El citado órgano juzgador, determinó la responsabilidad de Paraguay en el  caso, específicamente  por la violación a la garantía de un juez imparcial, a la protección judicial, al derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y a la estabilidad laboral.

En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) dispuso las siguientes medidas de reparación integral: 

– El pago de una suma fijada en equidad como medida de restitución.

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– Tomar todas las medidas para eliminar cualquier registro público de la condena de Nissen Pessolani.

– Realizar las publicaciones de la sentencia y de su resumen.

– Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño material, inmaterial, costas y gastos.

– Reintegrar  las erogaciones hechas en el marco de la aplicación del fondo de Asistencia Legal a las víctimas.

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El antecedente del caso refiere que, el ex agente fiscal realizaba principalmente investigaciones sobre corrupción sin embargo en marzo del 2022, fue presentada una denuncia en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones; siendo destituido  por el Jurado de  Enjuiciamiento en el año 2003 y posteriormente, tras ser depuesto, presentó una acción de inconstitucionalidad, rechazada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2004. En su momento, el afectado alegó que no se respetó su derecho a la defensa.

Más de cincuenta negociadores en los diferentes grupos técnicos discutirán cuestiones relativas al Acceso a Mercado de Bienes, Reglas de Origen, Comercio de Servicios, Obstáculos Técnicos al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, además de reuniones de Jefes Negociadores.

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La apertura estuvo a cargo de la viceministra de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos Ruíz, quien reiteró el carácter prioritario de esta negociación para el Paraguay, y el compromiso del Mercosur de seguir trabajando para su pronta culminación.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Paraguay resalta la importancia de que el bloque tenga una amplia red de acuerdos comerciales, en particular, luego de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Singapur, es clave mirar a regiones emergentes trascendentes a nivel global, como el Medio Oriente y el Sudeste Asiático, incluyendo así mismo a países como los Emiratos Árabes Unidos.

La delegación del Paraguay está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.

Lideran las demás delegaciones del Mercosur, la consejera Verónica López Gilli, de la República Argentina, el embajador Philip Fox Drummond Gough, de la República Federativa de Brasil y la ministra consejera Paola Repetto en representación de la República Oriental del Uruguay.

En tanto que, la delegación de los Emiratos Árabes Unidos es liderada por su Jefe Negociador, Juma Al Kait, subsecretario adjunto de Comercio Internacional del Ministerio de Economía.

La jueza de garantías Cynthia Lovera decretó el sobreseimiento definitivo de Marcello Fretes, a pedido del Ministerio Público.

Con esta resolución de la jueza, Fretes quedará desvinculado del caso y se le levantarán todas las medidas impuestas.

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Cabe recordar que en esta misma causa, la jueza Cynthia Lovera elevó a juicio oral a Héctor Iván Grau por supuesta lesión grave.

Benjamín Zapag fue brutalmente golpeado en la madrugada del 6 de noviembre de 2022, en el interior del baño de una discoteca de Asunción. Tuvo que ser operado con urgencia por una fractura mandibular y, posteriormente, recibió una reconstrucción.

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Según la acusación, fue Héctor Grau fue el que aplicó los golpes que le produjeron la lesión a Zapag. Por su parte, Fretes habría tenido una participación en el hecho, pero la Fiscalía no pudo atribuirle el hecho penal de lesión grave.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Cones, Federico Mora, presentaron una acusación ante el JEM, contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva.

La jueza había resuelto la “autorización provisoria de funcionamiento” de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS) - filial Ciudad del Este.

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La magistrada remitió la comunicación formal al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), a fin de solicitar la habilitación “como medida de urgencia” de dicha carrera en la citada universidad privada.

La decisión fue duramente cuestionada por el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), que reprochó la injerencia judicial en ámbitos académicos que competen a la formación de futuros profesionales de la salud.

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Por su parte, la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS) también sentó postura tras la polémica y, a través de otro comunicado, afirma que decidió recurrir a un amparo constitucional para solicitar la habilitación de la carrera en la filial de Ciudad del Este “ante la demora excesiva e infundada del CONES” para resolver la cuestión.

Tras la polémica, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Alto Paraná, revocó la medida de amparo de la Universidad Autónoma San Sebastián.