La invitación es para este miércoles 5 de junio, a partir de las 11:00 horas, y será recibida por la plenaria de la Cámara de Diputados, previa declaración de un cuarto intermedio, durante la sesión ordinaria de la fecha.

Cabe mencionar que la convocatoria es en el marco del “rechazo de Paraguay al acuerdo propuesto por la OMS, se basa en las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, donde las respuestas globales, a menudo, carecieron de la solidaridad y equidad necesarias”, según expresiones de la propia Barán.

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“El texto que se presenta no representa un documento acordado. El Gobierno de Paraguay se compromete a seguir trabajando para mejorar su respuesta ante emergencias de salud pública y garantizar la seguridad y bienestar de nuestra población”, había manifestado la ministra Barán.

La postura paraguaya se debe a que cuando la pandemia del Covid todavía estaba en curso, la OMS impulsó una iniciativa en busca de elaborar un marco general de respuesta ante futuras pandemias.

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En ese sentido, varios legisladores, durante la última sesión ordinaria de la semana pasada, habían solicitado datos más concretos acerca de los argumentos que inclinaron la balanza para el rechazo de la propuesta de la OMS.

El hecho ocurrió este martes en el barrio Kokue Guazú, zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora, la pareja salió y al regresar a su vivienda, encontraron la macabra escena.

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Belén Ortiz, dueña del perrito, denunció a través de sus redes sociales y pidió la colaboración ciudadana para encontrar al responsable del terrible acto.

Contó que salieron con su pareja a realizar algunas gestiones, y en esas dos horas que se ausentaron ingresaron a su domicilio, derramaron agua caliente a su perro y lo decapitaron.

“No había mucha sangre, pero sí salpicaduras, su carita estaba completamente quemada y sin pelitos. Los policías vinieron y nos dijeron que aparentemente se le derramó agua caliente”, expresó la mujer.

Relató que además de Tomás, tienen otros dos perros, quienes no presentan heridas, pero sí estaban asustados y desorientados.

Belén sospecha que fue un vecino quien cometió el acto, por lo que, ahora buscan otra vivienda para mudarse con su pareja y sus otras mascotas.

El comunicado refiere que la actualización de las tarifas de energía eléctrica correspondiente al Grupo de Consumo Intensivo Especial (Criptominerías), están amparadas en la Ley N° 966/64 “Carta Orgánica de la ANDE” y en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 7824/2022 de fecha 16 de septiembre de 2022,.

Cabe mencionar que teniendo en cuenta el aumento reciente en el costo de compra de potencia de la Itaipú Binacional, la Ande procedió a actualizar las tarifas de este grupo de consumo, circunstancia prevista en todos los contratos vigentes.

“Esta actualización de las tarifas (de 9% a 16%) responde a una tarifa técnica, evitando así el subsidio de todos los paraguayos a los usuarios que realizan actividades de criptominería”, aclara la Ande.

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RESPUESTA A SALIM BUZARQUIS

El senador Enrique Salim Buzarqui acusó “a los altos directivos de la ANDE que con complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”.

Al respecto, la Ande rechazó categóricamente las expresiones señaladas, “las cuales carecen de elementos objetivos” que puedan demostrar fehacientemente tal extremo.

“Esta administración se ha caracterizado por instalar un combate frontal en la persecución de este tipo de hechos punibles, en especial a las instalaciones que desarrollan la actividad de criptominería de manera ilegal”, expresa el comunicado.

Como “prueba irrefutable” de lo señalado, la Ande expuso la existencia de 71 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica en todo el territorio nacional, originadas en denuncias promovidas ante el Ministerio Público, procedimientos en los cuales se incautaron más de 9.410 procesadores de datos, 24 transformadores y conductores de diversos tipos utilizados para la obtención ilegal de la energía eléctrica.

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Asimismo, la Ande mencionó la modificación del artículo 173° del Código Penal Paraguayo, a fin de criminalizar la sustracción de energía eléctrica elevando la pena privativa de libertad hasta 10 años, proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

“Estas actuaciones vienen a rebatir por completo las aseveraciones esgrimidas por el citado parlamentario y demuestran la firme decisión Institucional en combatir en forma decidida este flagelo que ocasiona un grave perjuicio patrimonial a la Institución y afecta considerablemente la calidad y confiabilidad del servicio brindado a la ciudadanía”, resalta el ente.

Se trata del proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley N° 3728/09 ‘Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas paraguayas naturales o naturalizadas, adultas mayores en situación de pobreza’ y su ampliación la Ley N° 6381 ‘Que modifica y amplía la Ley N° 3728/09 ‘Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”, además de otras iniciativas similares presentadas por los senadores.

Al respecto, el senador Derlis Osorio, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, resaltó que, en esta instancia legislativa se analizaron los proyectos relacionados a la pensión de adultos mayores y propuso que las consideraciones finales se realicen en 15 días, mientras se aguardan los informes de las instituciones pertinentes.

Por su parte, el senador Líder Amarilla, presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, planteó constituirse en comisión y analizar el proyecto para avanzar. Asimismo, destacó que ya se realizaron más de 10 mesas de trabajo y existe una necesidad de los adultos mayores para aprobar esta normativa.

A su turno, la senadora Yolanda Paredes, una de las proyectistas, dijo que hace bastante tiempo se viene analizando y tratando de unificar las diferentes propuestas legislativas, a fin de buscar que los adultos mayores puedan acceder este beneficio.

En tanto, el legislador Juan Carlos Galaverna (h) mocionó postergar el estudio en particular por 30 días. La propuesta fue aprobada por el Pleno del Senado.