Al inicio de su discurso, el presidente de la República, Santiago Peña, habló de la forma en que encontró el país al asumir el cargo en agosto de 2023. Al respecto, dijo que recibió un “Estado a la deriva”.

“Recibimos un país donde, durante el último periodo de gobierno, no solo se estancó la reducción de la pobreza, sino que incluso aumentó, con un 25.5% de pobreza total y un 6.1% de pobreza extrema en el 2022. Volvió la improvisación en el nombramiento de cargos públicos estratégicos, y el fantasma de la corrupción se enseñoreó nuevamente. Encontramos instituciones del Estado abandonadas al azar y a la desidia, muchas con duplicación de funciones y trabajando descoordinadamente, desperdiciando esfuerzos y recursos que son financiados por los impuestos de todos los paraguayos”, expresó Peña.

Sobre el punto, añadió que “se creyó que el Estado es una máquina que funciona con piloto automático”, lo cual fue un craso error conceptual. “El Estado precisa de un liderazgo que encause constantemente sus acciones hacia el servicio a las personas, que busque siempre mejorar para servir mejor, precisa de personas capaces, preparadas y, sobre todo, comprometidas y entusiasmadas con el desafío de lograr un país mejor. Muchas de las conquistas logradas en años anteriores se perdieron”, indicó.

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Peña dijo haberse encontrado con regresiones en casi todas las instituciones, poniendo de ejemplo: el caso de Petropar, donde de dejar 200 millones de dólares en caja y combustibles baratos para la ciudadanía, se pasaron a “aguas tónicas de oro” y una entidad “para los amigos”.

Sostuvo que asumió el gobierno con una economía creciendo apenas un 0.2% el año anterior, una deuda de más de USD 600 millones en salud y obras públicas no registradas dentro del déficit fiscal heredado, además de una descomunal suma despilfarrada en pandemia que “–hoy lo sabemos dolorosamente— simplemente no llegó a la gente”.

“Descubrimos también, tristemente, algo denominado “la República de Tacumbú”, un Estado aparte gobernado por criminales, y un total abandono del sistema penitenciario con graves implicancias en la seguridad ciudadana, el microtráfico, el narcotráfico y otros delitos orquestados desde las penitenciarías. ¿Quién permitió esto, y para beneficiar a quién?”, enfatizó.

Asimismo, mencionó que en el 2020, la Resolución 142 de la SENAD dispuso el “cierre permanente” de la DIAFT, liberando el control de los puertos privados y dejando sin efecto las fiscalizaciones en tránsito fluvial y sus bases en puertos privados.

Detalló al respecto que como resultado de la relajación de los sistemas de control y la inacción de las instiuciones del Estado, entre enero del 2020 y septiembre del 2022, de un total de 47,538 kilos de cocaína incautados, más del 90% fueron incautaciones internacionales, es decir, pasaron sin ser detectados en Paraguay por los controles que debían de haber estado en funcionamiento. “Ni siquiera nuestra banca central, siempre celoso líder en institucionalidad, quedó a salvo: vimos cómo se instrumentaron nuestras instituciones con fines meramente políticos”, lamentó.

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Por otra parte, calificó de “recurso más preciado” a la Itaipú Binacional, donde indicó que se encontraron con actas secretas, y qué en dos años consecutivos se había cedido ante las pretensiones de Brasil, causando una pérdida de ingresos de alrededor de $1000 millones en tres años. Sí, $ 1000 millones.

“No solo perdimos cinco años en ese proceso tan promisorio de institucionalización que arrancó hace veinte años, sino que retrocedimos mucho, décadas incluso; y eso es algo que ya no lo podemos permitir. Duele decirlo, pero hay que decirlo: este es el país que encontramos. El patriotismo no es solo portar una bandera y cantar el himno; el amor al país se demuestra peleando por sus intereses, por su soberanía y por su independencia con todas nuestras fuerzas, y no entregándolos a otros países, a la corrupción o, como en el caso de nuestras penitenciarías: al crimen organizado”, subrayó Peña.

Resaltó que conscientes del estado de la nación recibido, su gobierno se propuso con firmeza reencausar el camino, y volver a ese proceso de modernización, lucha contra la pobreza y encarar las grandes reformas que todavía faltan.

El hecho ocurrió este martes en el barrio Kokue Guazú, zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora, la pareja salió y al regresar a su vivienda, encontraron la macabra escena.

