Funcionarios técnicos de la Ande, en conjunto con el Ministerio Público, Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), identificaron la conexión directa sin medidor en un establecimiento que se dedicaba presumiblemente a la actividad de criptominería, sustrayendo energía eléctrica.

Ante esta irregularidad detectada, la ANDE procedió el día de ayer martes, a realizar la denuncia formal ante la Fiscalía por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica, perturbación del servicio público y sabotaje.

Puede interesar: Mayor recaudación y mejor uso de recursos, según informe financiero de la Essap

El Dr. Oscar Paredes, fiscal a cargo de la intervención con orden de allanamiento emitida por la Jueza Penal de Garantía, Dra. Guillermina González, verificó la actividad registrada junto a los funcionarios interventores de la ANDE, en donde se constató la presencia de 2.738 equipos procesadores de criptomonedas, 5 transformadores de distribución (uno con capacidad de 3.150 kVA y 4 sin placa de aproximadamente 1.000 kVA cada uno), totalizando una potencia instalada de 7.150 kVA.

Por su parte, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), se encuentra resguardando y custodiando las pruebas encontradas en el lugar, mientras se aguarda la orden de incautación y definición de los lugares de traslado para los equipos, que quedaron lacrados en el inmueble intervenido.

Lea también: Vecinos de Loma Pytã se quejan por ruidosa presencia de hinchas de Colo Colo

Se estima un daño patrimonial mensual de G. 1.096.000.000 derivado de esta irregularidad, además de los costos de intervención y aplicación de multas según ley 966/64, que deberán ser abonados por los responsables del delito.

El informe indica que este operativo fue posible gracias a la utilización del software de Inteligencia Artificial (IA) y el sistema SCADA de Distribución, que permitieron el análisis detallado del comportamiento registrado en el alimentador principal que abastece la zona, identificando posibles cargas correspondientes a instalaciones dedicadas a la sustracción ilegal de energía eléctrica.

La propuesta del evangelio para nuestra vida no puede ser como un pequeño remiendo en las malas costumbres y actitudes egoístas que nos caracterizan. El Señor desea que toda nuestra vida sea renovada. Es inútil que en una vida desenfrenada yo piense que me basta santiguarme cuando paso delante de una iglesia. La propuesta de Cristo es nacer de nuevo. Hay que buscar, con todas las formas posibles, abandonar al hombre viejo para que en Jesús seamos renovados completamente. El cristianismo no puede ser solo un adornito en nuestra podredumbre, sino que debe hacernos nuevas criaturas. Paz y bien.

A través el decreto presidencial N° 2.043, el mandatario derogó la Decreto N° 1306/2003, que establecía el cobro de dichas tasas, demostrando la postura del Gobierno de propiciar políticas públicas que fortalezcan la competitividad de nuestro país, eliminando los costos, impedimentos y obstáculos innecesarios para el desarrollo del comercio y la actividad logística, promoviendo de esta manera el desarrollo de nuestra economía y, a la postre, el bien común de todos los habitantes de la República.

Cabe mencionar que con esta decisión, el Gobierno mejorará los costos logísticos y comerciales sin implicar perjuicio alguno para la ANNP.

Puede interesar: Panorama positivo para concretar acuerdo entre Mercosur y Emiratos Árabes Unidos

“Esta tasa variaba de acuerdo con el tamaño del camión y la mercadería, entre 80 a 100 dólares por camión. Entonces al ingresar al Paraguay, 500 a 600 camiones por día, pagando cada uno USD 100 por día, estamos hablando de un monto que anualmente puede llegar a los USD 18 millones, cargados sobre las arcas de las empresas importadoras y exportadoras del Paraguay”, explicó el titular del MIC, Javier Giménez.

Agregó que con esta decisión se reduce la burocracia, para que los camiones no permanezcan mucho tiempo en las fronteras, lo que ocasiona más gasto para las empresas, permitiendo así que el comercio fluya.

Asimismo, Giménez anunció que esta es apenas una de las tantas medidas similares que el Gobierno del Paraguay estará anunciando a lo largo del año, cuidando el bolsillo del contribuyente y dotando a las industrias más incentivos para que puedan seguir invirtiendo en el país, generando mano de obra.

En marzo pasado, un Tribunal de Apelación revocó la resolución que admitió la imputación del legislador y, en ese momento, devolvió el documento al Ministerio Público a la espera de mejores argumentos.

La imputación fue nuevamente ratificada, y estuvo a cargo de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, encargada de las Unidades Penales ordinarias.

Según el Ministerio Público, luego de analizar las constancias obrantes en la carpeta fiscal, se constató la procedencia de la figura procesal solicitada por la agente fiscal, así como la existencia de elementos que hacen sospechar la existencia de hechos punibles.

Posteriormente, también los habría utilizado para acreditar su calidad de abogado ante ambas cámaras del Congreso Nacional, así como para acceder al cargo de representante y también ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según la imputación.