El blanco del ataque era considerado el ‘padrino’ de la frontera, y el que, con su filosofía criminal mantenía el ‘equilibrio’ de ilícitos en la zona. Los mandantes del asesinato eran las cúpulas del PCC y del Comando Vermelho, bandas enemigas que para esa ocasión, sellaron un acuerdo temporal para eliminar a Rafaat e iniciar la ocupación de territorios en los que el mismo imperaba.

Esta es la línea argumental de la investigación llevada a cabo por la Red O Globo, sobre la incursión de las dos poderosas bandas criminales brasileñas en Paraguay, país al que consideran clave por su ubicación geográfica, así como por la riqueza del suelo para extender plantaciones de marihuana (además de pistas para avionetas clandestinas).

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La insólita sociedad firmada por el PCC y el CV para eliminar a Rafaat, marcó el inicio de un proceso de cohabitación entre los carteles en nuestro país que, en Brasil, mantenían una guerra abierta tanto afuera como dentro de las cárceles, sitios desde donde se organizan, planifican y remiten órdenes de ejecución de delitos y crímenes.

Esa coexistencia entre los grupos criminales no quedó en el episodio Rafaat. Desde esa ocasión, surgieron evidencias de coordinación en algunos ítem del negocio narco. Ejemplo de ello son los envíos de toneladas de cocaína a Europa, verificados durante el gobierno anterior. Algunos de los cargamentos de cocaína que cayeron, tenían unos detalles llamativos inicialmente: había partidas de paquetes de la droga con una imagen distintiva, otras con diferentes imágenes. La explicación de los investigadores fue contundente: las imágenes distintivas correspondían a carteles narco diferentes (PCC, Comando Vermelho, Cartel del Norte, Bala na Cara, etc.) que conforman “cooperativas” para envíos de sus drogas.

En un reportaje publicado por el semanario colombiano La Semana, revelan que el asesinato de Marcelo Pecci fue fruto de un consorcio (la ‘cooperativa’) de bandas criminales que realizaron una “vaquita” para juntar dos millones de dólares para perpetrar el magnicidio.

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A través el decreto presidencial N° 2.043, el mandatario derogó la Decreto N° 1306/2003, que establecía el cobro de dichas tasas, demostrando la postura del Gobierno de propiciar políticas públicas que fortalezcan la competitividad de nuestro país, eliminando los costos, impedimentos y obstáculos innecesarios para el desarrollo del comercio y la actividad logística, promoviendo de esta manera el desarrollo de nuestra economía y, a la postre, el bien común de todos los habitantes de la República.

Cabe mencionar que con esta decisión, el Gobierno mejorará los costos logísticos y comerciales sin implicar perjuicio alguno para la ANNP.

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“Esta tasa variaba de acuerdo con el tamaño del camión y la mercadería, entre 80 a 100 dólares por camión. Entonces al ingresar al Paraguay, 500 a 600 camiones por día, pagando cada uno USD 100 por día, estamos hablando de un monto que anualmente puede llegar a los USD 18 millones, cargados sobre las arcas de las empresas importadoras y exportadoras del Paraguay”, explicó el titular del MIC, Javier Giménez.

Agregó que con esta decisión se reduce la burocracia, para que los camiones no permanezcan mucho tiempo en las fronteras, lo que ocasiona más gasto para las empresas, permitiendo así que el comercio fluya.

Asimismo, Giménez anunció que esta es apenas una de las tantas medidas similares que el Gobierno del Paraguay estará anunciando a lo largo del año, cuidando el bolsillo del contribuyente y dotando a las industrias más incentivos para que puedan seguir invirtiendo en el país, generando mano de obra.

En marzo pasado, un Tribunal de Apelación revocó la resolución que admitió la imputación del legislador y, en ese momento, devolvió el documento al Ministerio Público a la espera de mejores argumentos.

La imputación fue nuevamente ratificada, y estuvo a cargo de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, encargada de las Unidades Penales ordinarias.

Según el Ministerio Público, luego de analizar las constancias obrantes en la carpeta fiscal, se constató la procedencia de la figura procesal solicitada por la agente fiscal, así como la existencia de elementos que hacen sospechar la existencia de hechos punibles.

Posteriormente, también los habría utilizado para acreditar su calidad de abogado ante ambas cámaras del Congreso Nacional, así como para acceder al cargo de representante y también ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según la imputación.

En entrevista con Universo 970 AM de Nación Media, el senador Orlando Penner, manifestó que uno de los grandes proyectos en el que viene trabajando desde hace años es cómo resolver la falta de agua en el Chaco Paraguayo.

Al respecto, sostuvo que se están implementando técnicas en grandes superficies para la captación y reservorio de agua, logrando importantes avances, pero que todavía son insuficientes.

Sostuvo que las cooperativas menonitas años atrás ya vienen hablando de un proyecto para llevar agua del río Paraguay al Chaco Central, mediante la construcción de un canal a cielo abierto.

Señaló que los primeros que sufren la falta de agua son los de menor recursos del Chaco, quienes se verían beneficiados con este proyecto que será no solo para el consumo humano, sino también para uso múltiple.

Penner indicó que desde el Partido Colorado le garantizaron el apoyo para todas las iniciativas referente al desarrollo del Chaco Paraguayo.