La Dra. Patricia Luraschi, directora de Insumos del Ministerio de Salud, confirmó que el nuevo tomógrafo del Hospital Distrital de Caaguazú, cuya inversión fue de G. 4,1 mil millones, sigue empaquetado y por ende sin funcionar. La empresa Distribuidora Ypacarai (Dysa Healthcare), que resultó adjudicada para la provisión, aún no realizó la instalación de la maquinaria.

La autoridad sanitaria detalló en entrevista con el canal GEN que esta adquisición forma parte de una licitación del Ministerio de Salud que inició en el 2021 y finalizó en el 2023, luego de varios inconvenientes. El 5 de diciembre de 2023 se firmó el contrato con la firma adjudicada y la orden de compra para la instalación se realizó el 29 de diciembre.

La empresa fue adjudicada para proveer un tomógrafo para el HospitalNacional de Itauguá, otro para Encarnación, para Ciudad del Este y Caaguazú. En los dos primeros sitios mencionados ya están en funcionamiento, mientras que en CDE ya fue instalado pero se están ultimando los últimos procesos técnicos. En tanto que, en Caaguazú aún no funciona.

“En Caaguazú tuvimos un inconveniente y se tuvo que solicitar un nuevo transformador de la ANDE, porque el instalado no soportaba la carga del tomógrafo. Eso demoró su tiempo, pero de igual manera la empresa está atrasada y por eso le intimamos para el cumplimiento del contrato. La empresa tenía 120 días corridos para la entrega e instalación de los equipos, ahora ya tiene un atraso de 120 días”, indicó Luraschi.

Con la intimación hecha por el Ministerio de Salud, la empresa vinculada al senador Luis Pettengill Vacca tiene un plazo para cumplir con su obligación. Si nuevamente incumple, se puede activar el mecanismo para suspender el contrato, pero eso de vuelta implicará una demora en la instalación de un tomógrafo en el sitio, por lo que se están agotando todas las instancias para que el equipo finalmente funcione, de acuerdo con la entrevistada.

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El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, recibe hoy a los docentes que anuncian un paro de actividades este jueves y viernes, justo los dos últimos días antes de las vacaciones de invierno.

La medida de fuerza es en protesta contra el proyecto de ley del Servicio Civil y de la Función Pública, que establece los mecanismos y méritos para ingresar a un cargo público.

“Esto no corre para los educadores ni para los de blanco porque tienen otro modelo. Está claramente establecido que aquellos que ya tengan un sistema como los maestros que tienen un sistema, no están incluidos”, explicó el ministro Ramírez en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

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El titular del MEC considera que lo que existe es una desinformación y anunció que hoy mismo se reunirá con los gremios, por un lado para tratar este asunto y, durante la tarde para dar continuidad a la conversación sobre la carrera docente.

La ley de la función pública estipula que el concurso público es la única vía de ingreso a la función pública, salvo los casos regulados de otra manera, constitucional o legalmente.

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Refieren que el esquema se relaciona a la triangulación de cocaína que sale de Perù, transita por Paraguay y luego se traslada a territorio brasileño.

La Policìa Federal de Brasil interceptò llamadas y mensajes de narcotraficantes que alternan operaciones entre el vecino país y Paraguay.

La pesquisa se refiere a acciones perpetradas por los hermanos Marcel y Valder Martins, acusados de ser dos referentes de alto perfil en el mundo del narcotráfico.

Las investigaciones de la Policía Federal en la Operación Prime,destapò el esquema de narcotráfico internacional que involucra a los hermanos Martins —capos de la droga asentados en Dourados, en sociedad con la agrupaciòn que opera en la frontera entre Brasil y Paraguay, el clan Mota, liderado por el prófugo Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, alias Motinha.

Valter menciona haber hecho un posible acuerdo – dice una parte del informe de la PF- con policías de Paraguay, que es una posible referencia al pago de sobornos.

El diario Correio do Estado, menciona que una de las conversaciones de Valter Ulisses Martins, de 27 años, quien junto a su hermano, Marcel Martins Silva, dirigía el esquema desde las mansiones donde viven en Dourados, los federales identificaron una conversación con un miembro de la banda, en la que afirma haber tenido un “problema con la policía paraguaya” y que tuvo que llegar a un acuerdo de US$ 300.000 (R$ 1,67 millones al cambio actual) con la policía paraguaya.

“Ya he firmado la aceptación de esas renuncias, se le ha dado trámite administrativo, ya no hay vuelta atrás de esa situación”, confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

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El legislador reveló que, de 33 funcionarios sumariados, uno fue destituido, dos renunciaron (los hijos de los legisladores) y los demás están a las resultas de lo que decida la justicia.

La eventual recuperación del dinero cobrado por estas personas de manera indebida, según la imputación, quedará a cargo de la investigación, según Latorre.

Latorre asegura que, el ecrito de la Fiscalía sostiene con claridad que no se registró ningún hecho de nepotismo durante su administración, a la par de descartar todas las denuncias presentadas en contra de su Presidencia.

Elías Godoy y Danna Giménez están imputados por cobro indebido de honorarios, por haber percibido millonarios salarios sin acudir a sus lugares de trabajo.

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