El Ministerio de Salud ha anunciado juicios penales para los que alienten su uso, después de que el Parlamento abriera el trámite de una ley para la producción del químico defendiendo su aplicación en pacientes con coronavirus y en redes sociales circularan protocolos de aplicación, pese a las alertas de entidades sanitarias sobre los riesgos que conlleva su consumo.

RIESGOS PARA LA SALUD

Parte de la explicación está en la “desesperación de la población” ante un sistema hospitalario poco efectivo, dijo a Efe la directora del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Teresa Rescala.

La experta mencionó que las noticias sobre gente que muere en la calle, de que “todo está abarrotado” en los hospitales y de la “inseguridad” de recibir atención pronta en caso de un contagio hacen que una parte de la población “haga que se crea” soluciones como las que se atribuyen al dióxido de cloro.

Rescala sostuvo que este fenómeno no es nuevo, sino que comenzó hace como una década, cuando la gente empezó a utilizar sustancias como el Miracle Mineral Solution (MMS), que incluso se vinculó a ciertas prácticas religiosas, además de supuestos efectos positivos contra el cáncer, el VIH y el autismo.

La experta señaló que se deben diferenciar los efectos de la sustancia in vitro, es decir, en laboratorio, sobre in vivo o en el cuerpo de una persona.

Fuera del organismo el dióxido de cloro es “un antiséptico, potabilizador del agua, limpiador de superficies y que su condición química gaseosa se ha observado que puede atacar el coronavirus”, precisó Rescala, algo que no puede afirmarse que suceda en el cuerpo humano.

Ya en el cuerpo “le puede hacer a cualquier célula del organismo” lo que le hace al coronavirus y con eso activar problemas fisiológicos, intoxicaciones y complicaciones en la salud, apuntó.

En Bolivia abundan testimonios de periodistas, deportistas y figuras públicas sobre beneficios de ese consumo, pero también se han comenzado a reportar casos de intoxicación.

A juicio de Rescala, algunos estudios han reconocido “el poder cáustico” o de destrucción de tejidos que tiene a nivel gastrorrespiratorio y gastrointestinal, inclusive los daños hepáticos y renales que puede ocasionar.

“No existe ningún estudio clínico, no puede haber, porque no es un medicamento, que demuestre la capacidad clínica o terapéutica que pueda tener”, sentenció al especialista.

QUIENES DEFIENDEN EL PRODUCTO

Las advertencias de las autoridades, incluso de iniciar procesos penales, no evitan que en algunas ciudades se vean colas en farmacias para conseguir el producto, algunas llegando a agotarlo.

El doctor Federico Anze, cuya Farmacia Boliviana en la ciudad de Cochabamba es de las más antiguas, defiende este producto que asegura haber probado en su propio cuerpo.

Ni cura la COVID-19 ni es una vacuna, asegura a Efe sobre el dióxido de cloro Anze, quien mantiene que ayuda a mejorar al enfermo, incluido mentalmente, y si se escuchan casos en Bolivia de intoxicaciones, son por tomar “cualquier cosa, lavandina, hipoclorito”, por “basura” que se vende en internet.

Unas 60.000 personas, según Anze, lo han adquirido en su farmacia, ante la que se forman largas colas a diario.

Bolivia reporta unos 2.400 fallecidos y más de 65.200 casos de COVID-19, en un país de once millones y medio de habitantes, lo que según distintos estudios lo convierte en uno de los más afectados del mundo por la pandemia en comparación a su población.

Ahora el tema cobra notoriedad, con la detención de cuatro ciudadanas de nacionalidad paraguaya, que se dedicaban a esa actividad ilícita.

La ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, informó este miércoles sobre la aprehensión de las mismas, que azotaban en distritos de Buenos Aires.

