La viceministra de Políticas Criminales del Ministerio de Justicia, Cecilia Pérez, explicó que para un recluso reciba el indulto hay una serie de coladores por los que debe pasar antes de obtener el beneficio.

La primera fase ya se cumplió y corre por cuenta de la división a su cargo, que se ocupa de elaborar un borrador del listado con los candidatos que reúnan rigurosos requisitos para el efecto.

El interno debe tener cumplida la mitad de la condena, pasar un estudio criminológico, un perfil de proyección psicológica y poseer capacidades para una rápida inserción laboral.

“Nosotros pasamos el listado a la Corte para que ellos vean el posible cumplimiento, que verifiquen si el cómputo está bien, si hay otra causa, otra condena, etc”, comentó Pérez Rivas en entrevista con la 970 AM y aclaró que esta medida no elimina los antecedentes penales.

No existe un plazo para que la Corte Suprema de Justicia responda, no obstante, siempre se busca que el proceso se resuelva para las fiestas de fin de año, aunque a veces concluye recién en los primeros días de enero.

El listado de 73 personas que probablemente se recorte en la máxima instancia judicial, luego debe regresar al Viceministerio de Políticas Criminales donde se vuelve a revisar todo y posteriormente a la Presidencia de la República, donde también pasa por un último control para finalmente confirmar la nómina.

“Intentamos que ver alguien con futuro de inserción, que consiga trabajo, que tenga una familia y un lugar a dónde ir, por si no, esos son otros factores que provocan que vuelva a cometer delitos”, afirmó.

Pérez reconoció que conceder el indulto es una lotería, puede que los reclusos se comporten bien como también que retomen su anterior vida.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.