Miembros de la bancada Honor Colorado encabezaron este miércoles una conferencia de prensa, en la cual Sebastián Schuff y María Anne Quiroga, del Global Center for Human Rigths, revelaron los potenciales conflictos de intereses que surgen del financiamiento condicionado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ese sentido el presidente del Global Center For Human Rights, Sebastián Schuff, advirtió que “oenegés muy bien financiadas se aprovechan para usar el sistema y la CIDH trata de doblegar al Paraguay para legalizar el aborto”.

Explicó que hubo jugadas en varias oportunidades pero que no prosperaron, sin embargo, resaltó que actualmente el organismo internacional tiene a su cargo caso Beatriz, una mujer de El Salvador que reclama la interrupción de su embarazo de alto riesgo para su salud y la malformación congénita de su bebé. Según Schuff, con este caso se pretende convertir al aborto a un derecho humano obligatorio, y lo quieren imponer a todos los países, inclusive al Paraguay, ya que son las mismas organizaciones internacionales proaborto las que financian estos reclamos.

El Global Center for Human Rights (GCHR) es una ONG de derechos humanos con sede en Washington DC. La misma viene exponiendo sistemáticamente de cómo las grandes ONG usurparon la CIDH y la Corte IDH  e influencian a muchos gobiernos de Latinoamérica para impulsar el negocio del aborto y la ideología de género.

Es por ello que esta organización presentó en la fecha un informe en el Senado de Paraguay, en la Asamblea General de la OEA 2024, donde denunció este financiamiento del SIDH.

Casos de financiamiento condicionado

De acuerdo a la investigación de GCHR, la Corte IDH elabora en promedio once sentencias y menos de una opinión consultiva al año. En este contexto, la atención a las temáticas indicadas en proyectos financiados por AECID es llamativamente desproporcionada, según publica el diario de Derecha Argentina.

En 2016, la agencia española aportó fondos para el proyecto de “Protección de víctimas y personas pertenecientes a grupos vulnerables a través de medidas provisionales y resolución de casos contenciosos sobre alegada discriminación por orientación sexual y garantías del debido proceso”, y ese mismo año la Corte IDH se abocó en dos ocasiones a la resolución de casos contenciosos sobre “discriminación por orientación sexual”, alineándose de este modo a la temática del proyecto financiado. En dicho año, la Corte IDH “alegó el incumplimiento de obligaciones inexistentes en los tratados acerca de la llamada «orientación sexual e identidad de género”, cuando condenó a Colombia en el marco del Caso Duque”, y a Ecuador en el Caso Flor Freire.

Otro caso de financiamiento condicionado de la Corte por parte de AECID, nuevamente, aparece en el informe financiero 2018, en un acuerdo por USD 313.350 para el “Mantenimiento de las capacidades de la Corte IDH para resolver casos y opiniones consultivas que contribuyan a la protección de grupos vulnerables, a través de la emisión de estándares sobre medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas, deberes de especial protección de las niñas y los niños, asilo, violencia sexual y no discriminación por orientación sexual y por identidad de género, y para difundir audiencias de casos y opiniones consultivas”. Consecuentemente, durante ese periodo se elaboraron tres opiniones consultivas sobre medio ambiente, no discriminación por orientación sexual e identidad de género y asilo.

Conflictos de interés e inseguridad regional

La investigación realizada por la ONG de derechos humanos alerta sobre la gravedad que conllevarían los potenciales conflictos de interés, ya que algunas organizaciones internacionales que apoyan a la Corte IDH o a la CIDH también financian a las partes peticionarias de casos de litigio estratégico en el sistema.

Un ejemplo de esta irregularidad es la contribución regular que la Fundación Ford a realizado en favor de la Comisión, mientras financia a la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, la cual fue una de las organizaciones peticionarias en el caso «Manuela vs. El Salvador» (según reconocieron las dos de las organizaciones que representan a la parte peticionaria). El conflicto de interés se evidencia nuevamente en el caso «Beatriz vs. El Salvador», que tiene por parte peticionaria a la misma agrupación.

