El comisario César Diarte, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, confirmó que la detención de Julio César Chiovetta Oviedo, de 41 años de edad, se dio en la tercera compañía de Capiatá.

El jefe policial comentó que el empresario tenía previsto salir del país, específicamente hacia la Argentina. “Tenía todo ya, solamente estaba esperando a la persona que le iba a trasladar hasta la frontera”, indicó Diarte en conversación con la 1020 AM.

Puede interesar: Construcción del Gran Hospital del Sur avanza a buen ritmo y entra a su etapa final

El mismo quedará a cargo de la Fiscalía, mientras que su hijo Brian Jeremy Ezequiel Chiovetta Paniagua, de 23 años de edad, quien sigue prófugo, se entregaría a la Justicia en las próximas horas.

“El señor no niega la participación en el hecho. Inclusive colaboró muchísimo y cada vez tenemos más datos importantes sobre el caso”, agregó el comisario Diarte.

Lea también: EmpleaPy: anuncian nuevas vacantes con salarios de hasta Gs. 7.000.000

Tanto padre e hijo serían los financiadores e ideólogos del asalto a la casa de cambios Fénix, ubicada en Villa Morra, donde se perpetró el asalto tipo comando en el que también se produjo un enfrentamiento con la Policía Nacional, el pasado 18 de junio.

Cabe recordar que los supuestos autores del asalto fueron identificados Amado Urunaga Cohene, de 52 años, con antecedente por robo agravado; Alcides Herrera Acosta, de 44 años; y Víctor David Paredes Benítez, de 45 años. Todos ellos están siendo buscados por las autoridades.

María Denis, de la Articulación de Ollas Populares, confirmó que hace siete meses no reciben insumos para las ollas populares, hecho que también afecta a otras organizaciones del departamento Central y también del interior del país.

“No nos dicen nada, no sabemos qué pasó con el presupuesto de este año, nadie da la cara. Las veces que nos reunimos solo recibimos evasivas y el ministro Tadeo Rojas desde que asumió, no nos recibió y los que sí nos recibieron, no tiene respuesta alguna a nuestro reclamo”, expresó la entrevistada a Gen/Nación Media. Acotó que nunca recibieron dinero sino alimentos no perecederos establecidos en 14 ítems, de los cuales están el arroz, harina, fideo, poroto, locro “de malísima calidad y no en cantidad”, calificó.

Sobre ese punto, indicó que agotaron todas las instancias y realizaron las denuncias correspondientes, pero no hubo cambios. Asimismo, citó que son cerca de 600 comedores a nivel país, equivalentes a 70 mil platos de comidas, que deberían recibir los alimentos no perecederos.

En ese contexto, la mujer señaló que “sacan de sus bolsillos” el dinero para continuar con la alimentación de las comunidades que, en su mayoría, son recicladores y trabajadores informales, pero actualmente ya no pueden solventar y están sin cocinar con las ollas vacías.

Así también, mencionó la vigente Ley N° 6645 de comedores y centros comunitarios, que por un manual operativo que no se soluciona por la inoperancia del MDS, las comunidades pasan hambre. “A dos años de la ley aprobada, todavía no funciona”, lamentó.

El hecho ocurrió este martes en el barrio Kokue Guazú, zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora, la pareja salió y al regresar a su vivienda, encontraron la macabra escena.

Te puede interesar: En motocicleta intentaron raptar a una menor de 9 años en Villarrica, denuncian

Belén Ortiz, dueña del perrito, denunció a través de sus redes sociales y pidió la colaboración ciudadana para encontrar al responsable del terrible acto.

Contó que salieron con su pareja a realizar algunas gestiones, y en esas dos horas que se ausentaron ingresaron a su domicilio, derramaron agua caliente a su perro y lo decapitaron.

“No había mucha sangre, pero sí salpicaduras, su carita estaba completamente quemada y sin pelitos. Los policías vinieron y nos dijeron que aparentemente se le derramó agua caliente”, expresó la mujer.

Relató que además de Tomás, tienen otros dos perros, quienes no presentan heridas, pero sí estaban asustados y desorientados.

Belén sospecha que fue un vecino quien cometió el acto, por lo que, ahora buscan otra vivienda para mudarse con su pareja y sus otras mascotas.

El comunicado refiere que la actualización de las tarifas de energía eléctrica correspondiente al Grupo de Consumo Intensivo Especial (Criptominerías), están amparadas en la Ley N° 966/64 “Carta Orgánica de la ANDE” y en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 7824/2022 de fecha 16 de septiembre de 2022,.

Cabe mencionar que teniendo en cuenta el aumento reciente en el costo de compra de potencia de la Itaipú Binacional, la Ande procedió a actualizar las tarifas de este grupo de consumo, circunstancia prevista en todos los contratos vigentes.

“Esta actualización de las tarifas (de 9% a 16%) responde a una tarifa técnica, evitando así el subsidio de todos los paraguayos a los usuarios que realizan actividades de criptominería”, aclara la Ande.

Puede interesar: Senado aprueba pensión para adultos mayores: estudio en particular dentro de un mes

RESPUESTA A SALIM BUZARQUIS

El senador Enrique Salim Buzarqui acusó “a los altos directivos de la ANDE que con complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”.

Al respecto, la Ande rechazó categóricamente las expresiones señaladas, “las cuales carecen de elementos objetivos” que puedan demostrar fehacientemente tal extremo.

“Esta administración se ha caracterizado por instalar un combate frontal en la persecución de este tipo de hechos punibles, en especial a las instalaciones que desarrollan la actividad de criptominería de manera ilegal”, expresa el comunicado.

Como “prueba irrefutable” de lo señalado, la Ande expuso la existencia de 71 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica en todo el territorio nacional, originadas en denuncias promovidas ante el Ministerio Público, procedimientos en los cuales se incautaron más de 9.410 procesadores de datos, 24 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados para la obtención ilegal de la energía eléctrica.

Lea también: “No es tan dramático lo que expone Contraloría”, dicen desde la Muni de Asunción

Asimismo, la Ande mencionó la modificación del artículo 173° del Código Penal Paraguayo, a fin de criminalizar la sustracción de energía eléctrica elevando la pena privativa de libertad hasta 10 años, proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

“Estas actuaciones vienen a rebatir por completo las aseveraciones esgrimidas por el citado parlamentario y demuestran la firme decisión Institucional en combatir en forma decidida este flagelo que ocasiona un grave perjuicio patrimonial a la Institución y afecta considerablemente la calidad y confiabilidad del servicio brindado a la ciudadanía”, resalta el ente.