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Belén Ortiz, dueña del perrito, denunció a través de sus redes sociales y pidió la colaboración ciudadana para encontrar al responsable del terrible acto.

Contó que salieron con su pareja a realizar algunas gestiones, y en esas dos horas que se ausentaron ingresaron a su domicilio, derramaron agua caliente a su perro y lo decapitaron.

“No había mucha sangre, pero sí salpicaduras, su carita estaba completamente quemada y sin pelitos. Los policías vinieron y nos dijeron que aparentemente se le derramó agua caliente”, expresó la mujer.

Relató que además de Tomás, tienen otros dos perros, quienes no presentan heridas, pero sí estaban asustados y desorientados.

Belén sospecha que fue un vecino quien cometió el acto, por lo que, ahora buscan otra vivienda para mudarse con su pareja y sus otras mascotas.

El comunicado refiere que la actualización de las tarifas de energía eléctrica correspondiente al Grupo de Consumo Intensivo Especial (Criptominerías), están amparadas en la Ley N° 966/64 “Carta Orgánica de la ANDE” y en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 7824/2022 de fecha 16 de septiembre de 2022,.

Cabe mencionar que teniendo en cuenta el aumento reciente en el costo de compra de potencia de la Itaipú Binacional, la Ande procedió a actualizar las tarifas de este grupo de consumo, circunstancia prevista en todos los contratos vigentes.

“Esta actualización de las tarifas (de 9% a 16%) responde a una tarifa técnica, evitando así el subsidio de todos los paraguayos a los usuarios que realizan actividades de criptominería”, aclara la Ande.

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RESPUESTA A SALIM BUZARQUIS

El senador Enrique Salim Buzarqui acusó “a los altos directivos de la ANDE que con complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”.

Al respecto, la Ande rechazó categóricamente las expresiones señaladas, “las cuales carecen de elementos objetivos” que puedan demostrar fehacientemente tal extremo.

“Esta administración se ha caracterizado por instalar un combate frontal en la persecución de este tipo de hechos punibles, en especial a las instalaciones que desarrollan la actividad de criptominería de manera ilegal”, expresa el comunicado.

Como “prueba irrefutable” de lo señalado, la Ande expuso la existencia de 71 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica en todo el territorio nacional, originadas en denuncias promovidas ante el Ministerio Público, procedimientos en los cuales se incautaron más de 9.410 procesadores de datos, 24 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados para la obtención ilegal de la energía eléctrica.

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Asimismo, la Ande mencionó la modificación del artículo 173° del Código Penal Paraguayo, a fin de criminalizar la sustracción de energía eléctrica elevando la pena privativa de libertad hasta 10 años, proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

“Estas actuaciones vienen a rebatir por completo las aseveraciones esgrimidas por el citado parlamentario y demuestran la firme decisión Institucional en combatir en forma decidida este flagelo que ocasiona un grave perjuicio patrimonial a la Institución y afecta considerablemente la calidad y confiabilidad del servicio brindado a la ciudadanía”, resalta el ente.

Se trata del proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley N° 3728/09 ‘Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas paraguayas naturales o naturalizadas, adultas mayores en situación de pobreza’ y su ampliación la Ley N° 6381 ‘Que modifica y amplía la Ley N° 3728/09 ‘Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”, además de otras iniciativas similares presentadas por los senadores.

Al respecto, el senador Derlis Osorio, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, resaltó que, en esta instancia legislativa se analizaron los proyectos relacionados a la pensión de adultos mayores y propuso que las consideraciones finales se realicen en 15 días, mientras se aguardan los informes de las instituciones pertinentes.

Por su parte, el senador Líder Amarilla, presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, planteó constituirse en comisión y analizar el proyecto para avanzar. Asimismo, destacó que ya se realizaron más de 10 mesas de trabajo y existe una necesidad de los adultos mayores para aprobar esta normativa.

A su turno, la senadora Yolanda Paredes, una de las proyectistas, dijo que hace bastante tiempo se viene analizando y tratando de unificar las diferentes propuestas legislativas, a fin de buscar que los adultos mayores puedan acceder este beneficio.

En tanto, el legislador Juan Carlos Galaverna (h) mocionó postergar el estudio en particular por 30 días. La propuesta fue aprobada por el Pleno del Senado.