El agente fiscal de la Unidad Penal n.°2 de Luque, Jorge Escobar, formuló imputación en contra de Lidia María Olimpia Vázquez (68), por la supuesta comisión de un hecho de hurto del que resultaron víctimas sus empleadores, Sergio Armando Sosa Ferreira (40) y Verónica Carolina Adorno Rosa (39).

El hecho investigado habría sido descubierto el pasado viernes, a las 12:10 horas aproximadamente, en una vivienda ubicada en la compañía Mora Cué de la ciudad de Luque. Personal policial se constituyó en la casa, donde fueron recibidos por el propietario quien denunció que tenía un faltante de dinero por lo que revisaron entre las pertenencias de la empleada doméstica, específicamente en una riñonera tipo mochilita, donde encontraron la suma de G. 11.260.000.

En prosecución al hecho se trasladaron hasta la vivienda de la empleada donde se encontraba su pareja, quien entregó la suma de dinero de G. 128.223.000, totalizando así la suma recuperada de G. 139.483.000.

La mujer y las evidencias quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías de turno. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la imputada.

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“Como abogado tengo la obligación de esperar siempre lo peor. Pero, en este caso particular no es tan dramático lo que expone la Contraloría, porque es una cuestión de interpretación. Lo que sí reconoce es que existe es la caja única y que solamente el Ejecutivo lo puede utilizar. A mí modo de ver, se integran mal las normas”, manifestó el abogado Benito Torres, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

El abogado mencionó que la Contraloría olvidó el artículo 178 de la Carta Orgánica Municipal que señala que en el sistema administrativo de la institución se aplica la ley de administración financiera, donde se prevé la utilización de la caja única.

Agregó que la Contraloría hizo una “interpretación aislada” de la norma jurídica.

Asimismo, indicó que lo realizado por la Contraloría fue un informe parcial y lo que corresponde es que se examine el ejercicio del 2022 y 2023, cuya ejecución goza de una presunción de validez con la aprobación de la Junta Municipal.

“No podemos criminalizar todas las conductas. En el informe en ningún lado se denota la existencia de un hecho punible o daño patrimonial. Lo que se dice es que no se puede utilizar la caja única. Acá no existe desvío de fondos, cada centavo que se utilizó fue de acuerdo al Presupuesto General de Gastos, aprobado por la Junta Municipal”, subrayó el abogado.

Sobre las acciones a ser tomadas por la Municipalidad, dijo que se solicitará el avocamiento del Tribunal de Cuentas para el análisis de la rendición y la posibilidad de plantear una reconsideración ante el informe presentado.

La fiscal de Caacupé, Noelia Montanía, en su acusación señaló que Jan Patrick Delmás Peña, alias Jani, empresario de 49 años, el 15 de enero de 2024 a las 20:30 horas transitaba a bordo de su vehículo camioneta Audi por la ruta que une San Bernardino con Luque. Al llegar a la altura del Km 39, en la zona de la colonia Heriberta Matiauda, cerca de la cancha Sol de Mayo, el rodado que iba a una velocidad superior a la permitida (40 Km/h, según el cartel de señalización en el lugar), perdió el control y arrolló a la señora Irma Beatriz Galeano, quien se encontraba cruzando la ruta.

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La mujer falleció minutos después debido a los golpes que recibió en el percance.

La pericia desarrollada por el perito de la Policía Nacional remarca que el señor Delmás Peña tuvo un manejo imprudente e inobservó el cartel de señalización que indica la velocidad máxima permitida en el lugar, como así el reductor de velocidad, por lo que no tuvo control o el dominio sobre el vehículo conducido, en ese sentido se puede decir que el factor humano influyó en el resultado del hecho.

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El empresario acusado se trata del hijo del expresidente del Club Olimpia, Eduardo Delmás.

El Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la empresa Equifax firmaron un acuerdo para el intercambio de datos que permita la creación de perfiles crediticios más precisos.

Al respecto, el viceministro Gustavo Giménez indicó que el intercambio de información ayudará a la creación de productos crediticios que beneficien a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El convenio se trata de un punto de partida para desarrollar una nueva plataforma para este segmento económico, beneficiando tanto a las empresas como a sus trabajadores. Por lo que resaltó que el MIC y Equifax están comprometidos a trabajar en conjunto para implementar esta plataforma, utilizando la tecnología y los datos disponibles.

Entre sus objetivos, el acuerdo contempla la cooperación para fomentar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas, brindar apoyo a las mipymes para su formalización e inserción en el mercado, además de capacitaciones y asesorías.