El medicamento biosimilar ofertado para el tratamiento oncológico para al menos 120 pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) no será proveído finalmente debido a que la adjudicación fue anulada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La decisión fue tomada en el marco de la Licitación No 121/18 del Instituto de Previsión Social, para la “Adquisición del medicamento Bevacizumab para los asegurados del IPS”, otorgada a mediados de noviembre último al Laboratorio de Producciones Éticos C.E.I.S.A.

Ante esta decisión, el proveedor del medicamento original del Bevacizumab (Avastín), Casa Boller S.A., presentó una protesta ante Contrataciones por haber adjudicado la provisión de un producto que “claramente no reúne los requisitos solicitados en el pliego de Bases y Condiciones de la licitación”, según había referido en un comunicado.

Entre los requisitos de la licitación figuró un enunciado estableciendo que “El producto biosimilar presentará certificados de registro sanitario y autorización de comercialización vigentes otorgados por las autoridades de alta vigilancia sanitaria EMA, FDA, Health Canada, ANVISA, ANMAT, así como evidencia de su comercialización efectiva en dichos países…”.

De acuerdo a la protesta, este requisito no se cumplió, ya que el biosimilar solo cuenta con certificado de ANMAT, autoridad reguladora regional, no así de las demás agencias. “Este punto de la licitación es de suma importancia para garantizar la calidad de los medicamentos para los pacientes”, sostenía el pronunciamiento, publicado el pasado 13 de diciembre.

La Resolución de la DNCP concluye mencionando que con esta decisión se retrotrae el presente proceso hasta la etapa de evaluación de ofertas y que el resultado de la nueva evaluación de ofertas deberá concluir en el plazo de 20 días calendarios a partir de la notificación de la resolución, con fecha 18 de diciembre.

Sobre la posibilidad de que IPS provea medicamentos biosimilares, la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS realizó una serie de manifestaciones en contra antes de la adjudicación al no admitir que sea utilizado en ellos fármacos de menor calidad para el tratamiento contra el cáncer.

“Quieren cambiar el Bevacizumab por un biosimilar que no reúne las garantías. Quieren comprar un medicamento de menor costo, pero que no reúne la aprobación ni certificación del FDA de los Estados Unidos ni por el EMA de Europa”, aseguró Gloria Villasanti, vicepresidenta de la Asociación.

Por su parte, el titular del IPS, Armando Rodríguez, informó que hay médicos que toman precauciones con los medicamentos biosimilares para pacientes oncológicos, “por la falta de evidencias científicas”.

El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz informó en contacto con la 970 AM que la anulación se dio tras detectarse una serie de deficiencias en el informe de evaluación de las ofertas, informe que se eleva, en el caso del IPS, al Consejo.

“Detectamos a través de la impugnación de las protestas, declaramos anulada y ordenamos la reevaluación”, indicó y aclaró que Contrataciones se focaliza en el análisis del proceso evaluativo de los informes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.