Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, mencionó a la radio 650 AM que su institución realizó de oficio un reporte de análisis de situación, referente al tren de molienda para la Planta de Mauricio José Troche, que fue adjudicado por Petropar a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), que pertenece a Alberto Palumbo, amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

“Esta semana tiene que culminar ese proceso, tuvimos retrasos en el área Jurídica por los casos Covid-19 en este enero, pero no pasará de esta semana para contar con el reporte”, dijo y recordó que fue una intervención de oficio que se hizo para verificar algunos aspectos puntuales sobre la adjudicación, tales como el precio referencial y la experiencia de la empresa beneficiada.

Contrataciones Públicas estaría viendo si corresponde o no la apertura de una investigación de oficio que pueda llegar a cancelar o no todo el proceso, de acuerdo con Seitz.

El monto adjudicado fue de nada más y nada menos que ₲ 195.299.249.040 (USD 28,7 millones al cambio actual), cuando en el mercado brasileño este tipo de infraestructura solo tiene un costo de USD 4,6 millones, lo cual hace sospechar una posible sobrefacturación.

CÉDULAS DE GIUZZIO

Por otro lado, el entrevistado se refirió al caso de las cédulas de identidad y los pasaportes de la Dirección de Identificaciones. En ese sentido indicó que aún no recibió reportes de culminación del contrato de la institución con el Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), adjudicado en el 2017 para proveer los documentos con chips.

Hay que recordar que el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se resiste a implementar este sistema ya instalado en Identificaciones, alegando que la empresa no cede su código fuente, lo cual generará una dependencia tecnológica de la Policía con la firma adjudicada.

Mientras se subsana ese impase, la Policía realizó otra millonaria licitación y adjudicó a la vieja proveedora Winner SA la provisión de insumos para las cédulas. Esta firma incluso anunció que iba a posibilitar la expedición de cédulas con QR, pero luego suspendió esta implementación.

“En el caso de compras de insumos que hizo la Policía, los encargados reportan que hicieron compras de materiales utilizados para hacer la cédula hasta tanto se haga la reforma del sistema. Este es un servicio que nos afecta al 100% de la población, por lo cual es fundamental que este tenga un correcto funcionamiento”, destacó al respecto Seitz.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.