El secuestro de un celular en una celda de la Comisaría 1° de la ciudad santafesina de Esperanza reveló un escándalo sexual y derivó en el pase a disponibilidad de una mujer policía.

Todo empezó con una pelea entre dos presos que se encontraban alojados en el penal que funciona dentro de edificio de la Unidad Regional XI Las Colonias de la Policía de Santa Fe. Al advertir la situación, los oficiales que estaban de guardia en ese momento activaron el protocolo y, tras separar a los involucrados, hicieron una requisa en el calabozo.

La sorpresa se la llevaron al revisar el celular de uno de los detenidos y descubrir en el dispositivo videos sexuales que habían sido grabados dentro del calabozo entre el recluso y una suboficial que cumplía servicios en la misma seccional.

Tras el inesperado hallazgo, los oficiales informaron a las autoridades de la Unidad Regional XI y se le dio intervención a la Unidad Especial de Delitos Complejos y al área de Violencia Institucional, a cargo de Ezequiel Hernández.

Según publicaron los medios locales el escándalo ya tuvo consecuencias. Entre las primeras medidas, se decidió separar y trasladar a los dos detenidos que participaron de la pelea y la oficial involucrada en los videos íntimos fue pasada a disponibilidad y se le abrió causa judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, del MPA de Santa Fe.

Por otra parte, investigan a dos empleados de la comisaría para determinar que grado de responsabilidad tuvieron en cada uno de los hechos. “Son dos frentes que van de la mano: el judicial y el interno con las actuaciones administrativas”, detalló una alta fuente del Ministerio de Seguridad.

La jueza Baloísa Marquínez “absolvió a 28 personas acusadas del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales” por el caso de los “Panama Papers”, indicó el tribunal en un comunicado.

Entre las personas absueltas están los fundadores del despacho, Jürguen Mossack y Ramón Fonseca, fallecido el pasado 9 de mayo en un hospital panameño.

Además, la sentencia absuelve a todos los imputados por el caso “Lava Jato” de Brasil, donde la fiscalía acusó al bufete panameño de blanquear dinero proveniente de sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos.

Como los delitos y los imputados eran los mismos, la jueza Marquínez decidió acumular los casos de “Panama Papers” y “Lava Jato” en una sola causa.

En este último escándalo tampoco se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas al sistema financiero panameño, según la sentencia.

- Pruebas no concluyentes-

Durante el juicio de los “Panama Papers”, celebrado en Ciudad de Panamá entre el 8 y el 19 de abril, la fiscalía pidió para Mossack y Fonseca 12 años de cárcel, la pena máxima por blanqueo de capitales. Para el resto de imputados solicitó entre 5 y 12 años de prisión.

Sin embargo, la jueza Marquínez estimó que las pruebas recabadas en los servidores del despacho de abogados “no cumplieron con la cadena de custodia” y no permitieron “tener certeza de su autenticidad e integridad”.

“Adicionalmente, la jueza determinó que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados”, dice el comunicado.

El juicio comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) comenzara a publicar los “Panama Papers”.

Esta investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del despacho Mossack Fonseca, reveló cómo personalidades de todo el mundo ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero.

Para ello, crearon sociedades opacas, a través del bufete panameño, con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países con el objetivo de esconder dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los exgobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi fueron algunos de los nombres mencionados entonces.

- “Se hizo justicia”-

La fiscalía había acusado a Mossack, de 76 años, y Fonseca, fallecido a los 71, de ser los responsables de facilitar a través del bufete la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía.

Esa “caja B” habría sido utilizada para esconder dinero procedente del pago de comisiones.

El despacho panameño, según la acusación, también fue utilizado para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina.

“Se hizo justicia, nosotros nos encontramos sumamente satisfechos con la resolución que dictó la jueza”, dijo a la AFP Guillermina Mc Donald, abogada de Mossack y otros imputados.

Sin embargo, “estamos un poco tristes porque en el camino perdimos al señor Ramón Fonseca (fundador de la firma) y él no ha podido ver este resultado”, agregó.

Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca cerró, y la imagen internacional de Panamá, señalado como un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada.

Algunos analistas advirtieron que en la fecha en la que surgieron los “Panama Papers” la evasión fiscal no era un delito en Panamá.

“Verdaderamente ha habido una gran injusticia que se ha cometido”, declaró Mossack al concluir la audiencia. “Tanto mi socio (fallecido después del juicio) como todas las personas que han laborado conmigo han sido personas serias, honestas y correctas”, añadió.

Fuente: AFP

“Hay que ponerse por encima de estas nimiedades porque son más importantes los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito”, declaró Milei consultado por el canal de televisión LN+ respecto a la petición de Lula.

El presidente brasileño había dicho públicamente que no hablaría con Milei hasta que éste se disculpara.

“No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas”, dijo Lula en una entrevista al portal UOL.

El mandatario izquierdista no precisó a cuáles declaraciones se refería, aunque ya anteriormente Milei se había referido a él como “corrupto”.

“¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada aún cuando sea verdad?”, dijo este viernes Milei consultado al respecto.

Ambos presidentes se saludaron cordialmente cuando coincidieron recientemente en Italia durante la cumbre del G7, pero no se reunieron.

Lula había declarado que Argentina es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina y que no es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre ambos.

Lula no asistió a la investidura de Milei en diciembre pasado, a la que fue invitado su adversario político el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), cercano del mandatario argentino.

Milei y Lula volverán a coincidir en Asunción a principios de julio durante la cumbre del Mercosur, bloque comercial del cual son socios mayores junto a Paraguay y Uruguay.

Fuente: AFP

Hasta el jueves habían sido detenidos 17 militares activos, en retiro y civiles, pero en las últimas horas se realizaron cuatro nuevos arrestos.

Hay “un total de 21 personas aprehendidas dentro del caso denominado golpe de Estado fallido”, señaló el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa.

El funcionario destacó entre las nuevas detenciones la del general Marcelo Zegarra, exjefe de la Fuerza Aérea.

Zegarra fue detenido cuando se presentó ante la fiscalía con sus dos abogados. Los otros tres nuevos detenidos, tres militares de bajo rango, fueron presentados esposados y con chalecos antibalas.

Uno de ellos, el sargento Alan Condori, conducía el vehículo blindado que intentó derrumbar una de las puertas del palacio presidencial. “Ha puesto en riesgo la vida de nuestro presidente, nuestro vicepresidente” y podría enfrentar cargos por magnicidio en grado de tentativa, según el ministro de Gobierno.

De acuerdo con la información oficial, los tres depuestos comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están implicados en el asedio con tropas y tanques a la sede presidencial el miércoles.

Al frente del plan estuvo, según el gobierno, el general Juan José Zúñiga, exjefe del ejército, quien fue detenido el mismo miércoles junto al vicealmirante Juan Arnez, de la Armada (Marina), tras el repliegue de las tropas sublevadas.

Durante la rebelión militar, 14 civiles resultaron heridos con balines disparados por los soldados cuando ingresaron a la plaza donde está el palacio presidencial. Varios de los agredidos fueron intervenidos “quirúrgicamente”, según informó el presidente Luis Arce.

Las autoridades continúan con las investigaciones y operativos para esclarecer la intentona golpista contra Arce, en el poder desde finales de 2020.

“Desde el inicio hemos manifestado que Juan José Zúñiga no ha actuado solo todas estas personas; estas 21 personas no han actuado de manera unilateral”, comentó el ministro Del Castillo.

Con información de AFP.