“Nuestros agentes de la PFA desarticularon una organización dedicada al robo bajo la modalidad ‘viuda negra’. La investigación comenzó hace pocos meses, cuando un hombre tuvo una cita arreglada por una app y fue intoxicado y robado en su domicilio. Le robaron dinero, armas y otros objetos de valor. Gracias al trabajo de nuestros efectivos, que recogieron las huellas dactilares de los delincuentes, se identificaron a dos mujeres con antecedentes penales y se realizaron cuatro allanamientos. Detuvieron a 4 personas de nacionalidad paraguaya”, señaló Bullrich en sus cuentas sociales.

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De acuerdo a informes dados a conocer por la Gendarmería, las detenidas accionaban planificadamente sus golpes, en redes que incluían a varones.

Las aprehendidas utilizaban las redes sociales (Instagram, Facebook y TikTok) y aplicaciones de citas Tinder y Badoo), como “cebo” para atraer incautos. Pero también operaban acercándose a los hombres en boliches, discotecas, shopping, en donde echaban a andar sus técnicas de seducción.

Una vez que mordían el anzuelo, el siguiente paso era ir a departamentos o moteles, en donde echaban manos al siguiente paso: tragos para ponerse a tono y las pastillas para dormir.

“Actúan solas generalmente, pero sus cómplices se encuentran en la zona, esperando el llamado de la viuda negra para ingresar al domicilio y así comenzar a desvalijar”, refiere el informe de los intervinientes.

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“Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse”, escribió el mandatario en su red social X

Por su parte, el expresidente Evo Morales aseguró lo que se está estando es un “golpe de Estado” en Bolivia, ante el despliegue inusual de tanquetas y tropas frente a la sede del gobierno.

Se gesta el Golpe de Estado. En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo”, dijo Morales,

“Convocamos a una Movilización Nacional para defender la Democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del general” Juan José Zuñiga, comandante del ejército, señaló en otro mensaje en la misma red social.

Fuente AFP

Fuente: AFP

“No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas”, dijo Lula en una entrevista al portal UOL.

Lula no especificó a qué declaraciones se refería, pero Milei tachó al brasileño de “corrupto” y “comunista” durante la campaña electoral que lo llevó al poder, en diciembre del año pasado.

El mandatario izquierdista también señaló que el ultraliberal argentino “no será quien siembre cizaña” entre los dos países vecinos, miembros del bloque Mercosur e importantes socios comerciales.

En una declaración posterior en Buenos Aires, el vocero de la presidencia argentina, Manuel Adorni, dijo que lo que Lula “pretenda está dentro de sus deseos, se los respetamos, pero el presidente en tal caso no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora”.

Milei es cercano al expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), a quien invitó a su toma de posesión un día después de su victoria electoral.

Aunque hubo intentos de acercamiento con el gobierno de Lula, el mandatario brasileño no asistió a la ceremonia en Buenos Aires.

Los dos jefes de Estado mantuvieron las distancias también en la cumbre del G7 en Italia este mes.

Aunque la prensa especuló sobre un posible encuentro entre Milei y Lula en Bari, la cancillería brasileña dijo que “no hubo pedido” para un encuentro bilateral.

Durante la cita italiana los dos líderes se saludaron “cordialmente”, afirmó Adorni.

En marzo, Lula dijo que la extrema derecha amenaza la democracia en el mundo, y puso como ejemplo el caso de su homólogo argentino.

“¿Quién está hoy en contra del sistema, que lo critica todo? Milei en Argentina”, lanzó.

Pese a las tensiones entre los dos gobernantes, ambos países conversan sobre la presencia en Argentina de decenas de fugitivos del ataque a los tres poderes en 2023 en Brasilia por seguidores de Bolsonaro.

Lula señaló que algunos de esos fugitivos ya fueron “condenados” en Brasil por lo que su gobierno pide que si no regresan “sean apresados” en Argentina.

“Lo estamos tratando de la forma más diplomática posible”, apuntó.

La policía brasileña ha detenido a cientos de presuntos vándalos, financistas e incitadores de los asaltos ocurridos en enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula.

Algunos han recibido condenas por delitos como golpe de Estado, con penas de hasta 17 años de cárcel.