La directora de la OEI en Paraguay, Miriam Preckler, y la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, explicaron que, con ese objetivo, desarrollarán el próximo 19 de noviembre una Jornada Internacional sobre esas políticas, con la participación de expertos de varios países de la región.

El fin de ese encuentro, detalló Martínez, es “diseñar y desarrollar una política nacional de primera infancia que convoque a todos los actores involucrados”, con la “asistencia técnica” de la OEI para “equiparar nuestras políticas de primera infancia a lo que a nivel mundial se está desarrollando”.

En ese sentido, señaló la importancia de mejorar la “articulación y complementariedad” de todas las áreas involucradas, en concreto, a parte de su cartera, los ministerios de Salud y Educación, cuyos titulares, Julio Mazzoleni y Eduardo Petta, respectivamente, participarán en el evento.

Por su parte, Preckler añadió que “queremos que Paraguay sea un eje fundamental para desarrollar pilotos de programas a nivel regional” y convertirlo en “el centro de lo que es el mundo de la primera infancia a nivel iberoamericano”.

La elección de Paraguay se basa, según la representante de la OEI, en que nuestro país tiene “un potencial muy grande” de desarrollo por esa vía debido a que su población es “eminentemente joven”.

De esa manera, continuó, el resto de países de la región podrán “mirar y replicar” las políticas públicas que se desarrollen en Paraguay.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de la “inversión en la primera infancia” (de 0 a 5 años) ya que, dijo la ministra, es la etapa en la que “forjamos a ese ser humano para que se convierta en ciudadano”.

Martínez subrayó que esas iniciativas deben incidir en todos los aspectos de la vida, tanto el sanitario como el nutricional y educativo, pero también en el “nivel afectuoso” del núcleo familiar “para que sea el espacio más seguro para el desarrollo de esos niños”.

Las familias deben “recuperar su rol de afecto, educación y de cuidado de los niños”, sentenció.

Preckler y Martínez resaltaron también la necesidad de que las políticas de primera infancia lo sean de “Estado” y se desarrollen a largo plazo para que sean plenamente efectivas.

También participarán de la Jornada Internacional el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero y la Oficina de la Primera Dama, Silvana López Moreira, así como expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y España. EFE

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.