Al cabo de una frenética jornada, el general Juan José Zúñiga fue arrestado a las afueras de un cuartel militar de La Paz y conducido a un vehículo policial bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado, según la fiscalía.

“¡Está detenido, mi general!”, señaló el viceministro de Gobierno (Interior), Jhonny Aguilera, según imágenes de la televisión estatal.

Horas después el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, informó de la detención del jefe de la Armada Boliviana (Marina), Juan Arnez Salvador, como el otro responsable.

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Zúñiga estuvo al frente de los uniformados que intentaron irrumpir en el palacio presidencial, en el centro de La Paz. Sus hombres emplearon gases lacrimógenos contra las personas que quisieron acercarse al edificio.

El oficial ingresó caminando por la misma puerta que intentó derrumbar uno de los carros de combate. Poco después salió por los mismos medios.

“Estamos en un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme”, dijo Arce al tomar juramento a una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en el palacio que en ese momento era rodeado por las tropas de Zúñiga.

Tras su repliegue, el mandatario salió a un balcón para dirigirse a cientos de seguidores: “Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado (...). Estamos seguros: vamos a seguir y vamos a seguir trabajando”.

Tanto el gobierno como el expresidente Evo Morales, antiguo aliado y ahora rival político de Arce, habían convocado a movilizaciones ante el alzamiento militar.

En sus redes sociales, el exmandatario boliviano suspendió el llamado tras “haberse retomado la calma en la sede de gobierno”.

- La pugna política de fondo -

Desde el martes circulaban rumores sobre la probable destitución de Zúñiga, quien comandaba el ejército desde 2022.

El oficial había expresado su firme oposición al eventual retorno al poder de Morales, quien se disputa con Arce el liderazgo del partido oficialista de cara a las presidenciales de 2025.

En una entrevista el lunes con un canal de televisión, incluso aseguró que detendría a Morales si insistía en postularse a la presidencia el próximo año.

De ahí la sorpresa que causó su intento de golpe contra Arce.

Al momento de su arresto, el general dijo a la prensa que el presidente le había pedido el domingo “preparar algo” para levantar su popularidad.

Según Zúñiga, Arce arguyó que “la situación está muy jodida” y que ameritaba una acción que le favorezca.

Arce y Morales protagonizan una intensa pelea política desde hace un par de años.

Amparado en las reformas constitucionales que él mismo promovió, Morales ocupó la presidencia entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar, acosado por la crisis que estalló por un supuesto fraude electoral para obtener un cuarto mandato.

A finales del año pasado, la Corte Constitucional inhabilitó a Morales para ser nuevamente candidato, lo que el expresidente interpretó como una maniobra en su contra de su antiguo ministro de Economía.

El ala gubernamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) proclamó a Arce como su candidato para 2025. Otro sector arropó la aspiración de Morales, quien todavía no renuncia a su aspiración pese al fallo de los jueces.

Arce, entretanto, todavía no ha proclamado su candidatura.

- Reacción internacional -

Diversos gobiernos y entidades internacionales se pronunciaron durante la jornada.

Estados Unidos llamó “a la calma” y aseguró que “está siguiendo de cerca la situación”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó “cualquier forma de golpe de Estado” en Bolivia.

De su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a todos los actores “a proteger el orden constitucional y a preservar un clima de paz”, informó su portavoz, Stéphane Dujarric.

La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que “no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional” en Bolivia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, salió de inmediato a denunciar el intento de derrocamiento de uno de sus mayores aliados en la región.

“Al pueblo de Bolivia todo el apoyo del pueblo de Bolívar. No al fascismo, no al golpismo”, expresó el gobernante, al declararse en “emergencia y en apoyo permanente” con los bolivianos.

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Zúñiga, excomandante del ejército; el vicealmirante Juan Arnez, exjefe de la Armada (Marina); y Alejandro Irahola, exjefe de la brigada mecanizada del ejército, ingresaron fuertemente escoltados al penal de Chonchocoro, en las afueras de El Alto, un municipio vecino a La Paz, según observó la AFP.

El viernes, la justicia ordenó su reclusión en esa cárcel de máxima seguridad mientras avanzan las investigaciones por el alzamiento armado del pasado miércoles, cuando tropas con tanques asediaron por varias horas la sede de gobierno antes de replegarse.

La policía montó un intenso dispositivo de seguridad para su traslado desde una cárcel de La Paz.

“En algún momento se va a saber la verdad”, dijo Zúñiga esposado y sin chaleco antibalas cuando era conducido a un vehículo policial.

Al momento de su captura el pasado miércoles, el exjefe militar afirmó que fue Arce quien le pidió preparar algo “para levantar su popularidad”, lo que fue desmentido por el presidente boliviano.

