Desde la Comandancia de la Policía Nacional se preparan para la entrada en vigencia de la ley que habilita al uso de los dispositivos electrónicos en personas beneficiadas con arresto domiciliario.

Las tobilleras se incorporan a hechos punibles previstos en el Código Penal y Código de la Niñez y Adolescencia, para hechos como violencia doméstica, familiar, contra la mujer y contra los niños.

La Oficina Interinstitucional estará conformada por el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional. El proceso se cumplirá en estos dos meses venideros.

Los beneficiados con estos dispositivos deberán para por el alquiler de estos, a menos que se declaren insolventes, situación que deberá demostrarse con documentos y testigos calificados.

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En cuanto a los costos aproximados, todavía no fueron definidos, pero será otro ítem que se conocerá en estos 60 días, teniendo en cuenta que, el Estado no comprará los equipos, sino que será un servicio tercerizado.

Todos traen un sistema de seguridad sensible a los golpes o hechos violentos que tengan la intención de desactivar el dispositivo. Estos intentos pueden ser detectados por el sistema de monitoreo, ante lo cual, la Policía puede constituirse en el domicilio para la verificación. De constatar la tentativa de remoción, el procesado o condenado puede perder el privilegio de forma definitiva y tener que ir a la cárcel en lugar de guardar reclusión en su casa.

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María Denis, de la Articulación de Ollas Populares, confirmó que hace siete meses no reciben insumos para las ollas populares, hecho que también afecta a otras organizaciones del departamento Central y también del interior del país.

“No nos dicen nada, no sabemos qué pasó con el presupuesto de este año, nadie da la cara. Las veces que nos reunimos solo recibimos evasivas y el ministro Tadeo Rojas desde que asumió, no nos recibió y los que sí nos recibieron, no tiene respuesta alguna a nuestro reclamo”, expresó la entrevistada a Gen/Nación Media. Acotó que nunca recibieron dinero sino alimentos no perecederos establecidos en 14 ítems, de los cuales están el arroz, harina, fideo, poroto, locro “de malísima calidad y no en cantidad”, calificó.

Sobre ese punto, indicó que agotaron todas las instancias y realizaron las denuncias correspondientes, pero no hubo cambios. Asimismo, citó que son cerca de 600 comedores a nivel país, equivalentes a 70 mil platos de comidas, que deberían recibir los alimentos no perecederos.

En ese contexto, la mujer señaló que “sacan de sus bolsillos” el dinero para continuar con la alimentación de las comunidades que, en su mayoría, son recicladores y trabajadores informales, pero actualmente ya no pueden solventar y están sin cocinar con las ollas vacías.

Así también, mencionó la vigente Ley N° 6645 de comedores y centros comunitarios, que por un manual operativo que no se soluciona por la inoperancia del MDS, las comunidades pasan hambre. “A dos años de la ley aprobada, todavía no funciona”, lamentó.

El hecho ocurrió este martes en el barrio Kokue Guazú, zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora, la pareja salió y al regresar a su vivienda, encontraron la macabra escena.

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Belén Ortiz, dueña del perrito, denunció a través de sus redes sociales y pidió la colaboración ciudadana para encontrar al responsable del terrible acto.

Contó que salieron con su pareja a realizar algunas gestiones, y en esas dos horas que se ausentaron ingresaron a su domicilio, derramaron agua caliente a su perro y lo decapitaron.

“No había mucha sangre, pero sí salpicaduras, su carita estaba completamente quemada y sin pelitos. Los policías vinieron y nos dijeron que aparentemente se le derramó agua caliente”, expresó la mujer.

Relató que además de Tomás, tienen otros dos perros, quienes no presentan heridas, pero sí estaban asustados y desorientados.

Belén sospecha que fue un vecino quien cometió el acto, por lo que, ahora buscan otra vivienda para mudarse con su pareja y sus otras mascotas.

El comunicado refiere que la actualización de las tarifas de energía eléctrica correspondiente al Grupo de Consumo Intensivo Especial (Criptominerías), están amparadas en la Ley N° 966/64 “Carta Orgánica de la ANDE” y en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 7824/2022 de fecha 16 de septiembre de 2022,.

Cabe mencionar que teniendo en cuenta el aumento reciente en el costo de compra de potencia de la Itaipú Binacional, la Ande procedió a actualizar las tarifas de este grupo de consumo, circunstancia prevista en todos los contratos vigentes.

“Esta actualización de las tarifas (de 9% a 16%) responde a una tarifa técnica, evitando así el subsidio de todos los paraguayos a los usuarios que realizan actividades de criptominería”, aclara la Ande.

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RESPUESTA A SALIM BUZARQUIS

El senador Enrique Salim Buzarqui acusó “a los altos directivos de la ANDE que con complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”.

Al respecto, la Ande rechazó categóricamente las expresiones señaladas, “las cuales carecen de elementos objetivos” que puedan demostrar fehacientemente tal extremo.

“Esta administración se ha caracterizado por instalar un combate frontal en la persecución de este tipo de hechos punibles, en especial a las instalaciones que desarrollan la actividad de criptominería de manera ilegal”, expresa el comunicado.

Como “prueba irrefutable” de lo señalado, la Ande expuso la existencia de 71 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica en todo el territorio nacional, originadas en denuncias promovidas ante el Ministerio Público, procedimientos en los cuales se incautaron más de 9.410 procesadores de datos, 24 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados para la obtención ilegal de la energía eléctrica.

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Asimismo, la Ande mencionó la modificación del artículo 173° del Código Penal Paraguayo, a fin de criminalizar la sustracción de energía eléctrica elevando la pena privativa de libertad hasta 10 años, proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

“Estas actuaciones vienen a rebatir por completo las aseveraciones esgrimidas por el citado parlamentario y demuestran la firme decisión Institucional en combatir en forma decidida este flagelo que ocasiona un grave perjuicio patrimonial a la Institución y afecta considerablemente la calidad y confiabilidad del servicio brindado a la ciudadanía”, resalta el ente.