriormente el mismo Juzgado dispuso por A.I. 310 de fecha 14 de septiembre de 2012 levantar el embargo ejecutivo decretado en autos atendiendo a que los bienes del IPS son inembargables art. 530 del C.P.C y art.717 del mismo cuerpo Legal.

La Cámara de Apelación en lo Laboral por A.I. N 120 de fecha 28 de mayo del 2013 confirmó lo resuelto por el Juzgado de Primera Instancia.

En ese contexto, se resalta que por ley los bienes del IPS son inembargables y los juzgados de oficio se encuentran obligados a levantar los embargos, no pueden bajo ninguna circunstancia proceder ni autorizar embargos sobre bienes inmuebles ni dinero del IPS bajo pena de incurrir en una denuncia ante el jurado de Enjuiciamiento.

Asimismo, solo pueden pedir la inclusión en el Presupuesto del IPS en caso de llegar a la ejecución de sentencias firmes.

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Luciano Britez, quien se desempeña como peón en un establecimiento ganadero ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, denunció haber sido estafado por un supuesto agente de la Policía Nacional.

Según comentó en entrevista con Radio Imperio, había contacto con una persona que se identificó como el Suboficial Inspector Gustavo Silva para gestionar la adquisición de un arma de fuego.

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La intención de Britez era obtener el arma para poder defenderse en su lugar de trabajo, teniendo en cuenta el permanente asedio de los abigeos que eventualmente cometen fechorías en la zona.

Silva, quien prestaría servicio en el Departamento de Investigaciones de Central, le había prometido conseguirle una pistola debidamente documentada, luego de contactar con él a través de WhatsApp.

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Una vez cerrada la negociación, el peón realizó un envío de dinero vía giro por la suma de G. 9.150.000. Días después, recibió el arma solicitada por encomienda, aunque grande fue su sorpresa al ver que había recepcionado una pistola de juguete.

Britez decidió reclamar lo ocurrido al supuesto uniformado, quien acabó bloqueándolo en WhatsApp para evitar ser molestado, señala el informe.