El Anexo C de Itaipú sienta las bases financieras de la entidad binacional, entre ellas, los egresos, por lo tanto, al disminuir la deuda, también debería bajar el precio la tarifa de la energía, como de hecho pretende Brasil.

Sin embargo, los números no son la única variable de la negociación. También aparece el componente político, donde rigen cuestiones de mercado y donde por ende, se necesita un equilibrio para evitar una descomposición brusca, según explicó a radio Uno el asesor de Itaipú, Sasha Evreinoff.

“A Paraguay le conviene mantener una tarifa alta, porque Brasil consume el 80 % de la energía y los ingresos se dividen en 50 y 50 “, comentó Evreinoff. Recordó que el Anexo C establece que no puede existir lucro, por lo tanto, esos ingresos deben transformarse en gastos sociales.

Las decisiones se toman de manera conjunta y a lo largo de los años la tarifa vino bajando, aunque no en montos muy significativos, por lo que en ese periodo, las decisiones se tomaron a nivel del Consejo de Administración. Allí se introdujo la figura de los gastos sociales, a fin de mantener una tarifa que beneficie a ambos socios. A medida que descendía, era derivada a los gastos sociales.

Sin embargo, en el 2022 bajará a 600 millones de dólares año y habrá que decidir qué hacer con ese dinero y qué destino darle en caso de que se resuelva mantener la tarifa, pues no puede quedar como ingreso o lucro de los socios fundadores.

LAS OPCIONES

Para Evreinoff, una opción potable es la redacción de una nota reversal, en la que se contemple un fondo de contigencia para situaciones de emergencia como la registrada este año con la escasez de agua, la cual impidió que se produzca la cantidad de energía suficiente, la cual puede acarrear pérdidas a Eletrobras y a la ANDE, que son las empresas que contratan la potencia.

También podrían utilizarse para otro tipos de emergencia. “Supongamos que no tenemos agua y se descompone una de las turbinas, Itaipú no va a tener recursos para solucionar inmediatamente, deberá acceder a créditos para reparar, y si nosotros contamos con esos fondos de contingencia podríamos solucionar”, sugirió Evreinoff.

POR QUÉ BRASIL ACEPTARÍA MANTENER LA TARIFA

En 1972, Brasil planteó que la distribución de energía sea del 80-20, es decir, el 80 % de energía para Brasil y el 20 % para el Paraguay. Sin embargo, la firma fue por el 50-50 de los derechos de la energía, aunque con la distribución y el uso del 80-20, con la diferencia de que Brasil compra el 30 % correspondiente a nuestro país, que de hecho, no tiene en qué utilizarlo.

“Brasil aceptaría porque nosotros le podemos seguir garantizando el uso del 80-20, pero existen varios componentes, entre ellos, el puente Carmelo Peralta- Puerto Murtinho que le favorece más a Brasil que a Paraguay y está pagando Itaipú, entonces, que nosotros hagamos una inversión para que ellos puedan sacar todos sus productos, es una estrategia nacional”, opinó el asesor.

“Le habilitamos un paso al producto brasilero para que cruce del Atlántico al Pacífico y viceversa, eso hace que le podamos pedir al Brasil mantener la tarifa, te ayudamos a traer tus productos y ayudanos vos con esto”.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el canciller nacional, Euclides Acevedo; el titular de la ANDE, Félix Sosa y el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, integran la delegación que viajó hoy a Brasilia, donde se reunirán con Jair Bolsonaro, a fin de defender la postura paraguaya de mantener la tarifa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.