En primer caso, puede salir sin otorgar ningún cargo fijado en el contrato (multas, pagar meses por adelantado), ya que está amparado por el artículo 426 del Código Civil, que establece “El deudor no será responsable de los daños e intereses que originan al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor”

El segundo escenario sería que el inquilino decida quedarse pagando menos. No obstante, si no llega a un acuerdo con el dueño, por oponerse a acceder a la rebaja, lo puede demandar mediante el artículo 672 del Código Civil.

Expresa “En los contratos de ejecución diferida, si sobrevinieren circunstancias imprevisibles y extraordinarias que hicieren la prestación excesivamente onerosa, el deudor podrá pedir la resolución de los efectos del contrato pendientes de cumplimiento. La resolución no procederá cuando la onerosidad sobrevenida estuviera dentro del alea normal del contrato, o si el deudor fuere culpable. El demandado podrá evitar la resolución del contrato ofreciendo su modificación equitativa. Si el contrato fuere unilateral, el deudor podrá demandar la reducción de la prestación o modificación equitativa de la manera de ejecutarlo”

Una vez terminado el proceso judicial, el juez determina el porcentaje de la exoneración.

La Ley de Emergencia brinda al inquilino la posibilidad de pagar un mínimo del 40% y financiar el 60% del saldo de los meses abril, mayo y junio en un máximo periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, hasta el 30 de junio, no puede ser desalojado.

Indemnización por Amenazas

El especialista explicó que se debe analizar profundamente la situación.

En caso de que el acreedor llame para negociar más del 40% del pago del alquiler, no es amenaza, es una presión legítima dentro del acuerdo de dos personas.

Por otra parte si el inquilino demuestra que hubo llamadas de amenazas, corte de luz y de agua, puede actuar según lo establecido en el artículo 1944 del código civil, que expresa “Quien turbare la posesión de otro o lo privare de ella, comete un acto ilícito, a menos que hubiere procedido autorizado por la ley”.

Constituye lo que se denomina una turbación de la posesión, el inquilino puede tomar acción mediante la intervención de un juez para que cesen las amedrentaciones.

Añadió en caso de que se llegue a la violencia, como un desalojo violento, el locatario puede tomar acción penal.

“Desde el punto de vista civil, la única acción que tiene el inquilino frente al propietario que lo presiona sería una acción posesoria si le quiere desalojar y pedir una indemnización de perjuicio en la misma acción posesoria que demanda, por las molestias que ha sufrido por parte del acreedor”, señaló Segura.

El inquilino afectado puede presentar su denuncia en el Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial correspondiente a la ciudad del domicilio fijado en el contrato.

Eventualmente si el despojo de la posesión es violento, es decir, rompieron ventanas, cortaron caños de agua, puede presentar denuncia de acto violento ante la Fiscalía.

Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@nacionmedia.com

Núñez no dejó pasar la oportunidad para colarse como crítica del Gobierno actual para sacar rédito político y deslizar su aspiración a la intendencia de Asunción.

La exministra de Senavitat y oenegeísta, que intentó intervenir en las elecciones pasadas mediante operadores camuflados de miembros de una organización civil, reapareció detrás del informe presidencial planteando en los medios de comunicación que se debe construir una nueva forma de hacer política.

Con teorías y cátedras administrativas, Núñez transmitió su reflexión de que “Asunción necesita un cambio profundo en cuanto a la administración”. Mientras tanto, su esposo Bruno, principal cerebro de la red de ONGs, se encuentra embarcado en otro megaproyecto que, de vuelta está cimentado con bienes públicos. Recordemos que esas oenegés a su cargo minaron nuestras instituciones y están sostenidas detrás de proyectos públicos, pese a que siguen una agenda con lineamientos, principalmente provenientes del extranjero.

El clan Núñez - Defelippe no cambió el modus operandi. Continúa persuadiendo a la opinión pública con proyectos que pintan de maravillas, pero que, en realidad, exigen detrás importantes colaboraciones del sector público, es decir, con recursos provenientes de los contribuyentes.

Es así que, mientras Soledad apunta a ciertas candidaturas, como la de la intendencia de Asunción, Bruno Defelippe articula atractivos proyectos que corren sobre rieles gracias al fin social – cultural que plantea. Sin dudas, estas iniciativas generan simpatía de gran alcance que, luego, se inducen hacia el ámbito político, tal como ocurrió en las elecciones pasadas. Recordemos que el gran gancho en los discursos políticos de Defelippe fue la gestión a favor de las Pymes, la bicisenda, etc., todas a través de ONGs y usando al Estado.