Zúñiga y los otros dos oficiales enfrentan cargos por terrorismo y alzamiento armado, por los que podrían recibir una condena de hasta 20 años de prisión, según la fiscalía.

Junto con ellos han sido detenidos otros 18 militares activos, en retiro y civiles por el fallido golpe de Estado.

Este sábado el gobierno aseguró que encontró evidencia sobre el plan que tenían los militares para movilizar en avión fuerzas especiales desde el departamento de Tarija (sur) hasta La Paz, con la intención de asestar el golpe contra Arce.

Fuente: AFP

Después del almuerzo familiar en la casa de la abuela, Laudelina, tía de Loan, llevó al niño hacia el naranjal, donde lo dejó jugando. Sin embargo, el menor regresó solo y, en ese trayecto fue embestido por el vehículo en el que circulaban una funcionaria municipal Victoria Caillava y su marido Carlos Pérez un oficial retirado en 2017 de la Armada con el grado de capitán de navío.

Laudelina dice haber escuchado el impacto y relató que, posteriormente, ambos alzaron a Loan a la camioneta y le exigieron a la mujer que guarde silencio, porque lo llevarían al hospital, ya que todavía seguía con vida. Sin embargo, ambos estaban ebrios, al punto que, la tía teme que ni siquiera ellos recuerden qué hicieron con el niño.

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Esta es la versión que, luego de dos semanas de búsqueda, la da la tía del niño y que, en parte condice con los rastros de sangre de Loan que supuestamente detectaron los canes entrenados, dentro del rodado.

“Se ha dado un gran paso en la resolución del caso”, dijo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , a través de sus redes sociales.

Un fuerte contingente policial de investigación se encuentra en el lugar donde se produjo la desaparición, a fin de buscar el cuerpo de Loan, si eventualmente estuviera enterrado allí.

La jueza Baloísa Marquínez “absolvió a 28 personas acusadas del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales” por el caso de los “Panama Papers”, indicó el tribunal en un comunicado.

Entre las personas absueltas están los fundadores del despacho, Jürguen Mossack y Ramón Fonseca, fallecido el pasado 9 de mayo en un hospital panameño.

Además, la sentencia absuelve a todos los imputados por el caso “Lava Jato” de Brasil, donde la fiscalía acusó al bufete panameño de blanquear dinero proveniente de sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos.

Como los delitos y los imputados eran los mismos, la jueza Marquínez decidió acumular los casos de “Panama Papers” y “Lava Jato” en una sola causa.

En este último escándalo tampoco se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas al sistema financiero panameño, según la sentencia.

- Pruebas no concluyentes-

Durante el juicio de los “Panama Papers”, celebrado en Ciudad de Panamá entre el 8 y el 19 de abril, la fiscalía pidió para Mossack y Fonseca 12 años de cárcel, la pena máxima por blanqueo de capitales. Para el resto de imputados solicitó entre 5 y 12 años de prisión.

Sin embargo, la jueza Marquínez estimó que las pruebas recabadas en los servidores del despacho de abogados “no cumplieron con la cadena de custodia” y no permitieron “tener certeza de su autenticidad e integridad”.

“Adicionalmente, la jueza determinó que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados”, dice el comunicado.

El juicio comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) comenzara a publicar los “Panama Papers”.

Esta investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del despacho Mossack Fonseca, reveló cómo personalidades de todo el mundo ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero.

Para ello, crearon sociedades opacas, a través del bufete panameño, con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países con el objetivo de esconder dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los exgobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi fueron algunos de los nombres mencionados entonces.

- “Se hizo justicia”-

La fiscalía había acusado a Mossack, de 76 años, y Fonseca, fallecido a los 71, de ser los responsables de facilitar a través del bufete la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía.

Esa “caja B” habría sido utilizada para esconder dinero procedente del pago de comisiones.

El despacho panameño, según la acusación, también fue utilizado para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina.

“Se hizo justicia, nosotros nos encontramos sumamente satisfechos con la resolución que dictó la jueza”, dijo a la AFP Guillermina Mc Donald, abogada de Mossack y otros imputados.

Sin embargo, “estamos un poco tristes porque en el camino perdimos al señor Ramón Fonseca (fundador de la firma) y él no ha podido ver este resultado”, agregó.

Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca cerró, y la imagen internacional de Panamá, señalado como un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada.

Algunos analistas advirtieron que en la fecha en la que surgieron los “Panama Papers” la evasión fiscal no era un delito en Panamá.

“Verdaderamente ha habido una gran injusticia que se ha cometido”, declaró Mossack al concluir la audiencia. “Tanto mi socio (fallecido después del juicio) como todas las personas que han laborado conmigo han sido personas serias, honestas y correctas”, añadió.

Fuente: AFP