Cruising en Parque Ñu Guasu: ¿Podría ser un acto exhibicionista?

Desde que tomó estado público la convocatoria para cruising en el parque Ñu Guasu, las autoridades del establecimiento buscan dar con los responsables, además de anunciar acciones del tipo penal. Sin embargo, surgió la duda de si dichos actos son considerados exhibicionismo o no.

La convocatoria para cruising (sexo en espacios públicos) en el parque Ñu Guasu sigue danto de qué hablar y esta vez se adentra en el ámbito penal, de si existe un delito que penalice tales actos.

Al respecto, la abogada Cecilia Pérez explicó que nuestro país no tiene un código de faltas o contravenciones para delitos menores y, en cuanto a la actuación penal sobre actos exhibicionistas, indicó que se busca proteger la afectación a terceros. “Al momento de tener relaciones sexuales en un lugar público o donde se corra el riesgo de ser pillado, no hay exhibicionismo propiamente en ese mismo momento. Cuando se publica sería una autopuesta en riesgo de la intimidad, ya que ellos mismos subieron los videos. Ahí uno se entera que lo hicieron en un lugar público”, expresó en diálogo con la 1080 AM, demostrando que en el caso del cruising, la afectación a terceros surge solo después de que los participantes deciden publicar los videos en redes sociales.

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A su criterio, llamar exhibicionismo al cruising es ‘demasiado estirado’, ya que la afectación a terceros tiene que ser en el momento y no posterior. Como ejemplo de tales actos citó un hombre que muestra su miembro viril a niñas o adolescentes, o que se masturbe en la vía pública en plena presencia de personas. “El objetivo ahí sí es afectar a un tercero”.

En esa línea, reiteró que el cruising en el Ñu Guasu se supo cuando tomó estado público mediante las redes sociales, por lo que no hubo exhibicionismo, si bien hubo un riesgo de que personas lo vean, no existió la afectación. “No nos íbamos a enterar si no se publicaban los videos”, acotó.

Como ya existe el antecedente, la abogada manifestó que autoridades del parque deben tomar medidas administrativas para evitar que vuelva a suceder. “No se puede cargar al sistema penal para tapar una negligencia y evitar que no vuelvan a pasar en lugares públicos”. Asimismo, señaló que no hay una norma o reglamentación para los actos moral y éticamente sancionables.

QUÉ DICE EL ARTÍCULO 132

Artículo 132. - Actos exhibicionistas. 1°. - “El que realizara actos obscenos que ofendan el pudor de las personas de manera a inquietar o agraviar de modo relevante a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o multa”.

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Grupos de “Ollas Populares” protestan por falta de insumos hace 7 meses: “Pasamos hambre”

Organizaciones de ollas populares se manifiestan frente al Ministerio de Desarrollo Social (MSD) a fin de exigir la entrega de insumos para continuar con el sostenimiento de unos 600 comedores a nivel país.

María Denis, de la Articulación de Ollas Populares, confirmó que hace siete meses no reciben insumos para las ollas populares, hecho que también afecta a otras organizaciones del departamento Central y también del interior del país.

“No nos dicen nada, no sabemos qué pasó con el presupuesto de este año, nadie da la cara. Las veces que nos reunimos solo recibimos evasivas y el ministro Tadeo Rojas desde que asumió, no nos recibió y los que sí nos recibieron, no tiene respuesta alguna a nuestro reclamo”, expresó la entrevistada a Gen/Nación Media. Acotó que nunca recibieron dinero sino alimentos no perecederos establecidos en 14 ítems, de los cuales están el arroz, harina, fideo, poroto, locro “de malísima calidad y no en cantidad”, calificó.

Sobre ese punto, indicó que agotaron todas las instancias y realizaron las denuncias correspondientes, pero no hubo cambios. Asimismo, citó que son cerca de 600 comedores a nivel país, equivalentes a 70 mil platos de comidas, que deberían recibir los alimentos no perecederos.

En ese contexto, la mujer señaló que “sacan de sus bolsillos” el dinero para continuar con la alimentación de las comunidades que, en su mayoría, son recicladores y trabajadores informales, pero actualmente ya no pueden solventar y están sin cocinar con las ollas vacías.

