El variopinto grupo de convocantes incluyó organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro, y algunos antiguos aliados de izquierda con diversos clamores: rechazan sus proyectos para estatizar el servicio de salud, su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y las negociaciones de paz con grupos armados que no han detenido la violencia.

“Yo voté por el cambio, por Petro, pero seguimos con lo mismo. Marcho porque sigo pensando que Colombia tiene alguna esperanza”, dijo a la AFP Martha Estrada, pensionada de 64 años con un sombrero tricolor en Bogotá.

En la capital la lluvia no detuvo a los manifestantes y decenas de miles se congregan en la central Plaza de Bolívar, vecina de la sede presidencial, constató la AFP.

Petro llegó al poder hace casi dos años como el primer izquierdista en gobernar un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras.

Con 60% de desaprobación, según la encuestadora Invamer, el mandatario ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la plaza pública donde suele ser muy activo.

En Cali (suroeste), Medellín (noroeste) y Barranquilla (norte) los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia, camisetas blancas y un grito al unísono: “¡Fuera Petro!”.

En las principales capitales hubo en total cerca de medio millón de manifestantes, según cifras oficiales. Solo en Medellín salieron a protestar unas 350.000 personas, de acuerdo con la Personería.

Petro sin embargo calculó la cifra de manifestantes en 250.000, y aseguró en X que varias concentraciones fueron “débiles” y que su “principal objetivo” fue “derrocar el gobierno del cambio” con un “un golpe blando”.

“MARCHA DE LAS BATAS BLANDAS”

No es la primera manifestación contra el gobierno pero sí la más multitudinaria.

Uno de sus proyectos de reformas, el de la salud, dividió al país cuando el mandatario empezó a implementar por vía administrativa varios de sus ejes centrales ante las dificultades de lograr apoyos en el Congreso.

El presidente aspira a reducir la participación de privados en la prestación de servicios sanitarios, y en los últimos días intervino varias de las entidades que sirven de intermediarias de los recursos entre el Estado y los hospitales, para controlar su presupuesto.

Expertos coinciden en que el sistema está en bancarrota y debe reformarse, pero algunos cuestionan la manera en que el gobierno pretende hacerlo.

Con el nombre de “marcha de las batas blancas”, los médicos manifestaron su “desacuerdo con el actual manejo del sistema de salud por parte del gobierno”.

Según Invamer, el 56% de los encuestados en abril rechazaron que el gobierno “esté interviniendo algunas de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en Colombia para administrar directamente el sistema”.

“Estoy aquí como ciudadano, médico y colombiano. (…) Como médico se ve el deterioro porque no hay medicamentos para dar a los pacientes, porque los pacientes demoran en la atención”, relató el doctor Julio Rivero, de 35 años, en Bogotá.

PAZ MALTRECHA

Manifestantes en distintas ciudades llevaban pancartas alusivas a la inseguridad, y a la violencia de rebeldes y narcos en el campo.

“Este señor protege más a los malandros (criminales) de la guerrilla que a la gente buena de este país. (...) Es el momento de unirnos para que sienta que no somos los ricos, somos todos, la clase media trabajadora, que necesitamos un cambio”, dijo Betty Ospina, manifestante de 67 años.

La ambiciosa política de “Paz Total” con la que el gobierno aspira desactivar seis décadas de conflicto armado sufre reveses.

Sus detractores rechazan las concesiones que reciben los grupos armados en medio de las negociaciones de paz, pese a las frecuentes violaciones a lo pactado y las pocas muestras de voluntad de deponer las armas.

Las negociaciones con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sufrido varias crisis por asesinatos, secuestros y ataques a la fuerza pública.

Un 70% de los colombianos cree que el país está “empeorando”, según Invamer.

Las protestas llegan además en medio de una crisis hídrica debido a una grave sequía que tiene a más de 10 millones de personas en racionamiento de agua en Bogotá. El fin de semana volvieron las lluvias, pero no han sido suficientes, según autoridades.

El presidente ordenó suspender la exportación de energía a Ecuador y el viernes decretó un “día cívico” con la solicitud de ahorrar agua y energía y “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas para disminuir la presión de consumo” en Bogotá.

La medida fue vista por algunos críticos de Petro como un golpe a la convocatoria de protestas de este domingo.

“Miles de prisioneros no peligrosos, incluidos asociados de miembros de pandillas (aunque no miembros de pandillas en sí), están siendo capacitados para ayudarnos a reconstruir nuestro país”, aseguró Bukele en la red social X.

