El Sistema 911 de la Policía Nacional a partir de hoy impulsa un nuevo plan para gestionar las denuncias vinculadas a casos de violencia familiar.

La Crio. María Achucarro, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comentó al canal GEN que la campaña “Hay excusas que matan” tiene como premisa la protección integral de las familias, como parte del nuevo programa anunciado por el Gobierno Nacional.

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“Hay una necesidad de que seamos conscientes, es un flagelo que necesita que le demos un tratamiento de forma integral y de que todos nos ocupemos”, expresó.

Uno de los ejes involucra a la institución policial a través del Sistema 911, donde se recepcionan las denuncias sobre casos de violencia familiar. Posterior a la llamada, se asignará una patrullera para acudir rápidamente a la vivienda.

De igual manera, la víctima puede acudir hasta la comisaría más cercana o a cualquier juzgado de paz para formalizar su denuncia y pedir ayuda, de modo a articular las acciones necesarias.

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Achucarro enfatizó la necesidad de no minimizar ningún episodio de violencia o agresión en la casa, ya sea física o psicológica, pues cada caso merece una atención oportuna para evitar futuras tragedias. A su vez, pidió que los vecinos también se involucren y tomen intervención.

“Queremos hacer una inmediata atención a los hechos de violencia porque ya no queremos tener víctimas”, puntualizó.

William Wilka, gerente de Petropar, informó que la disminución de precios rige desde las 14:00 de este miércoles en todas las estaciones de servicios de Petropar.

La tabla queda así:

Diesel Porâ: antes costaba G. 7.740 y ahora G. 7.440

Diesel Mbarete: antes G. 9.540 y ahora G. 9.240

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“Fácilmente con esta baja podemos aguantar hasta mediados de septiembre. De acuerdo a cómo esté la cotización internacional, si todo va bien, podemos continuar o no para entonces”, explicó Wilka, en una entrevista con la emisora 1020 AM.

El gerente recordó que, esta es la tercera vez que Petropar baja los precios en un periodo de 10 meses. La reducción de esta ocasión es del 4 % respecto al valor anterior.

Las instrucciones del presidente Santiago Peña, según Wilka, indican que, apenas exista un margen, se traslade ese beneficio a la ciudadanía.

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En un esfuerzo conjunto por preservar y promover el valioso patrimonio histórico de Humaitá, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Secretaría Nacional de Turismo (SNC), la Municipalidad de Humaitá y la Gobernación de Ñeembucú, iniciaron un trabajo colaborativo interinstitucional para coordinar acciones en torno a la conservación y promoción del emblemático sitio.

Durante el encuentro, los técnicos de las instituciones realizaron un recorrido de verificación de las ruinas de la Iglesia San Carlos Borromeo y el Museo, el ex cuartel del Mariscal Francisco Solano López, además del centro histórico de la ciudad, lo que permitió evaluar el estado actual de los lugares y determinar las acciones necesarias para su adecuada conservación y promoción.

Como resultado de la jornada, se establecieron lineamientos para un Plan de Acción enfocado en la conservación preventiva y la promoción del sitio como destino turístico.

El objetivo principal es proteger el valor histórico y cultural de Humaitá, asegurando su preservación para las futuras generaciones. Asimismo, se busca impulsar su potencial turístico, atrayendo a más visitantes y educando al público sobre la importancia histórica del lugar.

Diego Rafael Amarilla Lugo vendía rifas comerciales, con el fin de generar ganancias. Tenía a su disposición una estructura, integrada incluso por extranjeros, quienes salían a las calles de la ciudad de Caaguazú a vender rifas.

Lugo no contaba con la autorización del municipio caaguaceño ni de la Conajzar para dedicarse a esta actividad. Dejaba al arbitrio suyo los sorteos y la entrega o no de los premios.

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“La rifa se llamaba pukavy, realmente se reían de la gente, opuka entérogui, porque no se tenía la certeza de entregar los premios”, explicó el titular de Conajzar, Carlos Lisera, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Por este hecho denunciado en el año 2018, Amarilla Lugo fue condenado a un año y seis meses de prisión, según lo dispuso el Tribunal integrado por los jueces Luis OVelar Ledezma, Lilian Godoy de Segovia y Víctor Vera.

La ley 416/2012 establece una pena de 5 años a las personas que se dedican a explotar clandestinamente juegos de azar, es decir, sin permiso de la autoridad competente.