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LA NUEVA ONG

El nuevo proyecto de Defelippe es el muy publicitado Museo de Ciencias, una iniciativa de MUCI, una oenegé de la que forma parte el esposo de Soledad.

Recordemos que, para el ambicioso proyecto, la Municipalidad de Asunción, previa aprobación de la Junta Municipal, adjudicó en noviembre del 2023 la venta directa, con un valor fiscal, a la ONG Muci, presidida por el señor David (Daved) Wallace Peery y en la que figura como parte Defelippe, esposo de Soledad Núñez, según constan en los documentos de constitución, constancias de beneficiarios finales presentados ante la Abogacía del Tesoro, con fecha de hasta el 18 de junio del 2024.

Recordemos que la venta directa de 5 hectáreas por parte de la comuna capitalina fue por G. 6.010 millones (US$ 808 mil), cuando el valor cotizado en la zona de la costanera de Asunción es de G. 1 millón el m2, dato confirmado por las mismas fuentes de la municipalidad. Es decir, el valor real de mercado de las 5 hectáreas asciende a unos G. 50.000 millones, unos US$ 6,6 millones al cambio actual.

El pago ya fue realizado a la comuna de Asunción y se espera la aprobación de un convenio entre la Municipalidad y la ONG para la implementación de algunos escuálidos beneficios que, básicamente, se traducen en entradas gratis a todos los paraguayos dos días al mes, una vez que se habilite el Museo. No se visualizan condicionantes con relación al uso, enajenación del predio una vez que transcurran los 5 años, que es el plazo establecido por la Ordenanza número 33/95 de “Tierras Municipales”.

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Recursos de la envergadura que facilitó la municipalidad de Asunción y el típico convenio de cooperación institucional en el que una de las partes tiene infiltrado a Bruno Defelippe, sin dudas, perfilan el proyecto en una vidriera importante para su amada esposa, hoy aspirante a intendente de la capital del país.

La Fiscalía General informó que tras el análisis de correspondencia de investigación, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción designó a la agente fiscal Marlene González para que indague lo concluido por la Contraloría General de la República, con relación al uso de bonos en la gestión del intendente de la ciudad de Asunción, Óscar Rodríguez.

Cabe mencionar que la Contraloría remitió su informe a la Fiscalía y solicitó la investigación sobre los fondos de la comuna que debían ser utilizados en obras.

Por su parte, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, sostiene que su administración actuó bajo los lineamientos de la ley y que, el informe de Contraloría tampoco menciona ninguna acción penal, sino la falta de potestad para utilizar la figura de la cuenta única.

“No hemos encontrado ninguna acción penalmente relevante, no habla de malversación ni de lesión de confianza ni de daño patrimonial ni de ningún tipo de delito. Lo que menciona en su dictamen es que nosotros no tenemos la potestad o no podemos utilizar la figura de la cuenta única”, explicó Rodríguez.

El sesión extraordinaria, finalmente, los ediles escucharon el pedido de todos los pobladores villetanos quienes rechazaban la intención municipal de vender las tierras en la ribera.

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El proyecto para la venta de las 10 hectáreas contaba con la aprobación del intendente y de 8 concejales, pero este miércoles el Ministerio del Ambiente envió una notificación donde se retira la licencia ambiental a la empresa “La Marina”, interesada en la propiedad.

Esto motivó aún más a los ediles a retroceder en sus intenciones de venta y a rechazar el proyecto.

El documento ahora se remite nuevamente a la intendencia, donde tuvo origen y de donde se manifestaba el mayor interés en la venta.

Según la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos y otros concejales ante el Ministerio Público, en un principio, la empresa fue adjudicada con 1 hectárea para utilizarla como astillero, sin embargo, utiliza otras 9 hectáreas para extraer arena, sin autorización municipal ni licencia ambiental, pero con el respaldo del jefe comunal.

Dichos trabajos no permitían a los pescadores tener acceso al río y existe un peligro de inundaciones en zonas adyacentes, porque ya cerraron los cauces hídricos que desembocan en el afluente para seguir con el refulado.