Tras intensas lluvias que han causado deslizamientos de tierra e inundaciones desde junio, cuadrillas de presos participan en diferentes tareas para mitigar los daños, sobre todo en la red vial.

De esa forma, los presos “podrán reparar parte del daño que han causado a la sociedad”, señaló Bukele.

El presidente publicó también en X un video en el que aparecen reclusos haciendo labores de construcción, agricultura, confección de ropa, fumigaciones, reparación de equipos electrónicos, entre otras.

Durante una cadena de radio y televisión, Bukele dijo la noche del viernes que son “casi 150 millones de dólares” lo que eroga el Estado al año para atender el sistema penitenciario.

“Estamos buscando la autosostenibilidad de los centros penitenciarios”, declaró por su parte el viceministro de Justicia y director general de las cárceles, Osiris Luna.

Casi 48.000 presos serán capacitados en distintas áreas, aseguró Luna.

El taller textil, con 5.400 reclusos, deberá elaborar 2,4 millones de uniformes para entregar a los alumnos de escuelas públicas el próximo año.

Otros 6.000 presos integrarán una constructora gubernamental para reparar escuelas, hospitales y construir carreteras. El resto de presos trabajarán en otras áreas productivas.

Fuente: AFP

El 28 de junio una jueza panameña absolvió a los 28 directivos y empleados del bufete Mossack Fonseca, que fue utilizado por personalidades de todo el mundo para esconder dinero según los “Panama Papers”, una investigación periodística publicada en medios de muchos países basada en la filtración de millones de documentos de este despacho.

“La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada anunció ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales recurso de apelación contra la sentencia absolutoria dentro de las causas conocidas como Lava Jato y Panamá Papers”, informó la entidad en la red social X.

En su fallo, la jueza Baloísa Marquínez también absolvió a todos los imputados por el caso “Lava Jato”, en el que la fiscalía acusó al bufete panameño de blanquear dinero proveniente de sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos.

Como los delitos e imputados eran los mismos, la jueza acumuló los casos de “Panama Papers” y “Lava Jato” en una sola causa y luego absolvió a todos los imputados.

Entre ellos figura el abogado Jürgen Mossack, de 76 años, uno de los fundadores del bufete, quien manifestó el miércoles que despertó de “una pesadilla” al ser absuelto junto a sus colaboradores.

Su socio y cofundador del despacho, Ramón Fonseca, falleció en mayo a los 71 años de edad, casi tres semanas después del fin de las audiencias del juicio.

Debido al escándalo, el bufete tuvo que cerrar, mientras que la creación de sociedades opacas cayó de manera drástica en el país. En varias naciones, altos funcionarios tuvieron que dimitir y otros señalados fueron condenados por estas investigaciones.

El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó el lunes al asumir el mando que el escándalo de los “Panama Papers” fue una “patraña internacional” para perjudicar al sistema financiero del país. Este mismo argumento fue esgrimido por los abogados de la firma, pero ninguno ha dado detalles de esa supuesta conspiración.

Sin embargo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que divulgó los “Panama Papers”, defendió su publicación.

“Al revelar verdades ocultas, como lo hicimos con los ‘Panama Papers’, brindamos al público la información que necesita para exigir rendición de cuentas e impulsar reformas”, dijo el director ejecutivo del ICJC, Gerard Ryle, tras el fallo.

Fuente: AFP

Los expertos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIRC/IARC), reunidos en Lyon (Francia), publicaron sus resultados el viernes en la revista The Lancet Oncology.

El talco, un mineral natural extraído en muchas regiones del mundo, es “probablemente cancerígeno” para los seres humanos, a partir de una combinación de estudios parciales en seres humanos (cáncer de ovario) y pruebas suficientes obtenidas a partir de animales de laboratorio.

Según esos expertos, la exposición ocurre principalmente en el entorno laboral durante la extracción, molienda o procesamiento del talco, o durante la fabricación de productos que lo contienen.

Para la población en general, la exposición ocurre principalmente a través del uso de cosméticos y polvos corporales que contienen talco.

No obstante, los expertos no descartan ciertos sesgos en los estudios que han mostrado un aumento en la incidencia de cáncer.

Aunque la evaluación se centró en el talco que no contiene amianto, no se podría excluir que el talco estuviera contaminado con amianto en la mayoría de los estudios con humanos.

Fuente: AFP