Así también, mencionó la vigente Ley N° 6645 de comedores y centros comunitarios, que por un manual operativo que no se soluciona por la inoperancia del MDS, las comunidades pasan hambre. “A dos años de la ley aprobada, todavía no funciona”, lamentó.


Buscan a criminal que quemó y decapitó a un perro en Fernando de la Mora

Una pareja denuncia que su perro Tomás fue asesinado por un desconocido que ingresó a su vivienda. La mascota de 9 años fue hallado decapitado y con lesiones por quemaduras. Apelan a los vecinos con circuito cerrado para dar con el responsable.

El hecho ocurrió este martes en el barrio Kokue Guazú, zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora, la pareja salió y al regresar a su vivienda, encontraron la macabra escena.

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Belén Ortiz, dueña del perrito, denunció a través de sus redes sociales y pidió la colaboración ciudadana para encontrar al responsable del terrible acto.

Contó que salieron con su pareja a realizar algunas gestiones, y en esas dos horas que se ausentaron ingresaron a su domicilio, derramaron agua caliente a su perro y lo decapitaron.

“No había mucha sangre, pero sí salpicaduras, su carita estaba completamente quemada y sin pelitos. Los policías vinieron y nos dijeron que aparentemente se le derramó agua caliente”, expresó la mujer.

Relató que además de Tomás, tienen otros dos perros, quienes no presentan heridas, pero sí estaban asustados y desorientados.

Belén sospecha que fue un vecino quien cometió el acto, por lo que, ahora buscan otra vivienda para mudarse con su pareja y sus otras mascotas.


Tarifas especiales para criptominerías: ANDE responde a expresiones de Buzarquis

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) emitió un comunicado para aclarar lo concerniente a la tarifa y condiciones especiales para el sector de criptominerías. El pronunciamiento también contesta a las declaraciones “carentes de elementos” del senador liberal, Enrique Salim Burzarquis.

El comunicado refiere que la actualización de las tarifas de energía eléctrica correspondiente al Grupo de Consumo Intensivo Especial (Criptominerías), están amparadas en la Ley N° 966/64 “Carta Orgánica de la ANDE” y en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 7824/2022 de fecha 16 de septiembre de 2022,.

Cabe mencionar que teniendo en cuenta el aumento reciente en el costo de compra de potencia de la Itaipú Binacional, la Ande procedió a actualizar las tarifas de este grupo de consumo, circunstancia prevista en todos los contratos vigentes.

“Esta actualización de las tarifas (de 9% a 16%) responde a una tarifa técnica, evitando así el subsidio de todos los paraguayos a los usuarios que realizan actividades de criptominería”, aclara la Ande.

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RESPUESTA A SALIM BUZARQUIS

El senador Enrique Salim Buzarqui acusó “a los altos directivos de la ANDE que con complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”.

Al respecto, la Ande rechazó categóricamente las expresiones señaladas, “las cuales carecen de elementos objetivos” que puedan demostrar fehacientemente tal extremo.

“Esta administración se ha caracterizado por instalar un combate frontal en la persecución de este tipo de hechos punibles, en especial a las instalaciones que desarrollan la actividad de criptominería de manera ilegal”, expresa el comunicado.

Como “prueba irrefutable” de lo señalado, la Ande expuso la existencia de 71 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica en todo el territorio nacional, originadas en denuncias promovidas ante el Ministerio Público, procedimientos en los cuales se incautaron más de 9.410 procesadores de datos, 24 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados para la obtención ilegal de la energía eléctrica.

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Asimismo, la Ande mencionó la modificación del artículo 173° del Código Penal Paraguayo, a fin de criminalizar la sustracción de energía eléctrica elevando la pena privativa de libertad hasta 10 años, proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

“Estas actuaciones vienen a rebatir por completo las aseveraciones esgrimidas por el citado parlamentario y demuestran la firme decisión Institucional en combatir en forma decidida este flagelo que ocasiona un grave perjuicio patrimonial a la Institución y afecta considerablemente la calidad y confiabilidad del servicio brindado a la ciudadanía”, resalta el ente.