Algo similar parece suceder con la Fundación Heinrich Böll, del partido político alemán Los Verdes, que impulsa una agenda socialista, ecologista y de género, y que desde 2017 financia proyectos de la Corte y apoya a aquella misma agrupación peticionaria.

En relación al Caso Beatriz, Schuff sostiene que “allí se juega la credibilidad de todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. GCHR y otras entidades advierten que el Pacto de San José de Costa Rica es el fundamento de la existencia de la Corte IDH, y este mismo tratado consagra en su artículo 4° el derecho a la vida “a partir del momento de la concepción”. En este caso, la Corte IDH debe decidir si las autoridades de El Salvador obraron bien al procurar el cuidado de las dos vidas, la de la madre y la de su beba, y evitar así que se sometiera a un aborto a una madre con la excusa de terminar con la vida de su beba, que padecía una malformación.

El Salvador está obligado a respetar tanto el Pacto, que reconoce como personas con iguales derechos a Beatriz y a su hija Leilani, como a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que impediría discriminar a la pequeña Leilani por su grave discapacidad.

Más de cincuenta negociadores en los diferentes grupos técnicos discutirán cuestiones relativas al Acceso a Mercado de Bienes, Reglas de Origen, Comercio de Servicios, Obstáculos Técnicos al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, además de reuniones de Jefes Negociadores.

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La apertura estuvo a cargo de la viceministra de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos Ruíz, quien reiteró el carácter prioritario de esta negociación para el Paraguay, y el compromiso del Mercosur de seguir trabajando para su pronta culminación.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Paraguay resalta la importancia de que el bloque tenga una amplia red de acuerdos comerciales, en particular, luego de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Singapur, es clave mirar a regiones emergentes trascendentes a nivel global, como el Medio Oriente y el Sudeste Asiático, incluyendo así mismo a países como los Emiratos Árabes Unidos.

La delegación del Paraguay está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.

Lideran las demás delegaciones del Mercosur, la consejera Verónica López Gilli, de la República Argentina, el embajador Philip Fox Drummond Gough, de la República Federativa de Brasil y la ministra consejera Paola Repetto en representación de la República Oriental del Uruguay.

En tanto que, la delegación de los Emiratos Árabes Unidos es liderada por su Jefe Negociador, Juma Al Kait, subsecretario adjunto de Comercio Internacional del Ministerio de Economía.

La jueza de garantías Cynthia Lovera decretó el sobreseimiento definitivo de Marcello Fretes, a pedido del Ministerio Público.

Con esta resolución de la jueza, Fretes quedará desvinculado del caso y se le levantarán todas las medidas impuestas.

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Cabe recordar que en esta misma causa, la jueza Cynthia Lovera elevó a juicio oral a Héctor Iván Grau por supuesta lesión grave.

Benjamín Zapag fue brutalmente golpeado en la madrugada del 6 de noviembre de 2022, en el interior del baño de una discoteca de Asunción. Tuvo que ser operado con urgencia por una fractura mandibular y, posteriormente, recibió una reconstrucción.

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Según la acusación, fue Héctor Grau fue el que aplicó los golpes que le produjeron la lesión a Zapag. Por su parte, Fretes habría tenido una participación en el hecho, pero la Fiscalía no pudo atribuirle el hecho penal de lesión grave.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Cones, Federico Mora, presentaron una acusación ante el JEM, contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva.

La jueza había resuelto la “autorización provisoria de funcionamiento” de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS) - filial Ciudad del Este.

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La magistrada remitió la comunicación formal al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), a fin de solicitar la habilitación “como medida de urgencia” de dicha carrera en la citada universidad privada.

La decisión fue duramente cuestionada por el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), que reprochó la injerencia judicial en ámbitos académicos que competen a la formación de futuros profesionales de la salud.

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Por su parte, la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS) también sentó postura tras la polémica y, a través de otro comunicado, afirma que decidió recurrir a un amparo constitucional para solicitar la habilitación de la carrera en la filial de Ciudad del Este “ante la demora excesiva e infundada del CONES” para resolver la cuestión.

Tras la polémica, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Alto Paraná, revocó la medida de amparo de la Universidad Autónoma San Sebastián.