En primer caso, puede salir sin otorgar ningún cargo fijado en el contrato (multas, pagar meses por adelantado), ya que está amparado por el artículo 426 del Código Civil, que establece “El deudor no será responsable de los daños e intereses que originan al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor”

El segundo escenario sería que el inquilino decida quedarse pagando menos. No obstante, si no llega a un acuerdo con el dueño, por oponerse a acceder a la rebaja, lo puede demandar mediante el artículo 672 del Código Civil.

Expresa “En los contratos de ejecución diferida, si sobrevinieren circunstancias imprevisibles y extraordinarias que hicieren la prestación excesivamente onerosa, el deudor podrá pedir la resolución de los efectos del contrato pendientes de cumplimiento. La resolución no procederá cuando la onerosidad sobrevenida estuviera dentro del alea normal del contrato, o si el deudor fuere culpable. El demandado podrá evitar la resolución del contrato ofreciendo su modificación equitativa. Si el contrato fuere unilateral, el deudor podrá demandar la reducción de la prestación o modificación equitativa de la manera de ejecutarlo”

Una vez terminado el proceso judicial, el juez determina el porcentaje de la exoneración.

La Ley de Emergencia brinda al inquilino la posibilidad de pagar un mínimo del 40% y financiar el 60% del saldo de los meses abril, mayo y junio en un máximo periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, hasta el 30 de junio, no puede ser desalojado.

Indemnización por Amenazas

El especialista explicó que se debe analizar profundamente la situación.

En caso de que el acreedor llame para negociar más del 40% del pago del alquiler, no es amenaza, es una presión legítima dentro del acuerdo de dos personas.

Por otra parte si el inquilino demuestra que hubo llamadas de amenazas, corte de luz y de agua, puede actuar según lo establecido en el artículo 1944 del código civil, que expresa “Quien turbare la posesión de otro o lo privare de ella, comete un acto ilícito, a menos que hubiere procedido autorizado por la ley”.

Constituye lo que se denomina una turbación de la posesión, el inquilino puede tomar acción mediante la intervención de un juez para que cesen las amedrentaciones.

Añadió en caso de que se llegue a la violencia, como un desalojo violento, el locatario puede tomar acción penal.

“Desde el punto de vista civil, la única acción que tiene el inquilino frente al propietario que lo presiona sería una acción posesoria si le quiere desalojar y pedir una indemnización de perjuicio en la misma acción posesoria que demanda, por las molestias que ha sufrido por parte del acreedor”, señaló Segura.

El inquilino afectado puede presentar su denuncia en el Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial correspondiente a la ciudad del domicilio fijado en el contrato.

Eventualmente si el despojo de la posesión es violento, es decir, rompieron ventanas, cortaron caños de agua, puede presentar denuncia de acto violento ante la Fiscalía.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.