El proyecto de denomina Vivir Asunción y es presidido por el edil colorado Daniel Centurión, quien busca que niños y adultos puedan disfrutar de un sitio de esparcimiento al aire libre.

Con la ayuda de jóvenes voluntarios, este fin de semana visitarán el barrio Roberto L. Petit, donde eliminarán la basura y los criaderos del mosquito que transmite el dengue y la chikunguña.

“Últimamente hemos recepcionado pedidos sobre la necesidad de reparación de varias plazas, por eso decidimos hacer una agenda de recorridas y los fines de semana los destinaremos a llegar a las plazas más olvidadas”, expresó el concejal Centurión.

El objetivo es poder transformar al menos 15 plazas de la ciudad durante los recorridos que se realizarán todos lo sábados.

Asimismo, se tomarán todas las medidas desde la Junta Municipal de Asunción, para el orden y el aseo en estos espacios públicos.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que tomaron nota del asunto, y que toda la información actualizada se encuentra en el ámbito del Ministerio Público.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, señaló que la diferencia de cifras, puede ser consecuencia de fallecimientos posteriores que se verificaron en personas que habían sufrido heridas que desembocaron en decesos.

“No estaba manejando ese pedido de acceso a la información pública (donde se confirmó la muerte de 17 internos y un policía). Estamos trabajando con muchos pedidos de información, con el Mitic”, respondió el ministro en comunicación con la 1080 AM.

“Pudo haber ocurrido que en el día puntual se manejó ese número (once muertos en el sector de reos) y posteriormente fallecieron personas que habían sufrido heridas”, acotó. El oficial de Policía que murió en aquel episodio fue Martín Mendoza.

Los 11 fallecidos en el día de la aplicación del operativo Veneratio fueron: Los internos fallecidos son los siguientes: Hugo Javier López Godoy (25), Fernando Antonio Vera Mareco (26), José Miguel Servín Ortiz (33), Joel Sebastián Ríos Trinidad (23), César Daniel Núñez Monteggia (34), Milner Gabriel Riveros Maidana (26), Misael Paniagua Torres (28), Felipe Israel Fretes Bogado (31), Marcelo Cristaldo (32), Guillermo González (42) y Nelson David Riveros (27).

Los procedimientos realizados fueron en el transcurso de las investigaciones sobre la desaparición de un bebé de un mes de vida. La fiscala Fátima Girala de la Unidad Penal 3 es la encargada de llevar a cabo la pesquisa.

De dos casas se incautaron documentos y celulares que servirán para intentar recoger evidencias sobre el paradero del menor, señalaron en el Ministerio Público.

Tanto la madre del niño como su abuela (esta se encontraba al momento de la desaparición, de la guarda de la criatura), fueron imputadas por violación del deber de cuidado y de las reglas de adopción.

La mamá de la criatura fue identificada como Laura Beatriz Fernández, quien dio a luz el pasado 17 de mayo en el hospital Barrio Obrero, de Asunción. Los médicos les dieron de alta el 29 de mayo.

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Laura Beatriz, dice el informe, afirma que convenció a su suegra Lourdes Coronel de hacer entrega del bebé a un hombre supuestamente identificado como Gustavo Barrios, quien se encuentra desaparecido junto al niño.

Al mismo le atribuyen la paternidad del bebé, y supuestamente tenía la intención de criarlo junto a su actual esposa, que tiene problemas para concebir hijo. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Policía pudieron hasta ahora dar con el sujeto mencionado.

Una de las hipótesis construida por la Fiscalía es que el chico pudo haber sido víctima de tráfico de menores con fines de adopción.

En una conferencia de prensa convocada para responder sobre el informe de la Contraloría General de la República, respecto al destino de los 500.000 millones de guaraníes obtenidos en bonos, el intendente Óscar Rodríguez dio su descargo.

“No hemos encontrado ninguna acción penalmente relevante, no habla de malversación ni de lesión de confianza ni de daño patrimonial ni de ningún tipo de delito. Lo que menciona en su dictamen es que nosotros no tenemos la potestad o no podemos utilizar la figura de la cuenta única”, explicó Rodríguez.

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Entre los cuestionamientos, mencionó, la Contraloría dice que la ley orgánica municipal es una legislación especial que se encuentra por encima de la ley 5097/2013. Sin embargo, para Rodríguez, no existe ningún precedente que establezca que una ley esté por encima de otra.

“Nosotros no hemos salido del marco legal ni un solo milímetro y no hemos dejado de responder una sola consulta hecha por la Contraloría General de la República”, insistió el intendente.

También rechazó el hecho de que la cuenta única tenga que estar ligada al Banco Central del Paraguay como lo indica la Contraloría. Aseguró que esta no es una obligación.

Para el intendente, la cuenta única permite el uso de los recursos en las necesidades que presente el municipio, como en este caso, para el financiamiento de las obras.

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