En los últimos días se dio a conocer la resolución adoptada por un juzgado de la ciudad de Itakyry, que resolvió la “autorización provisoria de funcionamiento” de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS) - filial Ciudad del Este.

La jueza firmante del documento, Eresmilda Román Paiva, remitió la comunicación formal al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), a fin de solicitar la habilitación “como medida de urgencia” de dicha carrera en la citada universidad privada.

La decisión fue duramente cuestionada por el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), que reprochó la injerencia judicial en ámbitos académicos que competen a la formación de futuros profesionales de la salud.

Antecedentes: Cones suspende habilitación de nuevas carreras de Medicina

“De este instrumento judicial se denota de manera inequívoca una falta de conocimiento de los procesos y mecanismos que deben ser evaluados para el funcionamiento de una carrera de Medicina”, menciona el comunicado divulgado por el gremio. Sobre el punto, aclara que, primeramente, debe contar con la debida habilitación del CONES para ser ofertada a los estudiantes.

POSICIÓN DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad Autónoma San Sebastián (UASS) también sentó postura tras la polémica y, a través de otro comunicado, afirma que decidió recurrir a un amparo constitucional para solicitar la habilitación de la carrera en la filial de CDE “ante la demora excesiva e infundada del CONES” para resolver la cuestión.

Catalogan a esta demora del consejo como “una omisión manifiestamente ilegítima, que lesiona gravemente los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y las leyes que precautelan a la UASS y a los estudiantes”, entre ellos la igualdad, la no discriminación, el acceso a la Educación Superior y la autonomía universitaria, entre otros.

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En otro punto del comunicado, la casa de estudios sostiene haber cumplido estrictamente con todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior para obtener la habilitación de la carrera de Medicina, proceso que ya lleva 7 años en curso sin una definición por parte del ente rector.

APELACIÓN DEL CONES

Desde el CONES adelantaron que apelarán la decisión emanada por el juzgado de Itakyry, pues se mantienen en su posición de no autorizar el funcionamiento de dicha carrera en la filial de la UASS Ciudad del Este por no cumplir con las exigencias requeridas.

El agente fiscal de la Unidad Penal n.°2 de Luque, Jorge Escobar, formuló imputación en contra de Lidia María Olimpia Vázquez (68), por la supuesta comisión de un hecho de hurto del que resultaron víctimas sus empleadores, Sergio Armando Sosa Ferreira (40) y Verónica Carolina Adorno Rosa (39).

El hecho investigado habría sido descubierto el pasado viernes, a las 12:10 horas aproximadamente, en una vivienda ubicada en la compañía Mora Cué de la ciudad de Luque. Personal policial se constituyó en la casa, donde fueron recibidos por el propietario quien denunció que tenía un faltante de dinero por lo que revisaron entre las pertenencias de la empleada doméstica, específicamente en una riñonera tipo mochilita, donde encontraron la suma de G. 11.260.000.

En prosecución al hecho se trasladaron hasta la vivienda de la empleada donde se encontraba su pareja, quien entregó la suma de dinero de G. 128.223.000, totalizando así la suma recuperada de G. 139.483.000.

La mujer y las evidencias quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías de turno. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la imputada.

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Al respecto, indicó que, como es habitual cada año en estas fechas, se aplicarán las sanciones correspondientes a los conductores que no estén al día con las habilitaciones de sus rodados, muchas de las cuales vencieron ayer, 30 de junio.

Así también, para las multas por las diferentes infracciones cometidas, el monto total a ser abonado por cada infracción es deducido a partir del jornal mínimo actual que es de G. 107.627.

Por otra parte, los conductores deben asegurarse de contar con tres documentos esenciales:

La habilitación municipal vigente

La Caminera hace hincapié en que la mayoría de estas habilitaciones expiraron el 30 de junio, lo que significa que, desde hoy, 1 de julio, los conductores deben circular con la habilitación renovada. Se insta a quienes aún no hayan realizado este trámite a hacerlo con urgencia para evitar sanciones.

Licencia de conducir al día

La Patrulla Caminera verifica su vigencia quinquenal (Cada 5 años). Es crucial que los conductores porten la licencia correspondiente al tipo de vehículo que manejan.

Habilitación de la Dinatran

Los vehículos de carga o transporte de pasajeros, se requiere la habilitación de la Dinatran (Dirección Nacional de Transporte), según lo estipulado por la normativa vigente.

Por otra parte, la institución menciona uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, es que la habilitación municipal no está incluida en la aplicación Portal Paraguay, utilizada para almacenar digitalmente otros documentos como el registro de conducir, cédula de identidad policial y cédula verde. Por lo tanto, es imprescindible que los conductores porten físicamente este documento en sus vehículos.

Las consecuencias de no cumplir con esta normativa son severas.

Según el Artículo 106 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 5.016/2.014, la multa por no portar, carecer o tener vencida la habilitación municipal asciende a 5 jornales mínimos, lo que equivale a G. 538.135 (reajuste incluido). Además, el vehículo quedará demorado hasta que se regularice la situación.

La Patrulla Caminera enfatiza que mantener la documentación al día es responsabilidad de cada conductor. Esto no solo evita multas, sino que contribuye a la seguridad vial general. Para aclarar dudas sobre trámites y actualizar documentos, se insta a los ciudadanos a contactar con sus respectivas municipalidades, asegurando así un tránsito sin contratiempos por las rutas nacionales

La información se dio a conocer, tras avenirse Armando Vera Ferrer (locatario) a lo resuelto por la justicia, que ordenó el desalojo por mora en el pago de alquiler.

Tras recibirse las llaves de los locales que conforman el negocio, para el IPS se abre un frente de disputa con la misma persona y otros que están implicados en el pleito: el cobro de la duda de 8.800 millones de guaraníes que tienen con la previsional.

¿Cuál fue el escenario para que la empresa Digital Entertainment dejara de pagar alquiler sin recibir presión de la directiva del IPS? Esa es la pregunta que deben responder los responsables del anterior gobierno, que dejaron la cancha libre para que la empresa facturara millonarias ganancias, sin honrar las deudas que mantenían.

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Este caso es uno de los tantos que afecta a la previsional, y que implica a funcionarios de la anterior administración.

José González, director jurídico del IPS, señaló que la firma desalojada, subarrendaba locales, cobrando normalmente, pero sin pagar ellos a la previsional.

“Le notificamos que deben hacer su pago en la cuenta del IPS, algo que debía hacerse hace años, pero que no se hizo. Ahora se pusieron en contacto los inquilinos para seguir contrato con nosotros. Ellos pagaban puntualmente sus alquileres, pero esta empresa no rendía cuentas al IPS”, dijo González.