La Comisión de Legislación del Senado recomendó la aprobación con modificaciones del citado proyecto dirigido a todas las personas con discapacidad, ya sea, físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada.

Una de las modificaciones propuestas es quelas personas con discapacidad recibirán una pensión mensual de hasta el 25% del salario mínimo legal vigente. Para ser beneficiario según lo planteado en el proyecto se debe tener nacionalidad paraguaya natural, contar con un grado de discapacidad moderada o grave.

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Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconsejó aprobar con modificaciones, de tal modo, a volver más clara la situación con relación a la población objetiva y hacerlo de manera gradual.

Sin embargo, se expuso otro dictamen por el rechazo que se fundamenta debido a la dificultad financiera que representa la aprobación del proyecto.

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Durante el desarrollo de este tema, varios legisladores manifestaron su conformidad con el proyecto. En tanto que, el senador Basilio Núñez, señaló que la iniciativa no tiene la certeza de cuántas personas están con cierto grado de discapacidad y planteó la posibilidad de trabajar en un proyecto de Ley que beneficie a personas con discapacidad severa.

El proyecto fue rechazado y se remite nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.

La propuesta del evangelio para nuestra vida no puede ser como un pequeño remiendo en las malas costumbres y actitudes egoístas que nos caracterizan. El Señor desea que toda nuestra vida sea renovada. Es inútil que en una vida desenfrenada yo piense que me basta santiguarme cuando paso delante de una iglesia. La propuesta de Cristo es nacer de nuevo. Hay que buscar, con todas las formas posibles, abandonar al hombre viejo para que en Jesús seamos renovados completamente. El cristianismo no puede ser solo un adornito en nuestra podredumbre, sino que debe hacernos nuevas criaturas. Paz y bien.

A través el decreto presidencial N° 2.043, el mandatario derogó la Decreto N° 1306/2003, que establecía el cobro de dichas tasas, demostrando la postura del Gobierno de propiciar políticas públicas que fortalezcan la competitividad de nuestro país, eliminando los costos, impedimentos y obstáculos innecesarios para el desarrollo del comercio y la actividad logística, promoviendo de esta manera el desarrollo de nuestra economía y, a la postre, el bien común de todos los habitantes de la República.

Cabe mencionar que con esta decisión, el Gobierno mejorará los costos logísticos y comerciales sin implicar perjuicio alguno para la ANNP.

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“Esta tasa variaba de acuerdo con el tamaño del camión y la mercadería, entre 80 a 100 dólares por camión. Entonces al ingresar al Paraguay, 500 a 600 camiones por día, pagando cada uno USD 100 por día, estamos hablando de un monto que anualmente puede llegar a los USD 18 millones, cargados sobre las arcas de las empresas importadoras y exportadoras del Paraguay”, explicó el titular del MIC, Javier Giménez.

Agregó que con esta decisión se reduce la burocracia, para que los camiones no permanezcan mucho tiempo en las fronteras, lo que ocasiona más gasto para las empresas, permitiendo así que el comercio fluya.

Asimismo, Giménez anunció que esta es apenas una de las tantas medidas similares que el Gobierno del Paraguay estará anunciando a lo largo del año, cuidando el bolsillo del contribuyente y dotando a las industrias más incentivos para que puedan seguir invirtiendo en el país, generando mano de obra.

En marzo pasado, un Tribunal de Apelación revocó la resolución que admitió la imputación del legislador y, en ese momento, devolvió el documento al Ministerio Público a la espera de mejores argumentos.

La imputación fue nuevamente ratificada, y estuvo a cargo de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, encargada de las Unidades Penales ordinarias.

Según el Ministerio Público, luego de analizar las constancias obrantes en la carpeta fiscal, se constató la procedencia de la figura procesal solicitada por la agente fiscal, así como la existencia de elementos que hacen sospechar la existencia de hechos punibles.

Posteriormente, también los habría utilizado para acreditar su calidad de abogado ante ambas cámaras del Congreso Nacional, así como para acceder al cargo de representante y también ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según la imputación.